Así lo ha transmitido al CGPJ en un completo informe elaborado por su Comisión de Igualdad, en el que plantea una serie de medidas.

‘El problema para las magistradas en la Justicia española no es acceder, sino ascender’, insiste la AJFV

Denuncia que los nombramientos se siguen haciendo con un sistema totalmente discrecional que "permite y fomenta un sesgo de género en perjuicio de las mujeres”

Rosalina Moreno

18/1/2021 11:52

Actualizado: 17/3/2021 13:08

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre los nombramientos discrecionales de altos cargos en la Justicia española, que, según denuncia, se siguen haciendo con un sistema “totalmente discrecional” que «permite y fomenta un sesgo de género en perjuicio de las mujeres”, como «distintas instituciones europeas llevan años advirtiendo a nuestro país, que, sin embargo, sigue sin corregir esa desigualdad».

El informe, de 11 páginas, ha sido elaborado por su Comisión de Igualdad, presidida por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos.

Concluye que «el problema para las magistradas en la Justicia española no es acceder, sino ascender».

En el centro, María Tardón, la primera mujer portavoz de la historia de una asociación judicial (la AJFV, en los años 90), junto a Jorge Fernández Vaquero (segundo por la izquierda), quien formaba parte de la Comisión de Igualdad hasta que fue elegido portavoz nacional de la AJFV, y miembros de la Comisión (de izquierda a derecha Alfonso Álvarez-Buylla (portavoz), Verónica Pontes, Mónica García y Rafael Estévez); falta José Antonio Baena. Foto: Twitter.

Esta asociación judicial, segunda en número de afiliados de las cuatro existentes, destaca en el informe que esta discrecionalidad es “una de las actuaciones más polémicas” del CGPJ y “uno de los puntos más negativos” en la valoración por países que cada año publica el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, lo cual genera “desconfianza en la opinión pública e insatisfacción en la mayoría de los miembros de la Carrera Judicial”.

La AJFV recuerda que este organismo europeo lleva desde 2013 insistiendo a España en que los criterios de mérito y aptitud para estos nombramientos “deben definirse claramente y evaluarse de forma objetiva para así disipar cualquier sospecha de influencia indebida en la promoción de jueces a altos cargos”, algo que, según recuerda AJFV, el propio GRECO considera “muy importante para dar confianza a los ciudadanos sobre la justicia y transparencia de los procesos judiciales”.

Esta asociación critica que a pesar de que hace ya siete años el GRECO recomendó a nuestro país corregir este sistema «tan discrecional», éste organismo europeo ha confirmado hasta en tres ocasiones -en 2016, 2017 y 2019- que el CGPJ sigue sin establecer esos criterios «de forma clara y objetiva», entre otras cosas porque los va fijando individualmente en función de cada convocatoria, “con el consiguiente riesgo de que los requisitos se ajusten a un resultado o candidato específico”.

Además, AJFV señala que el CGPJ tampoco ha fijado esos criterios en ninguna ley ni reglamento para no tener así que consultar a las asociaciones judiciales —como obliga el artículo 560.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para estos casos—, «algunas de las cuales llevan años exigiendo más transparencia y objetividad en estos nombramientos».

«Especialmente AJFV, que en coherencia con ello ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo decenas de estos nombramientos, incluso de varios de sus propios asociados, por carecer de los criterios y procedimientos que Europa reclama a la Justicia española ante la pasividad del CGPJ y de los sucesivos responsables políticos», apunta.

Por eso, el informe de la Comisión de Igualdad de AJFV concluye que “la experiencia con estos nombramientos clave ha suscitado críticas de la opinión pública y de la propia Carrera Judicial por la supuesta opacidad y discrecionalidad de los procedimientos y decisiones del Consejo General del Poder Judicial”, tanto del actual como de los anteriores.

DESIGUALDAD EN DATOS

AJFV subraya también en el informe que en las explicaciones del CGPJ para justificar cada nombramiento “no se contiene ni una sola referencia al principio de igualdad ni consta que se haya emitido informe alguno de impacto de género”, a pesar de que la normativa del propio Consejo obliga a incluir en cada propuesta de nombramiento una valoración concreta de si el mismo de adecúa a la Ley de Igualdad en vigor desde 2007.

Hace hincapié en que desde hace ya bastantes años, más de la mitad de los jueces españoles son mujeres y, sin embargo, su presencia en la cúpula judicial sigue siendo “realmente escasa y sobre todo en aquellos cargos que son por nombramiento discrecional”, como recuerda este informe y «constatan los datos del propio CGPJ: siendo más del 54% de la Carrera Judicial, las mujeres apenas llegan al 20% del Tribunal Supremo y sólo una de ellas es presidenta de sala».

AJFV señala que «de la misma manera que sólo hay un 21% y 12% de presidentas en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales de todo el país, y no por falta de mujeres que puedan serlo, ya que su presencia en estos tribunales es el doble y hasta el triple, respectivamente, que en la presidencia de los mismos».

«Nada de lo anterior se justifica en que las mujeres se hayan incorporado más tarde al ámbito laboral en general y al judicial en particular, ya que la antigüedad media de las juezas españolas (18 años) no es muy distinta a la de sus compañeros (22)», sentencia.

Añade que lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, cuyas magistradas tienen una trayectoria media de 33 años, incluso superior a la de los hombres (28,7) y, en cualquier caso, «más que suficiente para que ese dato no sea ninguna excusa para justificar la actual desigualdad en este y otros tribunales españoles».

«Pero es que además los nombramientos más recientes del propio CGPJ tampoco revelan ningún cambio significativo de tendencia”, denuncia AJFV, pues los hombres siguen copando también los cargos más recientes.

Afirma que esta situación tampoco se justifica porque las jueces españolas opten menos a estos altos cargos.

«La prueba es que, cuando esos nombramientos no dependen de la discrecionalidad, sino de votaciones entre los propios jueces, por ejemplo para elegir a miembros de las Salas de Gobierno de los TSJ, ellas se animan a presentarse tanto como ellos (48%-52% respectivamente). Sin embargo, cuando saben que es el CGPJ el que fija y valora los criterios para cada plaza, las juezas españolas se lo piensan mucho más porque son perfectamente conscientes de esa desigualdad que retrata este informe», argumenta.

Casi el 75% de los nuevos #jueces españoles son mujeres, otro ejemplo de que el problema de #igualdad en la #Justicia no es #acceder (oposiciones), sino #ascender (cúpula) con un sistema de nombramientos discrecional y, por tanto, poco igualitario https://t.co/IwoG9PC95k

— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) January 12, 2021

PROPUESTAS DE IGUALDAD

AJFV insiste en que la Comisión de Igualdad del CGPJ realice de una vez y “con la mayor urgencia” los estudios pertinentes para identificar por qué las mujeres participan menos en los procesos selectivos de cargos judiciales que se nombran de forma discrecional, «algo que supuestamente ya estaba contemplado en los Planes de Igualdad del propio Consejo de 2013 y 2020, pero que sigue sin hacerse».

También propone que se modifique el reglamento de 2010 que regula esos nombramientos discrecionales para «clarificar y objetivar sus criterios de designación», y que, como es legalmente preceptivo en tal caso, todas las asociaciones de jueces puedan presentar sus correspondientes informes con propuestas para «mejorar y garantizar la igualdad del sistema de nombramientos».

AJFV insta, asimismo, al órgano de gobierno de los jueces a que todos sus nombramientos para presidencias y plazas de las Audiencias Provinciales y Nacional, Tribunales Superiores de Justicia o Salas del Supremo, contengan una concreta motivación que explique cuáles han sido los criterios que han llevado al CGPJ a decidirse por la persona designada entre los demás aspirantes.