El Supremo confirma 10 años de cárcel para un sujeto por abuso sexual continuado a una menor a la que llegó a dejar embarazada

En segundo lugar, la Fiscalía estima que existe prueba suficiente para condenar por un delito de agresión sexual en lugar de un delito de abuso sexual. Parte de la existencia de una situación de conflictividad familiar reconocida en la sentencia y considera que existe relación de causalidad entre esta conducta del condenado y las relaciones sexuales con la menor.

A su juicio, de la lectura de la sentencia se desprenden elementos de esta intimidación ambiental familiar que determinaba las relaciones sexuales ilícitas. Termina señalando que el condenado mantuvo durante años relaciones sexuales con la víctima desde que ésta tenía 11 años, estando condicionadas por el impacto emocional que le suponía a la niña menor convivir con la conducta cotidiana, violenta y amenazante del mismo, quien llegó a ser condenado, posteriormente, por amenazar a la madre de la menor.

Con ello, trata que el Supremo realice una valoración diferente de la prueba que no le corresponde.

El tribunal explica que conforme a una doctrina ya reiterada de esta Sala, al solicitarse por la parte recurrente la condena de quien ha resultado absuelto en la sentencia de instancia es necesario precisar el ámbito de revisión de las sentencias absolutorias del que dispone esta Sala en casación.

Señala que la doctrina del TC y del TEDH «ha establecido un criterio restrictivo respecto de la revisión peyorativa de las sentencias absolutorias sin audiencia personal del acusado».

Expone que son numerosas las resoluciones de esta Sala que recuerdan que la doctrina jurisprudencial del TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias, como la que les ocupa, cuando el Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas; es decir, «cuando esta Sala se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal, sin alterar ningún presupuesto fáctico».

Subraya que en definitiva, «los márgenes que autoriza la facultad de revisión por esta Sala de sentencias absolutorias a través del cauce casacional de infracción de ley son muy restringidos toda vez que no admite la audiencia del reo».

Recuerda que en el Pleno no jurisdiccional celebrado el 19 de diciembre de 2012, se decidió que «la citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en La Ley «.

«Y sin audiencia personal del reo, la facultad de revisión se concreta en la corrección de errores de subsunción en el tipo penal correspondiente a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, la que está totalmente vetada», explica el tribunal.

Añade que en la corrección de errores de subsunción admisible en casación frente a las sentencias absolutorias se incluyen, no obstante, los errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado, siempre que la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica, sin modificar la valoración de sus presupuestos fácticos.

Pero destaca que «no es admisible la corrección cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada».

El tribunal apunta que el error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos podría subsanarse en casación si se basase exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir si se tratase de un error de subsunción.

Expone también que el tribunal de casación puede fundamentar su condena modificando la valoración del tribunal de instancia sobre la concurrencia de los elementos subjetivos cuando se basa exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir en un error de subsunción jurídica, o se apoya en el mero análisis de los elementos estrictamente fácticos obrantes en los hechos probados, pero no puede acudir a la revisión de los presupuestos fácticos de dichos elementos subjetivos, volviendo a valorar para ella las pruebas personales practicadas en el juicio, lo que le esta manifiestamente vedado.

Manifiesta que en este caso, «efectivamente, la sentencia recoge un clima de dominación e imposición de su criterio por parte del acusado en el domicilio familiar, pero lo deslinda de las relaciones sexuales que mantenía con la menor».

«Considera el tribunal que tal situación no fue determinante para conseguir el acceso sexual. Analiza para ello las distintas declaraciones prestadas por la víctima, ante la Guardia Civil, ante el juez instructor y en el Juicio Oral», explica.

El Supremo señala que de esta forma, «la sentencia impugnada contiene motivación suficiente que explica suficientemente cómo llega a distintas conclusiones a partir de esos mismos hechos-base expuestos por el Ministerio Fiscal».

«Tales conclusiones son igualmente lógicas y razonables», agrega el tribunal.

Y concluye que «se trata de un problema de prueba, no de calificación jurídica, que no puede ser objeto de revisión por este tribunal conforme a la doctrina expuesta».