Cristina Dexeus, presidenta de esta asociación, vuelve a exigir que "se refuerce la imagen de neutralidad e imparcialidad" del Ministerio Fiscal, reformando el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado. Foto: Carlos Berbell
La Asociación de Fiscales reclama un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Afirma que la independencia de la Fiscalía "solo se consigue" blindando la institución frente a injerencias políticas y dotándola de más medios personales y materiales
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29/1/2021 06:50
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Actualizado: 29/1/2021 08:12
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La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, reclama un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «para blindar la institución de injerencias políticas».
Asimismo, reclama que se dote a la Fiscalía General del Estado (FGE) de autonomía presupuestaria, como tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de capacidad de gestión y de reglamentación, que aleje a la Carrera Fiscal de la «tutela» del Ministerio de Justicia.
Esta asociaciación, que preside Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, sostiene que es preciso este nuevo EOMF «para blindar la figura del fiscal general del Estado y salvaguardar su neutralidad, así como su apariencia de imparcialidAD».
Por otra parte, respecto al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobado el pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros, que sustituye a la vigente de 1882 y otorga al fiscal la dirección de la investigación con la supervisión de un juez de garantías, la AF destaca que «los fiscales están plenamente capacitados para recibir la investigación de los delitos».
«Tanto por la formación y preparación jurídica que tenemos, que atiende a la especialidad, como por el modelo de trabajo en equipo al que estamos acostumbrados, y por el conocimiento integral del procedimiento penal que tenemos», explica Dexeus.
En la Asociación de Fiscales son partidarios de atribuir la investigación penal al fiscal, pero «no de cualquier forma ni a cualquier precio».
Cristina Dexeus afirma que es «fundamental» poner sobre la mesa antes de que se apruebe la nueva LECrim cuáles son las carencias actuales de la institución y qué necesita para hacer frente a la investigación penal con garantías suficientes de que no habrá intromisiones o presiones para determinar u orientar la actuación del fiscal investigador».
Reconoce que «hay una concepción del fiscal como el subordinado del Gobierno y quien representa al Ejecutivo en los tribunales». Señala que «esto, en parte, viene por la historia de la institución, que desde 1870 hasta la Constitución del 78 configuraba a la Fiscalía como el órgano de relación entre el Gobierno y el Poder Judicial».
Recuerda que «inicialmente el artículo 124 de la Carta Magna estaba redactado en los primeros borradores de forma distinta a la definitiva, y seguía configurando a los fiscales, no sólo como el órgano que defiende la legalidad y el interés público tutelado por la ley, sino también como el órgano de representación de los intereses del Gobierno en los tribunales».
«Sin embargo, después de un gran debate sobre este extremo, finalmente se impone la redacción actual que nos incorpora directamente en el Poder judicial, eso sí, con autonomía funcional, y desaparece por completo esa concepción histórica de relación con el Gobierno y los tribunales», precisa Dexeus.
Señala que actualmente no están encuadrados dentro del CGPJ ni tampoco forman parte del Gobierno ni del Ministerio de Justicia.
Ahora bien, sostiene que «la forma de elección del fiscal general del Estado genera suspicacias de dependencia política, precisamente por los precedentes históricos de la institución, pero también debido a que el fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno, tiene un mandato coincidente con el del Ejecutivo en su duración y, además, cesa cuando lo hace el Gobierno que lo ha nombrado».
«Por tanto, es difícil que la ciudadanía entienda que ese fiscal general no va a sucumbir a las presiones del Ejecutivo que lo nombró, aunque en su actuación sea independiente», critica la AF.
Para la Asociación de Fiscales, que la FGE mantenga la imagen o la apariencia de imparcialidad «es muy complicado en estas circunstancias».
«Más aún, en la actualidad cuando el Gobierno, además de lo anterior, ha nombrado a una persona que sin solución de continuidad pasa de ejercer un cargo político en el Ejecutivo y de desarrollar campaña electoral por un partido político», señala en alusión a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exministra de Justicia.
Para la AF, es necesario y de forma urgente «articular en un nuevo Estatuto Orgánico fórmulas de nombramiento del fiscal general que profundicen en la imagen de imparcialidad del mismo, tales como que su mandato sea de 5 años, como lo es el del Defensor del Pueblo, los fiscales jefe o el director del Banco de España, y así ya no coincide con el mandato del Gobierno».
También pide que desaparezca la causa de cese actual, según la cual cuando cesa el Gobierno cesa el fiscal general.
Además, la AF ve necesaria la prohibición de nombrar fiscal general del Estado a quien haya ostentado cargos políticos de relevancia gubernamental en los últimos 10 años.
Dexeus reclama «que el informe del CGPJ sobre el candidato propuesto no sea meramente formal, sino que realice un verdadero estudio de méritos y una valoración de la idoneidad».
No obstante, señala que «estas medidas no bastan para blindar al fiscal de las presiones externas».
También afirma que es «indispensable» que en el nuevo Estatuto se establecezcan «verdaderos contrapesos» al actual poder del fiscal general del Estado desde la Fiscalía.
«Que la Junta de Fiscales de Sala tuviera mayor peso en las decisiones del fiscal genereal del Estado, al tratarse de un órgano colegiado de alta cualificación, de forma que esas decisiones pudieran adoptarse colegiadamente», precisa Dexeus.
Señala que también es fundamental un Consejo Fiscal fuerte. Ahora sólo es un órgano asesor.
En este sentido, reclama que para determinadas decisiones, el fiscal general del Estado necesite unas determinadas mayorías en el seno del Consejo Fiscal, y por otro lado, que el Consejo Fiscal pudiera dar «auténtico amparo» a los fiscales frente a cualquier intento de mediatización.
Además, la AF considera que habría que fortalecer al fiscal mediante una regulación detallada del sistema de adjudicación de las investigaciones, de las causas de avocación y sustitución, y al ejercicio del derecho a la discrepancia.
También ve necesaria una regulación «adecuada» de las funciones del fiscal general del Estado, del deber de abstención del mismo, del mecanismo para la obtención de esa abstención y la determinación de su sustituto.
Subraya que es «fundamental» la «autonomía presupuestaria», así como «más medios materiales, y un aumento de plantilla para afrontar esta nueva etapa», y también «un diseño muy estudiado y ajustado de la composición de la Carrera Fiscal».
«Si seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia en materia presupuestaria, en la gestión del presupuesto, en materia de reglamentación, de formación, en materia de situaciones administrativas o de concursos, nunca llegaremos a ser realmente independientes, ni en el fondo ni en la apariencia», advierte Dexeus.
«Por tanto, si no se aprueba un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que regule todo lo expuesto, ahora que con el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se atribuye al fiscal la investigación de los delitos, no solo existirá entre la ciudadanía el resquemor de dependencia del fiscal al Gobierno, sino que incluso esta sería una posibilidad real», sentencia Cristina Dexeus.
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