La Organización No Gubernamental Blueprint for Free Speech ha publicado, en español, una «Guía práctica para transponer la Directiva Europea» que lleva por titulo principal «Cómo proteger mejor a los alertadores».
Los alertadores son los denunciantes de corrupción en España. Se ha optado por esta definición neutral –que parece estar materializándose poco a poco– para conferirle un significado positivo frente a sustantivos como denunciante, informante o chicato, que tienen una carga peyorativa.
Con esta Guía, Blueprint for Free Speech prepara el terreno para la próxima entrada en vigor en España de la Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Dicha Directiva fue publicada el 26 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea y entró en vigor el 17 de diciembre de ese año, si bien se dio dos años a los 27 países de la Unión Europea para hacerla suya.
La Directiva «Whistleblower», como se la conoce popularmente, tiene hasta el 17 de diciembre de este año para que sea incorporada a nuestra legislación nacional.
Así lo advierte la ONG: «La Directiva no es de aplicación inmediata».
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, encargó, el pasado mes de junio, al grupo de trabajo de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, que trabajara sobre ello y preparara la propuesta de articulado.
PARA DESCARGAR: BP REPORT DIGITAL EN ESPAÑOL
De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en 2017, la falta de protección de los denunciante de corrupción está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto.
La Directiva busca acabar con esta sangría de plano.
Los denunciantes tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo.
Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.
LA GUÍA DE BLUEPRINT FOR FREE SPEECH
Según esta Guía «La Directiva establece las disposiciones sobre quién puede estar amparado como ‘whistleblower’ y los temas sobre los que puede informar. Define cómo la idea de proteger a los alertadores está interconectada con otras obligaciones éticas y legales. Prevé protección a familiares, colegas u otras personas que podrían verse afectadas por las represalias».
La importancia de esta Guía es que «transpone» al lenguaje común, el «román paladino» del que Gonzalo de Berceo hablaba en el siglo XIII, la formalista Directiva. Para que todo el mundo entienda su contenido para poder actuar de forma más eficaz.
Está compuesta por 36 páginas muy útiles que comprenden todo lo que el interesado quiere saber sobre lo que supondrá su transposición a nuestras leyes y no había encontrado respuesta.
Son un total de 12 capítulos que comprenden desde lo básico, es decir, lo que contempla la Directiva, a quién ampara, quién la aplica, a quién dirige el alertador su denuncia, quién necesita establecer un canal interno, cómo deberían ser los canales internos o configurarse los externos.
También las revelaciones a los medios de comunicación, todo lo relativo a la confidencialidad y el anonimato, cómo se pueden hacer las denuncias anónimas y cómo son los buzones «online» seguros, la protección legal al denunciante, hasta el apoyo y las medidas, la protección de las personas afectadas y las denuncias de irregularidades en la era del COVID-19.
La Guía ha sido elaborada por Naomi Colvin, Bruno Galizzi y Veronika Nad y cofinanciada por el Fondo de Seguridad Interna de la Unión Europea.
