La AMJE apoya el anteproyecto de la Ley de libertad sexual: «Sin perspectiva de género el derecho penal no sirve a las mujeres»

De esta obligación, subraya, se ha venido haciendo eco de forma expresa el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas la número 145/2020 de 14 de mayo, en la que la Sala de lo Penal afirma que «la libertad de decidir con quien desea mantener una relación sexual es patrimonio de la mujer, y no puede ser interpretado subjetivamente por nadie y atribuirse una decisión de mantener relaciones sexuales con ella salvo que exista un expreso consentimiento de la víctima para tal fin».

«En una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos humanos ninguna mujer debería preocuparse de si provoca o no a un hombre, de si debe ir vestida de una forma concreta y de si su actuar despierta el deseo sexual del hombre», afirma la AMJE.

Apuesta por un concepto claro de consentimiento que evite interpretaciones judiciales discriminatorias para las mujeres

En este sentido, explica que «no se pide mayor punición, se pide colocar a la mujer y al bien jurídico protegido de su libertad sexual en el centro del debate, en el centro de la norma, dando carta de naturaleza a su consentimiento de forma explícita y a una interpretación de ese consentimiento, por quien tiene encomendada la tarea de legislar».

Por ello, insiste en la necesidad de «legislar acotando un concepto claro del consentimiento que evite interpretaciones judiciales discriminatorias para las mujeres».

Este nuevo concepto de libertad sexual, explica, «exige el consentimiento indubitado de la mujer, lo que no sucede con el método tradicional vigente, que deja la interpretación de la existencia del consentimiento al arbitrio de quienes juzgan, lo que lleva en muchas ocasiones a una interpretación judicial realizada bajo un prisma masculino, con sesgos de género del concepto consentimiento en este tipo de delitos, lo que limita o impide el acceso a la justicia de las mujeres».

Por otro lado, subraya que «el cumplimiento de esta finalidad, esencial para preservar el bien jurídico que pretende protegerse, no es contrario a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental de idéntico rango a la libertad sexual».

Con la definición del consentimiento sexual, agrega, «no se pretende eliminar o mitigar la eficacia de otros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, sino visibilizar de manera clara y decidida aquello que constituye la base y el núcleo de la libertad sexual, el consentimiento sexual, cuya concurrencia ha de ser clara y concluyente y no puede dejarse a la interpretación amplia y libre de terceras personas».

La AMJE indica también que valora positivamente la eliminación de la distinción entre agresión sexual y abuso sexual, tal y como propone el anteproyecto, en concreto el artículo 178.1, que define la agresión sexual como «cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento».

A su juicio, «suprimir la distinción entre agresión y abuso sexual evita la revictimización que sufren las mujeres y el error conceptual que deriva del propio significado de la palabra abusar referido al término ‘uso indebido o excesivo’, que implícitamente presupone el derecho al uso».

Apunta que «partiendo de la base de que en toda agresión sexual existe una violencia implícita que justifica la sanción de todas las conductas sexuales inconsentidas, consideramos, sin embargo, que el uso de determinados medios odiosos, lesivos o que supriman las posibilidades de defensa de la víctima debe merecer una respuesta penal más intensa».

Por ello, la asociación propone que la utilización de cualquiera de estos medios dé lugar a la aplicación de la pena prevista para el delito en su mitad superior.

La AMJE también valora favorablemente el hecho de que el anteproyecto  tenga «carácter transversal a fin de garantizar una respuesta adecuada e integral a todas las víctimas de violencia sexual, sean mujeres, niños y niñas, para garantizar no solo la persecución penal de todo acto de agresión sexual, sino también la prevención de la violencia sexual, y la atención, protección, y reparación integral a las víctimas».

Pese a ello, reconoce que echa en falta la regulación de algunas de las «herramientas que se han revelado más eficaces en la práctica judicial» para asegurar la protección de mujeres víctimas de violencia, tales como la prueba preconstituida o el uso de brazaletes localizadores para el control del cumplimiento de medidas cautelares y penas de alejamiento.