La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a un policía nacional acusado del homicidio imprudente de un atracador, en diciembre de 2018.
El agente responde a las iniciales de J. V. L.
La Fiscalía Provincial de Madrid le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave y pide dos años y seis meses de cárcel. Según manifiesta, acabó con la vida del atracador al tratar de realizar un disparo intimidatorio y pensar que su arma reglamentaria estaba cargada con un cartucho de fogueo.
El Ministerio Público reclama a la Administración General del Estado 103.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria para los familiares del fallecido.
También solicita inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de policía durante cuatro años e inhabilitación especial para la tenencia y porte de armas durante tres años.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, el 21 diciembre de 2018, sobre las 5:00 de la madrugada, J. V. L. acudió junto con un compañero a un local donde, según fueron advertidos, se estaba cometiendo un delito de robo con fuerza usando mazas.
Señala que cuando los agentes se dirigían al lugar a bordo de un furgón policial, el acusado cargó su arma reglamentaria de uso colectivo, modelo Franchi. Afirma que se sacó del bolsillo del pantalón dos cartuchos “pensando que mete primero el cartucho de posta y luego el de salva, que es el que se utiliza con fines intimidatorios y que es de fogueo”, es decir, en orden inverso a la salida del arma.
Al llegar al establecimiento, J. V. L. observó un Volkswagen Golf que circulaba con una puerta abierta y a escasa velocidad, y que tuvo que ser esquivado por el furgón policial.
Su acompañante, casi al mismo tiempo, se percató de que otro vehículo aceleraba y les esquivaba.
Tras dar media vuelta al furgón policial para seguir a ambos vehículos, el acusado se apeó con su arma cargada y descubrió que había una persona en el suelo detrás del Golf, que resultó ser un atracador, y que posteriormente se subió al coche.
La Fiscalía explica que el acusado, al estar convencido de que había cargado “correctamente” el arma y con intención de intimidar, disparó su escopeta dirigiendo el disparo hacia el Golf al pensar que actuaba con munición de fogueo.
Indica que J. V. L. notó el retroceso del arma y que la luna trasera del vehículo había estallado, momento en el que se dio cuenta de que «había cargado mal el arma, invirtiendo el orden de las municiones, disparando por equivocación el cartucho de posta”.
Señala que el disparo impactó en J. M. R. G., “que logró huir» en el vehículo indicado, al que siguieron los indicativos que había en la zona, perdiéndolo de vista, y que falleció a consecuencia del mismo.
«Falleció al recibir un disparo por arma de fuego de proyectil múltiple en región escapular izquierda, siendo la trayectoria del disparo de detrás hacia delante, de abajo a arriba y de izquierda a derecha. El disparo le causó 9 orificios de entrada de proyectiles en la parte posterior del cuerpo y solo uno de salida», detalla.
Apunta que la muerte del atracador no se produjo de forma inmediata tras el disparo, sino que»hubo un periodo de supervivencia de 30 minutos antes de la muerte”.
Según la Fiscalía, «la hipótesis más probable es que el fallecido en el momento del disparo estaba ocupando la posición trasera derecha e inclinando hacia delante sobre los asientos delanteros».
J. M. R. G. tenía 34 años y estaba soltero y sin hijos.
Sus padres, y su hermano reclaman por los hechos.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado, como responsable civil directo, y la Administración General del Estado, como responsable civil subsidiario, a los padres de la víctima con 44.000 euros a cada uno y al hermano con 15.000.
