El auto de 4 de enero de 2021 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no apreció las circunstancias de especial urgencia planteadas por Confilegal para adoptar las cautelarísimas sobre la vigencia del «Procedimiento de actuación contra la desinformación».
La propia Sección afirmó que «las pretensiones cautelares presentadas pueden ser examinadas y resueltas en el breve margen de tiempo previsto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
Es decir, 10 días para alegaciones y 5 días para que el magistrado ponente proponga a la Sala la solución que considere oportuna.
Esos 5 días hábiles se cumplieron el pasado 2 de febrero.
Debido a la importancia de lo que está en juego, a juicio de Confilegal, que no es nada más y nada menos que el derecho a la información y a la libertad de expresión, consagrados en el artículo 20 de la Constitución Española, el despacho que representa a este diario, Durán & Durán Abogados, ha presentado un escrito ante la Sala Tercera apremiando a tomar una decisión.
En el mismo afirma: «Es obvia la urgencia en resolver sobre la suspensión cautelar solicitada, pues la libertad de información está en peligro, como se ha expuesto en este proceso reiteradamente, por la violación de garantías constitucionales«.
EL PONENTE TENÍA QUE HABERSE PRONUNCIADO EL 2 DE FEBRERO, ESTAMOS A 24
En el escrito se urge al Tribunal Supremo a proponer una solución habiendo pasado más de 18 días hábiles por encima de la fecha en que tenía que haber hecho la propuesta.
«Transcurridos más de dieciocho días hábiles desde este último trámite, estimamos urgente la resolución sobre la solicitud de la suspensión del ‘Procedimiento de Actuación contra la Desinformación’, por entender lesiona gravemente derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, entre ellos la libertad de expresión y de información«, dice el escrito de Confilegal presentado el pasado viernes.
En el texto se recuerda que el Rey subrayó, el pasado 9 de febrero, en el marco del acto de entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, que «el ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia”, y que “el periodismo es hoy y siempre necesario”.
Un día más tarde, el 10 de febrero, A. Martínez publicó en el diario ABC un suelto sobre «el Rey y la libertad de prensa. Lo que está en juego», en el que decía: «Asoma desde hace meses el intento de crear una especie de ministerio de la verdad, con la excusa, bien barata de luchar desde el Gobierno contra la desinformación y sus patologías asociadas: ‘fake news’, posverdad… mentiras con otro nombre. No hace falta otro ministerio, Iván (en este caso Redondo), la ley y los lectores ponen a cada uno en su sitio. La verdad se defiende ella solita; la libertad, que es lo que está en juego, es cosa de todos”.
Confilegal recuerda al tribunal que el 15 de marzo de 2019 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, acuerdo que no fue objeto de publicación.
Y que el Procedimiento aprobado –de 6 de octubre de 2020–, y aquí impugnado, para el que se solicita su suspensión cautelar, es una “revisión y mejora” del aprobado el año anterior, que así se “ratifica”.
EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN ESTÁ OPERATIVO DESDE 2019
Es decir, hay un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación en ejecución –y secreto– desde marzo de 2019, “revisado y mejorado”, en octubre de 2020.
El 19 de abril de 2020 el general José Manuel Santiago Marín, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, reveló que desde el Palacio de la Moncloa se trabajaba para perseguir bulos y minimizar “el clima contrario” a la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno.
El miércoles 17 de este mes de febrero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión, afirmó desde la tribuna del Congreso que “no hay dispositivos de control” sobre los medios.
El vicepresidente Segundo del Gobierno es miembro del Consejo de Seguridad Nacional, y asistió a la reunión del 6 de octubre de 2020 en la que se perfeccionó el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aquí impugnado y cuya suspensión cautelar solicitada está pendiente de resolución por la Sala de lo Contencioso-Admistrativo.
