Victoria Rosell es «persona non grata» para el PP: vetada para ser vocal del CGPJ
El PP no quiere a la magistrada en servicios especiales, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género y muy próxima a Irene Montero y a Pablo Iglesias, para que forme parte del próximo CGPJ.

Victoria Rosell es «persona non grata» para el PP: vetada para ser vocal del CGPJ

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26/2/2021 06:48
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Actualizado: 26/2/2021 02:01
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El PP ha puesto el veto a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, exdiputada por Podemos, persona de máxima confianza de Pablo Iglesias e Irene Montero, y magistrada en servicios especiales, para ser vocal del próximo Consejo General del Poder Judicial.

Rosell jamás ha ocultado su interés por conseguir un puesto en el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato es de cinco años y un sueldo que supera los 6.000 euros mensuales.

La magistrada en servicios especiales –similar a la excedencia pero sin perder la antigüedad y el destino– crítico, recientemente, la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de elevar una exposición razonada al Supremo sobre el caso Dina. Un caso en el que figuraba el vicepresidente del Gobierno Iglesias, y la vicepresidenta tercera de la Cámara Baja por Podemos, Gloria Elizo.

La magistrada rompió así una norma que sus compañeros de carrera en la política siguen a rajatabla: no criticar las decisiones de magistrados en ejercicio. Lo que llamó mucho la atención.

La realidad es que, desde el minuto uno de las negociaciones, Rosell ha estado en la «lista negra» de los populares y no ha salido de ella.

Y así se lo ha hecho saber Teodoro García Egea, secretario general del PP, a su interlocutor socialista, Félix Bolaños, secretario general de Presidencia. Los dos llevan las negociaciones.

«Ante la mínima sospecha de un cargo vinculado a Podemos, va a ser que no», afirman rotundas fuentes del partido, que expresan también su rechazo a personas muy significadas como el magistrado José Ricardo de Prada, el juez que formó parte del tribunal de Gürtel Primera época, quien incluyó, en la sentencia, valoraciones sobre la caja B del PP que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy que acabó con su gobierno y propició la entrada de Pedro Sánchez y el PSOE en él.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó, en octubre de 2019, que dichas valoraciones destruyeron «la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de Justicia».

Las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la noche, la una de la madrugada de ayer jueves, pero no se llegó a cerrar un pacto global con todos los órganos constitucionales.

Lo urgente era el Consejo de RTVE, ya que la votación estaba programada para el Pleno del Congreso de este jueves, pero ambas partes quedaron en seguir hablando para renovar también los otros órganos constitucionales con el mandato caducado: CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

Incluso en su comunicado han añadido otras dos instituciones, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Aunque el PP mantiene el hermetismo sobre los nombres que el PP ha puesto encima de la mesa, fuentes del partido admiten que en su terna de propuestas estaría el magistrado Alejandro Abascal, destinado como refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Desde Podemos responden al veto de Rosell tratando de vetar a su vez a Abascal, un magistrado muy competente, del que dicen que es «íntimo de Casado» y de estar detrás del «caso Dina». También aluden a María Tardón, también magistrada de la Audiencia Nacional, titular del Central de Instrucción, quien fue concejal de Madrid con el PP, cuando era alcalde José María Álvarez del Manzano.

Las cuotas previas –10 vocales para el PSOE y 10 para el PP– también parecen haberse movido. Se baraja con que el PSOE elija a 8 vocales y el presidente, que Unidas Podemos se quede con dos y que el PP escoja nueve, dejando una plaza al PNV, como en el Consejo saliente.

Los 12 vocales jueces procederán del listado de 50 candidatos que se presentaron, o fueron presentados, en 2018, de acuerdo con el proceso electoral marcado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fueron 28 hombres y 22 mujeres.

La cifra final es de 48, porque se retiraron 2.

El PP confirmó que el PSOE busca que una mujer presida el Consejo General del Poder Judicial. Las candidaturas perfiladas son Pilar Teso, Clara Martínez de Careaga y Ana Ferrer.

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