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Patricia Suárez, ASUFIN: “La Sala de lo Civil del Supremo es ‘negacionista’ de las Directivas Europeas”

LA SALIDA DE JAVIER ORDUÑA DEL TRIBUNAL SUPREMO SUPUSO UN REVÉS PARA LA CAUSA DE LOS CONSUMIDORES, AFIRMA "Si tu dices que una cláusula que no es transparente puede permanecer en un contrato, mi opinión es que estás haciendo un flaco favor al sistema", explica Patricia Suárez. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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En el portal de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, aparece como CEO –consejera delegada– de esta asociación de defensa del consumidor, convertida hoy en referente del sector.

Suárez habla con una mezcla de pasión, de aplomo y de seguridad sobre «el conflicto», el del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El pasado mes de enero su asociación denunció, nada menos que, a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ante la Comisión Europea por «vulnerar» las directivas y los tratados de protección de los consumidores. Un órdago a la grande.

Y lo sabe. No tiene miedo de llamar a las cosas por su  nombre: «La Sala de lo Civil del Supremo es negacionista de las Directivas Europeas». 

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Nunca antes nadie había sido tan clara con esa importante Sala del Alto Tribunal cuya decisión sobre el IRPH va a ser examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene sobre la mesa dos cuestiones prejudiciales de dos magistrados españoles.

Sobre esto versa la entrevista al aire libre, a 100 metros del Congreso de los Diputados, a 200 de su oficina y bajo la mirada atenta de la estatua del gran Miguel de Cervantes, en estos tiempos de pandemia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha aceptado las dos cuestiones prejudiciales sobre el IRPH presentadas por los magistrados de Barcelona y de Ibiza. ¿Esto no supone un revés para la Sala de lo Civil del Supremo?

Yo creo que lo va a suponer. La de la magistrada de Ibiza es la más clara. Es un cuestionamiento sistemático al criterio del Supremo. El hecho de que el Supremo no esté paralizando la admisión a trámite de los recursos es una irresponsabilidad.

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¿Lo han solicitado ustedes?

Por activa y por pasiva. Lo que ha hecho la Sala de lo Civil es preocupante. Han acelerado la inadmisión a trámite todos los recursos de IRPH. No están ustedes zanjando el problema, están ustedes impidiendo que muchos ciudadanos al final tengan justicia.

Porque si el TJUE al final termina dando la razón a los consumidores, como, en mi opinión, ya lo hizo el 3 de marzo del año pasado, va a haber un gran problema.

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Desde mi punto de vista, el Tribunal Supremo ha retorcido la interpretación jurídica de esa sentencia del TJUE.

Al final a muchísima gente la dejas con una situación de cosa juzgada y no va a poder hacer nada. No va a poder recuperar ese dinero y se van a quedar con sentencias desestimatorias.

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¿Esto puede dar pie a una reclamación patrimonial?

Nosotros en nuestros escritos, sobre todo lo que tenemos en el Supremo, estamos advirtiendo de que, si no paralizan, de que si luego la sentencia del TJUE es favorable al consumidor se está enfrentando a una responsabilidad patrimonial del Estado juez.

¿A qué cree usted que se debe haya adoptado esta postura?

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Al final las instituciones las forman personas. Cuando la sentencia de Pleno de la Sala de mayo de 2013, anteriormente había habido una en 2012, cuyo ponente fue el magistrado Javier Orduña –que ha dejado voluntariamente el tribunal–, presidía la Sala Juan Antonio Xiol Ríos.

Xiol no tenía la orientación del actual presidente, Francisco Marín Castán. Era totalmente distinta.

Con esa sentencia se abrió un melón que los que están ahora quieren cerrar. ¿Por qué? Porque tienen una posición más conservadora, más retrógrada, de lo que son los derechos de los consumidores, de lo que es la transparencia.

Hay resistencia al cambio.

«El Tribunal Supremo ha retorcido la interpretación jurídica de la sentencia del TJUE», afirma Patricia Suárez. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El TJUE dijo en su sentencia que una cláusula que no es transparente es abusiva. La sentencia del Supremo, del pasado mes de octubre dijo que la cláusula podía no ser transparente pero no por ello ser abusiva. 

La interpretación del Supremo no se sostiene. Es un retorcimiento de la del TJUE. Porque, de hecho, la falta de transparencia de las cláusulas suelo y las multidivisas no superaban el control de incorporación y se anulaban y quedaban expulsadas del mercado.

Si tu dices que una cláusula que no es transparente puede permanecer en un contrato, mi opinión es que estás haciendo un flaco favor al sistema.

¿Por qué tenemos un sistema de contratación seriada o contratación por adhesión? Esto sienta muy mal cuando yo lo digo. Es para que no tengamos que leer.

Si te subes al metro, o a un taxi o entras en un edificio hay un montón de cosas que estás aceptando por adhesión.

La gente dice que cuando te descargas las aplicaciones no te estás leyendo las condiciones. Es que está hecho para que no te lo leas. ¿Por qué? Porque se supone que las condiciones generales de la contratación tienen que ser acordes a derecho, a la ley.

Pero el momento que tú dices que en esa contratación puede haber una cláusula que no es transparente te lo estás cargando.

Esto no tiene ningún sentido. Y, además, no se dan cuenta de por donde van los tiempos.

«Lo que ha ocurrido aquí, con la cláusula de IRPH, es que se ha producido una rebelión en los tribunales de instancia y de audiencias provinciales, no hay seguridad jurídica»

El Colegio de la Abogacía de Barcelona organizó recientemente un Congreso sobre transparencia… 

El reciente Congreso sobre la Transparencia organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en el que estaba Orduña, ha estado muy bien. Porque en él se ha puesto el dedo en la llaga.

La transparencia no solo debe aplicarse al tráfico mercantil bancario o de las finanzas, hay que llevarlo a todo. Hay que llevarlo a seguros, a la energía, a telecomunicaciones.

Como ciudadanos tenemos que tener la capacidad de sentirnos seguros en el mercado porque las condiciones que aceptamos son acordes a derecho. Si nos quitan esto y tenemos que volver a leer se paraliza el mercado.

Ustedes han dado un importante paso recientemente al denunciar nada menos que a la Sala de lo Civil del Supremo ante la Comisión Europea. Esto son palabras mayores.

Nos lo pensamos muchísimo. No fue una decisión rápida. Desde que empezamos en esto, en 2009, siempre hemos recibido sugerencias para acortar caminos, como interponer querellas catalanas y cosas de estas. Nunca hemos querido tomar este tipo de atajos.

Siempre hemos partido de la idea de que la estructura del sistema judicial español era suficientemente potente y democrática como para no tener que tomarlos.

Nuestra preocupación ha sido la de enfrentarnos en igualdad de condiciones en un campo que tuviera las mismas porterías, que estuviera debidamente marcado, que el balón estuviera perfectamente inflado…

Sé que lo que hemos hecho ha sido denunciar al árbitro. Hubiese deseado no tener que hacerlo.

Lo que ha ocurrido aquí, con la cláusula de IRPH, es que se ha producido una rebelión en los tribunales de instancia y de audiencias provinciales, no hay seguridad jurídica. Nos fuimos a Europa. El TJUE resolvió. O eso creíamos.

En la mayoría de los otros asuntos, se arreglaba. Con la retroactividad y con las multidivisas hubo contundencia. Con el vencimiento anticipado estamos dándole vueltas al tema.

Con el IRPH lo que ha ocurrido es que hemos ido, nos han dado la razón y hemos vuelto. Y tú lo has retorcido para que no nos la den.

Esto te agota. Nosotros en nuestra denuncia no solo pusimos el caso del IRPH. Pusimos hasta 12 ejemplos en los que, en nuestra opinión, el Supremo no había sido coherente. Y había sido arbitrario y no estaba respetando las directivas europeas.

Llega un momento en que dices, ‘esto no puede ser’. Afortunadamente España está en Europa, hay unas directivas que tienen que ser iguales para todos.

«Nosotros, en nuestra denuncia, no solo pusimos el caso del IRPH. Pusimos hasta 12 ejemplos en los que, en nuestra opinión, el Supremo no había sido coherente. Y había sido arbitrario y no estaba respetando las directivas europeas», declara la presidenta de ASUFIN. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿La decisión de Javier Orduña de dejar su puesto de magistrado y volver a su Cátedra de Derecho Civil ha supuesto un revés para la causa de los consumidores?

Sí, sin duda. Queda el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas… El resultado es una Sala es muy conservadora.

¿Conservadora o ultraconservadora?

Negacionista. La Sala de lo Civil del Supremo es negacionista de las Directivas Europeas.

¿Qué es lo que está por venir?

El día a día de un consumidor es agotador. Es agotador que vigilar que se cumpla la ley, que se cumplan las directivas transpuestas. Realmente no hace falta cambiar mucho. Nos contentaríamos con que se cumplieran.

¿Por qué no se cumplen?

Porque el sistema de reclamaciones es agotador, también. Ahora la ministra de Economía, Nadia Calviño, está discutiendo la autoridad independiente para el consumidor financiero, de banca, seguros e inversión.

Si no lo digo reviento. Ayer [por el martes pasado] la prensa publicó ‘la banca ya tiene el borrador que saldrá a consulta pública’. ¡¡¿Perdona??!! A consulta pública debería salir para todos al mismo tiempo.

¿Por qué la banca ha tenido acceso al borrador antes que los consumidores? Todavía si fuera ‘la banca y las asociaciones de consumidores han tenido acceso’. No, ellos han tenido acceso. Nosotros tenemos que esperar a la consulta pública.

Es agotador.

El sistema es disuasorio. A la gente le da mucha pereza reclamar porque es largo, es tedioso, es tortuoso.

Fíjese en la gente del IRPH. Llevan ocho años luchando. Y todavía no tienen solución.