Continúa la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras 16 personas, físicas y jurídicas, entre ellas Miguel Ángel Montero -administrador de varias empresas de Rato- y el abogado Domingo Plazas Ruiz.
El juez propone juzgar a Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción en los negocios
Afirma que introdujo en España casi 8 millones de euros desde paraísos fiscales
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01/3/2021 16:03
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Actualizado: 01/3/2021 16:07
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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal Domper, ha puesto fin a la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato, y propone juzgarlo por supuestos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales.
En un auto, fechado a 23 de febrero, el magistrado, que desde 2015 investiga el caso, ha acordado transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, y continúa la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras 16 personas, físicas y jurídicas, entre ellas Miguel Ángel Montero -administrador de varias empresas de Rato- y el abogado Domingo Plazas Ruiz.
En concreto, por hechos relativos a corrupción en los negocios propone juzgar a Rato; a Alberto Portuondo Coll -uno de los ‘hombres’ de Montero-, a su exsecretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano Carpintero, al exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo Gómez y a una de sus empleadas, Beatriz Colomer García, a Francisco Xabier Olazábal Puig, Miguel Ángel Montero Quevedo, Sagrario Bua Rojas, Fernando Rodríguez Varona, Fabrizio Bini, al abogado Francisco Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, Sergio Lorca Gómez, y las agencias Publicis y Zenith.
Por hechos relativos a actividades de blanqueo de capitales continúa la causa contra Rato, Domingo Plazas Ruiz y Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero Quevedo y Santiago Alarcó Canosa, excuñado de Rato y a quien identifica como el dueño de la estructura Kradonara-Vivaway, por la que habría transcurrido el dinero investigado.
Y por hechos relativos a elusiones fiscales, contra Rato, Domingo Plazas Ruiz y su bufete Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero Quevero y Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.
Ahora se dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de 20 días presenten escrito de acusación.
Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de reforma y/o apelación.
El magistrado señala que «nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito».
Para ello, el expresidente de Bankia se habría valido de la estructura societaria Vivaway-Kradonara, expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato».
Según expone Serrano-Arnal, Vivaway es una sociedad británica dueña y socia única de Kradonara, otra mercantil «opaca en su accionariado y en sus órganos sociales». Se crearon entre septiembre y noviembre de 2001 a instancias de Alarcó y a través de Plazas. Ese mismo año, Rato las adquirió, fijó el control de Vivaway mediante un fideicomiso radicado en Gibraltar y las usó para «canalizar fondos».
Serrano-Arnal expone que con dicha compra, Rato instauró «un canal que consigue alejar los fondos que ingresan en España de su origen, con el objeto de ocultar su persona de las sociedades que acaparan los fondos, iniciando su actividad en el año 2006 y continuando dicha operativa hasta el año 2014″.
El magistrado instructor cifra en 7.827.580 euros el dinero introducido en España a través de Vivaway-Kradonara, 3.697.773 euros de los cuales «son de origen desconocido».
Considera que el origen «debería ser relativamente sencillo de indicar al tratarse de fondos bancarizados», pero destaca que no ha sido así, sino que Rato ha procurado situar estas ganancias en ejercicios fiscales prescritos.
El monto restante, la parte cuyo origen sí ha podido determinarse en la investigación, «procede de dos sociedades constituidas en Panamá (Red Rose Finantial Enterprise y Westcastle Corporation), tituladas por testaferros y sin actividad social conocida, pero reconocidas por Rato ante la Hacienda Pública con ocasión de las regularizaciones del año 2012″.
Según Serrano-Arnal, «la repatriación del patrimonio que el investigado ostentaba en el extranjero se hizo, en su mayor parte, mediante la figura del préstamo participativo» de Vivaway a Kradonara, operaciones que «no figuran documentadas ni tampoco devueltas», por lo que «las cantidades de esta manera compensadas y ocultadas daban lugar a que fuesen desconocidas para la Hacienda Pública».
Según expone el magistrado, en junio de 2011, Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo y Kradonara 2001, propiedad del exministro, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar «unos supuestos servicios de consultoría» por una cantidad mensual mínima de 40.000 euros.
Indica que estos servicios serían supuestamente prestados por Miguel Ángel Montero Quevedo de forma gratuita y como “deuda moral” por un negocio hotelero fallido en el que participaron Rodrigo de Rato y este último.
Añade que con el asesoramiento del despacho de abogados de Domingo Plazas, en cuanto a la elaboración de las facturas mensuales, se fueron girando diversas cantidades a Albisa Inversiones, «en las que sorprendentemente es el encargado de su pago quien fija la cantidad».
El magistrado destaca que estas facturas «no se correspondían con una contraprestación real de los aludidos servicios de consultoría, sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato Figaredo su parte en las comisiones obtenidas por Albisa ( Portuondo) de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con la mercantil Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rodrigo Rato de dicha entidad».
Señala que a tal efecto, «Alberto Portuondo fue captado por Miguel Angel Montero Quevedo, administrador de diversas empresas propiedad de Rodrigo de Rato Figaredo y socio de aquel en el año 2010 en la empresa Young Potential Development», y se habría dirigido al grupo Publicis en calidad de comisionista, «a quienes ofreció conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos de publicidad con Bankia, firmándose a tales efectos el contrato el 4 de enero de 2011 entre Albisa Inversiones y Asesoramiento, representada por Alberto Portuondo Coll y Publicis, representado por Miguel Ángel Furones y Fabrizio Bini, haciéndose lo propio en idénticas fechas con Zenith, representada por María Cándida Rodríguez Melcón y Fernando Rodríguez Varona.
Señala que «captado por Montero» -que «administraba diversas empresas del exministro»-, Portuondo se habría dirigido al grupo Publicis en calidad de comisionista, ofreciéndose a conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos con la nueva entidad.
Para el magistrado, aparece indiciariamente acreditado que durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató a Publicis y Zenith «a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a Albisa para obtener los contratos.
Apunta que de esa cantidad, Portuondo Coll habría transferido a Kradonara, controlada por Rato, 835.024, 64 euros.
Asimismo, agrega que Miguel Ángel Montero habría recibido de Albisa a través de una empresa de su propiedad, 189.704 euros.
En cuanto al destino del dinero de esta forma percibido, el magistrado señala que el abogado Domingo Plazas declaró en septiembre de 2015 ante el Juzgado que casi todo el dinero (unos 700.000 euros más iva) que recibieron de Albisa a través de Kradonara, fue a Bagerpleta GMBH, (empresa participada por Rato y dedicada a la explotación de un Hotel en la República Federal de Alemania), lo que fue objeto de otra de las piezas (blanqueo) de este procedimiento, antes de su unificación.
DELITO FISCAL
Rato habría incurrido en elusiones fiscales tanto por las «maniobras de ocultación de su patrimonio exterior» como con las «maniobras societarias -nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes- entre las sociedades bajo su control a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda Pública».
El juez menciona como base de estas elusiones fiscales «la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de manera personal, a fin de minorar la cuota resultante a favor de la Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del IRPF» que le correspondería.
Destaca que Rato lo hacía además «a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al Impuesto de Sociedades, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública».
Serrano-Arnal precisa que «desde el año 1999 el investigado mantenía el control de tres sociedades en el extranjero, las que eran depositarias de elevadas sumas de dinero y activos financieros» -Red Rose Investment en Irlanda y Westcastle Corporation y Red Rose Finantial Enterprise en Panamá-.
Añade que hasta 2006, la repatriación del dinero se habría hecho a través de las sociedades españolas Aurosur y El Manantial de la Información, «siendo que a partir de esta fecha y a raíz de una inspección fiscal a Aurosur» cuando Rato adquiere y empieza a operar a través de Kradonara-Vivaway, «supuestamente para hacer más difícil el seguimiento» a Hacienda.
«Esta operativa y la disponibilidad final de los fondos a través de transferencias sustentadas en préstamos o negocios jurídicos simulados es la que conforma la presunta voluntad del investigado de activar un proceso de retorno con apariencia de licitud de las ganancias obtenidas de una previa actividad delictiva», expone el magistrado.
COMISIONES EN CONTRATOS DE BANKIA
Esta «actividad delictiva» tendría su origen tanto en el dinero defraudado al fisco como «en las ganancias obtenidas por la adjudicación de contratos publicitarios» de Bankia.
Es en estos contratos publicitarios donde radica la acusación de corrupción en los negocios. Según el instructor, al llegar a la Presidencia de Bankia, Rato y Arellano «fueron vaciando de contenido la Dirección de Comunicación y Marca» hasta provocar la marcha de su directora para que la sustituyera la propia Arellano.
Desde ese puesto, se adjudicaron contratos a las empresas Zenith y Publicis, si bien «estas facturas no se correspondían con una contraprestación real», sino que «eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia».
El magistrado señala que aparece indiciariamente acreditado que «durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a Albisa, controlada por Portuondo, la cual a su vez transfirió a Kradonara 835.024,64 euros.
RATO, EN LIBERTAD CONDICIONAL DESDE FEBRERO
Rato, que está condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida por las las tarjetas «black» de Caja Madrid, está en libertad condicional desde el mes pasado.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió la libertad condicional, a propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad -el próximo 18 de marzo cumplirá 72 años-, comportamiento y la «antigüedad» de los hechos por los que ingresó en prisión.
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