La Fiscalía del Principado de Asturias reclama que se imponga una multa de 20 millones de euros a la mercantil que explota la mina de oro de Belmonte de Miranda por la contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea, «como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico, entre otros, desde tres puntos de las instalaciones mineras de El Valle-Boinás».
Acusa a la mercantil Kinbauri España (actualmente Orovalle Minerals) de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Además, solicita que Orovalle Minerals y su único socio, Orovana Minerals Asturias CORP, abonen una indemnización de 5.158.548,88 euros al Estado por los daños causados al dominio público hidráulico desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017, y la suspensión de la actividad hasta que se acredite el cese de las acciones contaminantes, por un periodo no superior a 5 años.
El juicio comienza hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.
La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la masa de agua que conforma el Río Cauxa, a
su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras que se desarrollan al menos desde el año 2005 en El Valle-Boinás, soporta la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas y que no se encuentran amparadas en ninguna autorización de vertido.
Señala que el 19 de noviembre de 2012, la Guardería Fluvial solicitó el seguimiento de los vertidos de Kinbauri, resultando que la concentración de selenio superaba la norma de calidad ambiental (1ug Se/L) en 39 ocasiones de las 50 analizadas.
Según explica, el valor máximo registrado fue de 10 ug Se/L.
El Ministerio Público afirma que «no se trataba de una circunstancia ocasional, sino que se mantenía en el tiempo durante la época de aguas altas, incumpliendo continuadamente la Autorización Ambiental Integrada».
Indica que el 12 de marzo de 2013 se procedió a una nueva solicitud de toma de muestras mensuales, resultando valores superiores para cobre, cadmio, cianuros, arsénico y, en particular, selenio.
En el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 26 de agosto de 2014, los valores de selenio, cobre y arsénico, y, en menor medida, los de cadmio y níquel, sobrepasaron los límites contenidos en la autorización vigente, de fecha 29 de abril de 2008.
Según la Fiscalía, todos los resultados analíticos obtenidos entre abril de 2015 y septiembre de 2016 constatan que «las aguas de río Cauxa, aguas debajo de los vertidos de la mina, incumplen la norma de calidad ambiental del selenio establecida para las sustancias peligrosas».
Expone que «los tres vertidos de la empresa contienen selenio habitualmente, sin que dispongan de autorización para ello», y que el conjunto de los vertidos de la mina «aportan una carga contaminante anual de selenio 4 veces superior a la que podría soportar el río Cauxa para cumplir la norma de calidad ambiental».
En cuanto al arsénico, manifiesta que «las condiciones medidas en los vertidos sobrepasan, en algunas ocasiones, los límites que podrían ser autorizados, con unos valores tales que el conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de arsénico superior al doble de la que podría admitir el río».
El Ministerio Público indica entre diferentes puntos de vertido se han detectado valores de sustancias (habitualmente selenio, arsénico y cobre y, ocasionalmente, cadmio, níquel y cianuros) peligrosas.
«Estas sustancias provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España», subraya la Fiscalía.
Afirma que «esta conocía plenamente esas emisiones, no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes sancionadores a la mercantil».
Apunta que los dos primeros finalizaron con resoluciones sancionadoras y que el tercero se encuentra suspendido por prejudicialidad penal.
El Ministerio Público añade que el río Cauxa desemboca en el río Narcea, sobre el embalse de La Barca, donde pueden agravarse los efectos de las sustancias peligrosas debido a sus características intrínsecas, concretamente sus elevados grados de persistencia y bioacumulación.
Explica que conforme el indicador de calidad biológica, se observa una merma o empeoramiento en la abundancia de familias o riqueza de familias más sensibles a la contaminación, lo que implica un cambio de clase de estado
a la baja.
A consecuencia fundamentalmente de los niveles de selenio, el río Cauxa no cumple los objetivos ambientales de la Directiva Marco de Aguas 200/60/CE y no alcanza el buen estado ecológico y químico.
Destaca que «esta superación, en muchos casos duplicando el limite normativo, supone un daño grave para el medio ambiente, dado que la normativa, así como varios estudios científicos, advierten de que el selenio es una sustancia tóxica, bioacumulable y persistente en el medio».
Según relata la Fiscalía, la concentración de selenio en la masa de agua también está empezando a afectar a otros elementos de calidad que miden el estado ecológico. «Uno de ellos es el índice de macroinvertebrados, que ha pasado de moderado a deficiente en tan solo 4 años», precisa.
Informa que desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017, la valoración de los daños causados al dominio público hidráulico ascendió a 5.158.548,88 euros.
