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La DGP suspenderá 12 meses de empleo y sueldo al secretario general de JUPOL por incompatibilidad lucrativa

La DGP suspenderá 12 meses de empleo y sueldo al secretario general de JUPOL por incompatibilidad lucrativa
La columnista, María Montero, explica en su columna las razones de la grave sanción disciplinaria impuesta por la DGP al secretario general de JUPOL, José María García. Foto: ElCierreDigital.
05/3/2021 18:07
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Actualizado: 22/5/2021 23:03
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Este escándalo sindical, es la primera vez, que sucede en la historia de la Policía Nacional en España.

A raíz de un reportaje del programa de investigación, «La ventana indiscreta», en el que se destaparon las irregularidades del secretario general del sindicato JUPOL, el subinspector, José María García, con su empresa privada de construcción, avalada por adjudicaciones directas de obras públicas en Asturias.

Sin haber obtenido la preceptiva compatibilidad para el desempeño de esta actividad.

Desde este espacio radiofónico, se alertó al Ministerio del Interior.

Este programa, presentó en 2019, las pruebas pertinentes ante la Dirección General de la Policía (DGP), al verificar a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que  «no consta ninguna solicitud» a nombre de José María García, para llevar a cabo la actividad de administrador único de su empresa «Excavaciones y Asfaltos Avilés, S.L».

Este subinspector sindicalista, destinado en la Comisaría de Avilés, jamás cursó los trámites obligatorios para solicitar la compatibilidad con su función policial, para ejercer, además, ejercicios empresariales como segunda actividad lucrativa.

Por tanto, el máximo responsable de JUPOL, -Chema García-, nunca obtuvo permiso expreso por parte del Ministerio del Interior ni Función Pública, para dedicarse a la construcción.

Sin embargo, este policía ejerció sin autorización ministerial, como administrador único de su propio negocio inmobiliario, algo totalmente prohibido para los policías, si no obtienen la indispensable licencia.

Es decir, el secretario general de JUPOL, -sindicato mayoritario del Consejo de la Policía-, administró durante algunos periodos de tiempo su propia empresa pero sin contar con la compatibilidad con su profesión de policía.

Obtuvo licencias de obras públicas a través de empresas o adjudicaciones directas de ayuntamientos gobernados por el PSOE en Asturias.

Se lucró de relevantes sumas procedentes de fondos públicos destinados al saneamiento y desarrollo de diversos municipios asturianos, sin declarar en ningún momento ante Interior, su actividad constructora.

Por este monumental escándalo, que, insisto, jamás había ocurrido en la historia de la Policía, ante la denuncia efectuada por «La ventana indiscreta», con documentos acreditativos de las irregularidades cometidas por el responsable de JUPOL, según informan fuentes policiales, la DGP, tras largos meses de investigación, ha propuesto una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante doce meses, por considerarse una falta muy grave la incompatibilidad laboral, contra este representante sindical.

La DGP tiene muy claro que ejerció simultáneamente como subinspector y administrador único en su empresa constructora «Excavaciones y Asfaltos Avilés, S.L», a espaldas del resto de sus compañeros, con total opacidad.

SANCIÓN CONTUNDENTE DE LA POLICÍA

La sanción mantendrá alejado al subinspector García de la actividad policial, sin placa ni pistola, durante un año.

El expediente contra el representante de esta organización filial de Jusapol, deberá pasar a debate por el Consejo de la Policía, en la que se encuentran igualmente representados los sindicatos SUP, UFP, CEP, SPP,  junto a JUPOL, para que los policías ante este órgano, aleguen lo que estimen oportuno.

Este trámite es preceptivo para todos los expedientes sancionadores que han de abordarse en el consejo policial, -un procedimiento que la DGP no puede obviar, para no incurrir en prevaricación por anulación de la sanción, si se tratara de evitar este trámite–.

Sería la oportunidad del secretario general de JUPOL para exponer sus alegaciones ante sus compañeros, y los representantes de la Administración.

Las posibilidades de que la sanción quede en agua de borrajas son muy improbables.

Fuentes policiales consultadas, estiman que, por lo general, ‘cuando una propuesta de sanción llega a la Mesa del Consejo, es prácticamente inamovible la imposición del expediente disciplinario‘, por lo que indican que, todos los indicios parecen apuntar a que ‘García cumplirá los doce meses de suspensión por incompatibilidad’.

García, podría recurrir su sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Iniciar un proceso judicial para intentar paralizar la ejecución de su sanción, pero ‘resulta muy complicado que un juez decrete la suspensión de un expediente de incompatibilidad’, cuando es una falta tan evidente, respecto a una segunda actividad, señalan fuentes consultadas del Ministerio del Interior.

Otra posible sanción que le podría caer a García tendría relación directa con los hechos que rodearon a la protesta de JUPOL, en marzo de 2020, cuando el sindicato rodeó el Congreso de los Diputados después de que la Cámara Baja denegara su ILP por la equiparación salarial.

La DGP podría motivarla por faltar el respeto a compañeros de la UIP, que cumplían con sus funciones de seguridad, en aquel altercado policial.

Al parecer, tras el comportamiento de algunos miembros de JUPOL, como el caso de su responsable sindical, la DGP, abrió una investigación de oficio, a la espera de posibles sanciones.

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS

Las repercusiones legales por la sanción de suspensión de empleo y sueldo, de carácter firme, en este caso, a un vocal del Consejo de la Policía, en relación a la normativa aplicable, podría conllevar para el subinspector García la pérdida de su vocalía en el consejo como representante de JUPOL.

En este aspecto, viene al caso el Real Decreto 555/2011 de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del Consejo de la Policía, la Orden de 22 de julio de 1987 por la que se aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de la Policía.

Para ser exactos, en este supuesto que nos ocupa, estaríamos más allá del alcance temporal de las sanciones que valoramos respecto al representante de JUPOL.

En cuanto a la interpretación normativa, el RD 555/11, en su artículo 3.1., Derecho de sufragio activo y pasivo, establece que: ‘Serán electores y elegibles los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en las situaciones de servicio activo, segunda actividad o suspensión de funciones mientras no sea firme…’.

Por otra parte, la Orden de 22 de julio de 1987, en su artículo 12.e, estipula: ‘Se perderá la condición de miembro del Consejo de Policía, en representación de los funcionarios, cuando dejen de concurrir los requisitos legalmente establecidos para ser elector y elegible’.

A la vista de estos preceptos normativos citados, habría que subrayar que “en situación de suspensión firme de funciones, un vocal del Consejo de la Policía, perdería su condición de representante en tal órgano, debiendo ser sustituido durante el tiempo de sanción por el suplente que concurrió a las elecciones en el proceso electoral”, señalan fuentes consultadas del Ministerio del Interior.

Pero esta no sería la única pérdida de vocales de JUPOL, en el consejo policial, pues, es justo aquí donde se le plantearía un nuevo problema al sindicato JUPOL.

Y es que, el suplente del subinspector García  sería el subinspector Francisco Díaz Veleiro que, en la actualidad, se encuentra cursando primer curso de ascenso a la categoría de Inspector. Por lo que tendría que renunciar a tal ascenso.

Por el contrario, le sería de aplicación el precitado artículo 12.d de la Orden 22 de julio, al menos provisionalmente.

“O entraríamos en un campo no recogido en la norma, que sería la pérdida de la representación en esa escala por falta de suplente. Es decir, JUPOL, perdería durante el tiempo de sanción del titular de la vocalía, ese puesto y ese voto en la mesa de representación de los funcionarios del CNP”, argumentan fuentes policiales.

CRÍTICAS POR LA EMPRESA DEL LADRILLO

El secretario general de JUPOL, José María García, fue criticado sindicalmente en Redes Sociales, cuando se conoció a través de las publicaciones de “La ventana indiscreta” que había ocultado deliberadamente ante sus compañeros la facturación de su empresa constructora durante la campaña electoral al Consejo de la Policía en 2019, a la que concurrió como líder sindical de JUPOL, avalado por Jusapol y Jucil.

Esta estrategia electoral de falta de transparencia, usada por García, generó un gran malestar y desconfianza en el seno de su sindicato, que se vio agravado posteriormente, por el incumplimiento de sus promesas sindicales, cuando consumó su cargo en el Consejo de la Policía.

García incumplió el conflicto colectivo permanente pactado con sus afiliados, abandonó la lucha por la equiparación salarial, y se negó en repetidas ocasiones a mostrar públicamente las cuentas del sindicato JUPOL, a solicitud de sus propios afiliados.

Según el Registro Mercantil, durante los ejercicios económicos de 2017 y 2018, correspondientes a la inmobiliaria ‘Excavaciones y Asfaltos de Avilés, S.L’, de su propiedad, García declaró en la presentación anual de sus cuentas, unas cuantías por 105.000 y 131.016 euros de beneficios, respectivamente, sin compatibilidad para realizar esta segunda actividad.

Esta empresa reconoce en su constitución, “la construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de obras y reparación de carreteras tanto públicas o privadas”, “operaciones inmobiliarias en toda su amplitud”, “trabajos de mantenimiento de carreteras, pistas forestales y demás vías públicas y privadas, así como playas ríos…”, para lo que concursa ante instituciones públicas para obtener contratos de construcción.

Otra de las fuertes críticas recibidas en redes sociales por el secretario general de JUPOL, sería por la ‘cara dura’ que ha demostrado el sindicalista, José María García, al acudir a la puerta de la sede del PSOE en Madrid, para pedir la equiparación salarial para policías nacionales y guardias civiles, mientras que por otra parte, su empresa de construcción de obras públicas, se nutría de fondos públicos emitidos por ayuntamientos gobernados por los socialistas asturianos.

Un escándalo más de JUPOL, que jamás había sucedido en la historia de la Policía.

GRATITUD PARA LOS POLICÍAS

Cuando comenzamos esta investigación sobre este escándalo sindical, nuestro programa, “La ventana indiscreta” recibió duras críticas, insultos, amenazas, presiones, difamaciones, por parte de algunos miembros de JUPOL, Jusapol, y Jucil, y sus troles afines en redes sociales.

Nosotros fijamos el empeño periodístico en mantener nuestra firmeza informativa hasta el final de las averiguaciones pertinentes, para remitir este trabajo al Ministerio del Interior, tal como hemos relatado.

Pero, paralelamente a esta tensión informativa, fueron cientos de policías nacionales, guardias civiles, militares, “mossos”, policías locales, que entraron en contacto con este espacio radiofónico para brindarnos su apoyo y solidaridad, a raíz de varias denuncias contra estas organizaciones policiales.

Hoy más que nunca, desde que comenzamos este trabajo de periodismo de investigación, queremos mostrar nuestra infinita gratitud a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos habéis apoyado en este proceso, a todos los que confiáis en nuestra labor.

De manera especial, queremos felicitar a la Dirección General de la Policía, por recoger nuestras solicitudes de investigación, y cumplir con las leyes.

Muchas gracias a todos. Día grande para el periodismo de investigación.

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