La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) critica duramente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada hoy por la cámara baja, que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer ningún nombramiento cuando se prolongue su mandato de cinco años por falta de acuerdo entre los partidos porque «ahonda en la politización de la justicia».
Para FJI, es «la quiebra de la separación de poderes» y profundiza «el riesgo de corrupción puesto de manifiesto por instituciones europeas, como el GRECO» [Grupo de Estados contra la corrupción, del Consejo de Europa], afirma en un comunicado.
La reforma supone «la paralización de la cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo, la cúspide del Poder Judicial en España».
A juicio de FJI, la falta de renovación de las Presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, perpetuará en dichos cargos a quienes les ha expirado el plazo, «que es lo que, precisamente, se critica para justificar la reforma. Lo cual, además, frustra las legítimas expectativas de quienes pretenden optar a dichos cargos».
Con ello se da un nuevo paso para «despojar al órgano de gobierno de los jueces y magistrados de su autonomía en una de sus funciones más importantes: los nombramientos discrecionales».
La sociedad, dice FJI, ha podido presenciar hoy como «de forma obscena dos partidos políticos se intentan repartir el órgano de gobierno de los jueces sin tener en cuenta las más mínimas reglas de separación de poderes exigidas en toda democracia».
UNA REFORMA QUE NADA TIENE QUE VER CON LA SOBERANÍA POPULAR
En unos durísimos términos, Foro llama a no engañarse.
«La finalidad de la reforma nada tiene que ver con entroncar al Consejo General del Poder Judicial con la soberanía popular. Lo que los partidos quieren es poder influir en el gran número de nombramientos que efectúa el CGPJ, no para dotar estos cargos de una mayor legitimidad democrática, sino para colocar en estos puestos a personas determinadas, puesto que todos los partidos han de recompensar servicios, lealtades y favores», asegura.
Y recuerda que el CGPJ nombra a más de 100 altos cargos judiciales y decenas de otros cargos, lo que «lo convierte en una agencia de colocación a la que resulta muy difícil renunciar».
Precisamente por esto, la asociación de jueces llama la atención a la importancia que la clase política da a estos nombramientos. Porque se se efectuasen conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad sería poco relevante que los realizase un CGPJ con un mandato expirado.
«Puesto que los nombramientos no deberían variar sustancialmente con un Consejo o con otro». Estos nombramientos «responden a criterios políticos y todo el m mundo lo sabe. Por eso los partidos que votan esta propuesta actúan para que esos criterios sean los suyos».
