La moratoria concursal vive una nueva prórroga, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2021. Una decisión que ha tomado el Consejo de Ministros tras llegar la fecha marcada en el calendario para la anterior, el 14 de marzo.
La medida, recogida en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, ha abierto el debate entre los expertos, hay quienes creen que en cierta manera lo que se hace es estigmatizar el concurso de acreedores.
Otros valoran la medida como un balón de oxígeno porque se amplía el plazo para renegociar los acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pago, así como medidas procesales como la tramitación preferente y la subasta extrajudicial.
Joaquín Oliete, CEO de Activos Concursales, una entidad especializada en liquidaciones judiciales que se creó en 2009, explica su posición sobre este asunto a Confilegal.
A su juicio, los beneficios de una moratoria concursal como esta se dan «siempre y cuando el empresario esté bien asesorado». Y es que, «el objetivo del concurso de acreedores fundamentalmente es analizar las posibilidades que tiene un empresario de continuar con su actividad».
El problema, explica, es que «si no está bien asesorado va a incurrir en una situación de concurso culpable, porque intenta por todos los medios continuar con la compañía y se está metiendo cada vez con mayor deuda».
Por eso, sostiene que «no solamente se deberían haber hecho apoyos a nivel de subvenciones sino que se tendrían que haber regulado unos grupos de trabajo de apoyo al empresario, financiados por el Gobierno. Por ejemplo, 1.000 despachos financiados para que pudieran asumir cargas de consultas por parte del empresariado».
En este sentido, subraya que «es un error dilatar tanto porque al final más tarde o más temprano el volumen de concursos se va a producir, de modo que seguir dilatando el proceso concursal, desde mi punto de vista, es un error absoluto».
Sobre esto, indica que «están intentado retrasar al máximo la avalancha de concursos a presentar en los juzgados, entre otras cosas porque los juzgados actualmente no tiene recursos suficientes para poder llevar a cabo todas las gestiones concursales».
«Creo que el Gobierno está esperando a la regulación concursal europea, no podemos vaticinar porque no sabemos los plazos en los que va a realizarse esta nueva regulación, pero podría ocurrir perfectamente que volvieran a dilatarlo».
En España, destaca, «hay falta de cultura concursal por parte del empresariado y, por otro lado, no hay un apoyo legislativo que permita que el empresario pueda realizar acciones suficientes que le permitan estructurar su deuda financiera. Entonces, falta de cultura concursal, mal asesoramiento y apoyos por parte del gobierno muy limitados, lo que provoca es un deterioro de la economía muy importante».
En este contexto, apunta, «el volumen de concursos que se va a producir en 2020-2021 va a ser cinco veces superior al número que se produjo en la anterior crisis financiera».
«Nuestra existencia es importante por la agilidad procesal»
Por otro lado, apunta que con esta moratoria se vuelve a colocar «en primera línea» a la entidad especializada cosa que supone un importante reconocimiento de estos entes. «Durante años nos han concebido como auxiliares de la administración concursal, sin embargo, cada vez es más evidente que somos herramientas útiles y necesarias para la Administración de Justicia en general».
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo modifica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, «pone de relieve de nuevo el papel de las entidades especializadas».
«Este decreto evidencia que nuestra existencia es importante por la agilidad procesal que añadimos al procedimiento concursal evitando nuevo créditos masa innecesarios, deterioro y expoliación de activos, y fundamentalmente, el apoyo a los letrados de la Administración de Justicia», afirma Oliete.
De esta manera, «las entidades especializadas cada vez cuentan con un mayor panorama de actuación desde que se publicó el anterior Real Decreto-ley 16/2020 durante el estallido de la crisis del coronavirus».
Además, agrega, esta nueva modificación «permite que, para acudir a este sistema de realización, no sea necesario pedir autorización al juzgado para hacerlo a través de una entidad especializada. Solamente habrá que indicarlo en los informes trimestrales que se presentan cosa que agiliza, todavía más, todo el asunto».
En este sentido, añade, «la entidad especializada es una figura que se está consolidando porque se ha demostrado que los valores de realización son muy superiores a los valores de realización que se están realizando a través del BOE».
A su juicio, «las entidades especializadas vienen para quedarse», es decir, pese a que estas últimas legislaciones les han otorgado mayor protagonismo, el CEO no cree que se vaya a producir un retroceso en su ámbito de actuación.
No se atreve a vaticinar qué puede ocurrir a partir de ese 31 de diciembre marcado por el Gobierno, pero cree que volverá a haber una nueva legislación al respecto.
