El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce, en un informe, que en el procedimiento que instruyó la magistrada Pilar de Lara contra el exconsejero del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Fernando Blanco, y que dio lugar a la dimisión del político, se produjo «un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces reconoce las irregularidades de la extitular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, quien, mantuvo imputado a Blanco durante 7 años, desde 2011 a 2018.
Blanco fue implicado por el empresario Jorge Dorribo, quien se encontraba entonces en prisión, en el supuesto cobro de unas comisiones en el marco de la macrocausa Campeón, que instruía De Lara.
A raíz de aquella imputación, el consejero del BNG presentó su dimisión para que no afectara a su partido y para acelerar la instrucción.
Al menos en tres ocasiones, su abogado, Xoan Antón Pérez Lema, solicitó el archivo de las actuaciones: En 2015, una, y dos en 2016.
Todas ellas fueron rechazadas por la magistrada.
Fue la Audiencia Provincial de Lugo quien ordenó, en noviembre de 2018, el archivo de las acusaciones contra el exconsejero al no apreciar indicios inculpatorios.
Aquello acabó con su carrera política.
De ahí que, a consecuencia de aquel resultado, presentase, ante el Ministerio de Justicia, una reclamación patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que ha valorado en 232.000 euros, por los perjuicios causados.
Dinero que, en caso de obtener luz verde, saldrá de las arcas del Estado; de los impuestos de todos.
Al CGPJ no le «compete pronunciarse acerca de la existencia del daño causalmente enlazado con aquel anómalo proceder, ni sobre su entidad, ni, en fin, sobre la cuantía de la indemnización reclamada, extremos todos ellos que quedan al margen de la potestad de informe de este órgano de gobierno del Poder Judicial», dice el informe, al que ha tenido acceso Confilegal.
Pero ratifica que la instrucción de la magistrada de Lara, quien fue sancionada con 7 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de destino, produjo, más allá de toda duda, «un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
De acuerdo con el CGPJ, la duración de la instrucción fue excesiva para la resolución de una causa criminal.
Desde 2013 se produjeron continuas paralizaciones, retrasos injustificados y demoras inexplicables.
La decisión del órgano de gobierno de los jueces de validar la existencia de irregularidades en la instrucción de las diligencias previas 1649/2012, muestra el camino a otras reclamaciones que, con toda seguridad –según ha podido saber Confilegal–, se están preparando por parte de otros «damnificados» por la magistrada De Lara, que ahora se encuentra en un Juzgado de Ponferrada, provincia de León.
