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¿Qué es y en qué consiste la doctrina del fruto del árbol envenenado?

Cualquier entrada que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realicen en la morada de una persona es legalmente nula si no se realiza de acuerdo con la ley.

Ningún policía puede entrar en ninguna casa sin autorización judicial o sin el permiso del morador. Como dice con toda claridad el artículo 18 de la Constitución: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».

Tampoco se pueden coger pruebas por que sí. Todos tenemos unas garantías constitucionales que se deben respetar.

Si no se hace así se incurrirá en la llamada “doctrina del fruto del árbol envenenado”, una metáfora legal acuñada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1920 en el caso Silverthorne Lumber contra contra Estados Unidos.

Pero fue el juez Felix Frankfurter quien empleó la expresión por primera vez en el caso de 1939, Nardone contra Estados Unidos. Exploremos cómo esta frase se relaciona con el montaje de un caso de defensa penal.

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Lo que describe en esta doctrina es que si la fuente, el «árbol», de donde procede la evidencia obtenida, está contaminada, entonces el «fruto» de ese «árbol» está igualmente contaminado.

Por lo tanto, las pruebas obtenidas con una actuación ilícita son igualmente ilícitas .

No son válidas.

Son, por lo tanto, nulas.

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En España, la doctrina del «fruto del árbol envenenado” se consagró en 1984, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (STC 114/1984) que estableció que no debían tenerse en cuenta las pruebas obtenidas cuando se habían vulnerado derechos fundamentales como la libertad y la intimidad.

De esta sentencia del Constitucional se deriva otra novedad legislativa, concretamente, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, donde se dice que “en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe, y no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Así, se entiende que el material obtenido en las declaraciones autoinculpatorias arrancadas bajo presión o torturas no son válidas como medio de prueba en un proceso judicial.

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Como tampoco lo son aquellos materiales (grabaciones, escuchas telefónicas, etc.) obtenidos a raíz de dichas declaraciones.

Esto, lo pudimos comprobar en el caso de un conocido bailaor acusado de no socorrer a un ciudadano al que había atropellado.

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La Audiencia Provincial de Sevilla decidió absolver a cuatro de los imputados de urdir una trama para culpar del atropello mortal al hermano del bailaor en virtud del principio de los “frutos del árbol envenenado”.

La única prueba contra ellos eran las escuchas telefónicas realizadas en el transcurso de una investigación de tráfico de drogas, ajena al caso.

Eran, por lo tanto, “frutos del árbol envenado”.

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Indicios nulos, imposibles de ser utilizados ante un tribunal.

Esto llevó a la juez a anular los “pinchazos” telefónicos como prueba de cargo por esa razón.