Reclama al ministro que "atienda las necesidades de la Justicia 2021" y que abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo, "con la participación real y efectiva del personal".
CSIF se concentrará el 7 de abril ante el Ministerio de Justicia para exigir más medios tecnológicos y refuerzos de plantilla
Reclama al ministro que "atienda las necesidades de la Justicia 2021" y que abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo
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29/3/2021 16:08
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Actualizado: 27/4/2021 12:36
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentrará el próximo 7 de abril ante el Ministerio de Justicia para reclamar más medios materiales y personales «ante la saturación actual de los juzgados a causa de la pandemia y la ausencia de negociación por parte del titular de este departamento», Juan Carlos Campo.
Así lo informado hoy en un comunicado, en el que ha anunciado que esta concentración será el inicio de una serie de movilizaciones con las que persigue que Campo «atienda a las necesidades de la Justicia 2021 y abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo con la participación real y efectiva del personal» que trabaja en esta administración.
CSIF denuncia que el derecho fundamental de negociación colectiva está siendo «arrinconado de forma sistemática por el Ministerio».
«Se ha utilizado el estado de alarma para sortear la obligación de negociar todo lo que afecta a las condiciones de trabajo del personal de Justicia», asegura este sindicato.
Destaca que «a la Justicia le faltan medios», y que antes de acometer reformas que supongan la privatización o externalización del servicio público, como es el caso de la mediación que se propone en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal que impulsa el Ministerio, «deben ponerse a disposición de ella, todos los medios necesarios para prestar el servicio de forma óptima».
INCREMENTO DE LOS RETRASOS EN LOS JUZGADOS POR EL CORONAVIRUS
CSIF recuerda que hace meses advirtió de la acumulación de asuntos por la suspensión de plazos y el aumento de litigios en todos los órdenes jurisdiccionales a causa de la pandemia.
Expone que los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles «están muy afectados» y subraya que «la ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos».
Señala que «los problemas por el incremento de los retrasos y el empeoramiento del servicio a los ciudadanos los había y los va a seguir habiendo, pero corregidos y aumentados por la crisis».
Además, este sindicato tilda de «pésima» la gestión del Ministerio de la protección de la salud del personal de Justicia durante la pandemia.
Critica que «inicialmente no hubo medios de protección, ni ha habido seguimiento de casos, ni de impacto de la incidencia del virus», y que «se ha excluido a las plantillas de los grupos prioritarios de vacunación».
‘FALTA DE INVERSIONES REALES’
Desde CSIF ponen el foco en que la Justicia «solo va a recibir 410 millones de euros de los 140.000 millones del fondo de resiliencia europeos», una cifra que, a su juicio, es «claramente insuficiente para acometer las reformas pendientes y paliar todas las carencias estructurales».
Recuerda que España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y afirma que se necesitan al menos 19.222 nuevos puestos de trabajo en la Administración de Justicia.
También señala «el mal estado de algunas sedes judiciales en las que no se invierte en su mantenimiento».
NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Por otro lado, CSIF informa que ha rechazado el protocolo de Justicia del teletrabajo, que se ha firmado hoy entre el Ministerio y los sindicatos STAJ y CC OO, «porque establece un sistema de autorizaciones que en la práctica dificultará el acceso al teletrabajo de manera homogénea entre comunidades autónomas, y no se establece la obligación de proporcionar los equipos tecnológicos necesarios a las personas que opten por esta modalidad».
Afirma que no va a tolerar que la reforma de la Justicia «se haga a costa de los derechos del personal ni que suponga una merma de sus condiciones de trabajo».
Según manifiesta a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, el Plan Justicia 2030 «debe tener muy en cuenta el necesario reconocimiento laboral y retributivo de los funcionarios de Justicia y el papel que tienen que desempañar en esta reforma cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio».
El denominado Territorio Ministerio abarlas las Comunidades Autónomas de Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, y la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Civil Central y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
CSIF expresa que siempre ha abogado por el diálogo y la participación en la necesaria reforma de la Administración de Justicia, pero que «si no se abre esa puerta a la participación real y efectiva del personal y al acceso de información concreta sobre los planes que afectan a sus condiciones laborales», les tendrá enfrente.
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