El TC estima parcialmente el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones
Considera que la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, porque pese a que reconoce que se vulneraron los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización solicitada como consecuencia de dicha vulneración. Foto: Carlos Berbell

El TC estima parcialmente el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones

Por la monitorización de su ordenador
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29/3/2021 14:54
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Actualizado: 29/3/2021 16:30
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El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el amparo de una trabajadora que fue despedida de su empresa tras constatar, a través de la monitorización de su ordenador, que dedicaba en torno a un 30% de su jornada laboral a cuestiones profesionales, y el 70% de la jornada restante, a solventar asuntos relativas a su esfera personal.

La Sala Primera del TC considera que la actuación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, pues, pese a que reconoce que se vulneraron los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización solicitada como consecuencia de dicha vulneración.

Por otra parte, el Constitucional, descarta que la nulidad de la prueba obtenida con la violación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, deba llevar aparejada la calificación del despido como nulo, y considera, que no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación que del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) realiza el TSJM al calificar el despido como improcedente, pese a la nulidad de la única prueba en la que se fundamentaba el despido.

En consecuencia, el TC anula la sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Madrid (Sección Cuarta) y acuerda la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la citada resolución para que, en congruencia con lo interesado en el recurso de suplicación en relación con la indemnización solicitada por la demandante, el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

La sentencia del TC está fechada a 15 de marzo y se ha conocido hoy.

La firman los magistrados Juan José González Rivas (presidente), Santiago Martínez-Vares García (ponente), Andrés Ollero Tassara, Alfredo Montoya Melgar, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón.

Cuenta con el voto particular de Balaguer, que muestra su disconformidad con la respuesta que la sentencia aprobada da a la primera queja de la demandante de amparo, que denuncia la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, en relación con el artículo 18.1 y 3, por sostener que el despido debía considerarse nulo.

EL CASO, AL DETALLE

La demandante de amparo trabajaba para una empresa dedicada a servicios relacionados con la tecnología.

En abril de 2017, la empresa le comunicó la apertura de un expediente disciplinario por incumplimientos de la buena fe contractual y desobediencia a las indicaciones de sus superiores jerárquicos.

Para confirmar tales extremos, la empresa decidió poner en práctica el protocolo de monitorización del equipo informático de la trabajadora con el fin de determinar en qué empleaba su jornada laboral.

En mayo de 2017, la empresa le comunicó su despido disciplinario argumentando, entre otras cuestiones, que dedicaba el 70% de su jornada laboral a cuestiones personales y ajenas a su actividad profesional.

El 20 de junio de 2017 la recurrente interpuso demanda laboral ante los juzgados de lo social.

En noviembre de 2017, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid apreció que se habían vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, declarando la nulidad del despido.

Condenó a la mercantil demandada a readmitir a la demandante, abonando los salarios dejados de percibir, y a pagar una indemnización de 6 251 euros por la lesión de sus derechos.

En la sentencia argumentó que “la monitorización del ordenador de la demandante ha permitido a la empresa conocer y grabar todo lo que apareciese en su pantalla, y se ha traducido en el conocimiento de mensajes de correo electrónico, ajenos a lo laboral y por tanto personales, que la actora remitió a familiares y a su asesora legal, como se desprende del contenido de la propia carta de despido”.

Ambas partes interpusieron sendos recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó que la prueba obtenida con la monitorización del ordenador era ilícita por haberse obtenida con violación de los derechos fundamentales, pero calificó el despido como improcedente y, rechazando, por dicha razón pronunciarse sobre la indemnización que por vulneración de los derechos fundamentales se había concedido por el juzgado de lo social.

Entonces, ambas partes interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para la unificación de doctrina, que fueron inadmitidos por auto de la Sala de lo Social en septiembre de 2019.

LA ARGUMENTACIÓN DEL TC

El TC señala en la sentencia que la resolución del TSJ de Madrid impugnada no ha vulnerado los derechos de la trabajadora al calificar el despido como improcedente en lugar de nulo, pues “no puede proclamarse que entre la calificación del despido y la reconocida lesión extraprocesal de un derecho fundamental pueda afirmarse la existencia de una consecutividad lógica y jurídica».

«Dicho en otros términos, no existe un derecho fundamental a la calificación del despido laboral como nulo, por lo que la pretensión de la actora no puede tener sustento en una vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 18.1 y 3 de la Constitución”, agrega.

Por otra parte, entiende que la argumentación del TSJ de Madrid, contraria a trazar una correlación entre la nulidad de la fuente de prueba y la nulidad del despido, no merece ser calificada de arbitraria o de manifiestamente irrazonable, por lo que descarta que la calificación del despido como improcedente lesione el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.

El TC también considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución) al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.

Señala que “el argumento utilizado en la sentencia impugnada para denegar la indemnización consistente en afirmar que no ha existido vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora, debe ser calificado de incongruente, ilógico y contradictorio, pues la propia sentencia reconoce, que se vulneraron los derechos de la trabajadora al monitorizar su ordenador”.

Afirma que “dicha incongruencia no puede salvarse con la referencia a que la vulneración no la haya ocasionado el acto mismo del despido y en consecuencia éste haya sido declarado improcedente», pues el artículo 183.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción socia (LRJS) «cuando dispone que la sentencia que declare la existencia de una vulneración de un derecho fundamental debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, no hace depender el reconocimiento de la indemnización de la calificación del despido, sino del reconocimiento de que la trabajadora ha sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, y ello con independencia de la calificación del despido”.

EL VOTO PARTICULAR

La magistrada María Luisa Balaguer disiente de la sentencia, pues entiende que no se trata de un simple problema de interpretación de la legalidad ordinaria, sino que tiene un alcance constitucional innegable, que habría requerido la aplicación del canon reforzado que tiene establecido este tribunal para supuestos similares a éste, que exige una argumentación axiológica que sea respetuosa con el contenido de los derechos fundamentales en juego.

Señala que, de acuerdo con dicho canon, la respuesta a la pretensión de la actora debería haber sido estimatoria, pues el despido se produce a partir de una patente y grave vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que su empresa monitorizó su ordenador para controlar su rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, y, a partir de esa actuación, procedió a su despido disciplinario.

Ante ello, entiende que la declaración de nulidad del despido era la solución que deriva de la interpretación del artículo 55.5 ET más acorde con la efectividad de los derechos fundamentales afectados, y que es la consecuencia que preconiza para un supuesto como el que nos ocupa la sentencia del TC número 196/2004, de 15 de noviembre, de la que, según afirma, se aparta abiertamente la sentencia, sin seguir el trámite del artículo 13 de la Ley Orgánica del TC, a pesar de la rotundidad de las conclusiones de dicho pronunciamiento.

Señala que ni siquiera cabría aquí aplicar la doctrina de este tribunal sobre los despidos pluricausales, ante la falta de acreditación de la concurrencia de otras circunstancias que permitieran proceder al despido disciplinario al margen de la que trae causa de la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

Por estas razones, la magistrada concluye que en este supuesto no hay más despido que el producido con vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, lo que debería haber determinado que el TC estimara también el primer motivo de amparo.

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