Concentración en Barcelona de interinos en protesta por la temporalidad, celebrada el pasado 19 de marzo.
Admitida a trámite la querella de la Plataforma de Interinos de Cataluña contra la cúpula de la Función Pública de la Generalitat
Antes de interponer la querella, la PIC había encargado un dictamen jurídico al despacho Maluenda Penal sobre las conductas de la Generalitat en los procesos PESCO
|
15/4/2021 12:18
|
Actualizado: 15/4/2021 19:06
|
Hartos de promesas incumplidas y ante los movimientos que la administracion de la Generalitat de Cataluña está impulsando respecto a los procesos de estabilización y consolidación de personal (PESCO) “que al final nos ponen en la calle, sin derecho a indemnización», la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) ha interpuesto una querella contra la secretaria de Administración y Función Pública y la directora general de Función Pública de la Generalitat de Cataluña por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según ha podido saber Confilegal, la querella habría sido admitida por el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona.
Fue interpuesta el pasado 26 de marzo de 2021, y ha sido admitida citándose a las querelladas para que declaren en calidad de investigadas el próximo día 21 de junio de 2021.
Esta iniciativa abre un nuevo escenario en esta lucha de los más de 900.000 funcionarios interinos en toda España porque sean reconocidos sus derechos y puedan ser fijos como ya ha señalado el TJUE en varias sentencias.
No se descarta que en otras Comunidades Autónomas se abra esta via judicial.
Desde este colectivo, una portavoz de la asociación aclara a este diario que con anterioridad se habían interpuesto reclamaciones individuales solicitando la fijeza, se han impugnado convocatorias en el Contencioso, pero “no se ha visto una voluntad política para resolver este problema”.
Los interinos catalanes, como los del resto de España, señalan que en esta situación ha habido una violación de la norma “lo que no se puede es sancionar a la víctima» y que «estos procesos selectivos que ahora se quieren poner en marcha lo que hacen es mandar a la calle a muchos funcionarios interinos porque los méritos cuentan al final”.
Se calcula que en una Comunidad Autónoma como Cataluña puede haber cerca de 90.000 interinos, muchos de ellos integrados en este tipo de plataformas reivindicativas.
El colectivo es muy diverso y abarca desde trabajadores sociales, educadores, personal de administracion y servicio de distintos ayuntamientos y diputaciones de dicha autonomía.
Esta plataforma de afectados se constituyo el pasado 29 de noviembre del 2019, se inscribió en el registro de grupo de interés de la Consejeria de Justicia y empezó a trabajar para que se entendiera lo que está pasando.
Esta plataforma, como la mayoría que operan en el territorio nacional, están adscritas a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal.
“En estos dos años se ha conseguido que la CUP presentará una Proposición de Ley para estabilizar al personal interino. Y se aprobó por unanimidad iniciar la tramitación, pero concluyó la legislatura y esta iniciativa decayó. La idea es que en esta nueva legislatura se active la misma”, explica.
Sin embargo, pese al contexto político favorable, los interinos catalanes denuncian que se siguen poniendo en marcha los procesos PESCO “que realmente no tienen nada de consolidación y estabilización del personal. Son procesos memorísticos, con notas de corte muy difícil de superar”.
Este tipo de procesos, siguen la Disposición Transitoria Cuarta del EBEP y se pueden ajustar para el personal interino, “pero no están bien hechos porque al final muchos interinos se van a la calle. Los méritos se cuentan al final”, indica.
Al final, todas las convocatorias están en el contencioso y la función pública antes de esperar a que se resuelva, convocan ya el examen “creemos que hay muy mala fe. Al mismo tiempo el TJUE lo ha dejado claro”.
Para este colectivo, la situación es muy clara: “Si no hay sanción desde el Estatuto Básico del Empleado Publico (EBEP), la hay en el Estatuto de los Trabajadores».
Afirma que «no es lógico que un trabajador esté veinte años de manera temporal”.
Esta plataforma indica que del total del Cuerpo Superior de la Generalitat hay un 80% de interinos.
“Es el momento de establecer sanciones a las administraciones que abusen de esta practica temporal que ya ha
quedado clara en los tribunales que es abusiva. Si se convocan estos procesos y el interino se va a la calle no hay sanciones establecidas”, aclaran.
Dictamen jurídico demoledor
A la vista de las «graves injusticias» que estaban acaeciendo en sede administrativa, la PIC encargó, a principios de este año, la realización de un dictamen jurídico al despacho de abogados Maluenda Penal sobre la valoración jurídico-penal de las conductas que estaban teniendo lugar en la Administración Pública catalana con respecto a los procesos de estabilización y consolidación de personal (PESCO).
Siendo las conclusiones del mismo favorables para interponer acciones penales, la PIC interpuso querella ante los Juzgados de Barcelona por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña, y contra Pilar Sorribas, directora general de Función Pública-Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña.
Los hechos objeto de denuncia se refieren a la conducta de las querelladas, quienes, actuando en contra del ordenamiento interno y europeo continuaron con la tramitación de ciertas convocatorias de concursos selectivos enmarcados en los procesos selectivos PESCO, omitiendo revocarlos en vía administrativa cuando venían obligadas a ello, sabiendo que dichas convocatorias eran ilícitas.
Con ello, sabían que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos, quienes les advirtieron de la gravedad de su conducta en distintos foros.
En este sentido, por todos los medios posibles a su alcance, la PIC ha intentado que la Administración de la Generalitat de Cataluña dé cumplimiento al derecho interno y comunitario, llegando incluso a participar en la promoción de la Proposición de Ley, del Parlamento catalán, para la estabilización de temporales de larga duración del sector público, sobre la que existe el compromiso actual de reiniciar su tramitación cuando se constituya el nuevo Parlamento, augurando que la Generalitat paralizaría los procesos PESCO a la espera de disponer del nuevo marco legal.
Pero no ha sido así. Todo lo contrario: la Generalitat está acelerando los procesos PESCO, denuncian desde esta plataforma de afectados y advierten que, unilateralmente, sin motivación alguna y en plena cuarta ola de la pandemia, ha convocado a un examen eliminatorio a las trabajadoras sociales, el colectivo más precario de la Generalitat.
Se da la circunstancia que este colectivo lleva más de 20 años sin proceso selectivo y que ha sido duramente castigado por la COVID, en tanto que, principalmente, desarrollan sus funciones en las residencias de mayores, que han sido duramente golpeadas por la enfermedad.
Noticias Relacionadas:
