"Nos hemos ganado una fijeza en nuestro puesto de trabajo”, según Manuel Padilla, vicecoordinador del sindicato de justicia de Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ).
Colectivos de interinos de toda España se movilizan ante la comparecencia del ministro Iceta el jueves en el Senado
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19/4/2021 06:48
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Actualizado: 19/4/2021 12:25
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El movimiento de funcionarios interinos en nuestro país se moviliza ante la pasividad de nuestros políticos. Esta semana se espera una movilización en la capital de España ante la comparecencia de Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública en el Senado.
En dicha comparecencia, Iceta explicará cuáles van a ser los puntos claves de su gestión en este Ministerio.
Se da por descontado que abordará la situación de los funcionarios interinos y varios portavoces de otras formaciones políticas confirman a este medio que esperan preguntarle sobre las soluciones a esta problemática.
Confilegal ha podido saber que el despacho del penalista Andrés Maluenda, que interpuso la querella contra cargos de la Generalitat promovida por la Plataforma de Interinos de Cataluña, ha recibido otras consultas de distintas comunidades autónomas y administraciones para estudiar interponer acciones parecidas.
En cuanto a las reacciones políticas de esta medida, ese mismo día que se daba a conocer la querella, el ministro Miquel Iceta enviaba una carta a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal explicando cual es su postura sobre este contencioso derivando a estos profesionales a Víctor Franco, secretario general de la Función Pública. “El lunes vamos a contactar con él”, señalan.
Iceta ha denunciado que «el sectarismo se ha impuesto por encima de la ley y el sentido común». Foto: EP
“Los políticos han subestimado nuestra capacidad de reacción”, es una frase que lanza Cristina Grúas, portavoz de la coordinadora nacional y de la Plataforma de Interinos de Cataluña.
Dicha entidad ya ha abierto en redes sociales una convocatoria para costear el importe de la querella criminal ya interpuesta.
Sobre la mencionada carta que Iceta envío a la Coordinadora, según ha podido saber Confilegal en ella explicaba el nuevo titular de Política Territorial y Función Pública su deseo de resolver el problema de temporalidad en nuestro país.
También señala que la reunión del pasado 25 de marzo de la Comisión de Coordinación de Empleo Público, de la que ya informó Confilegal, es por donde se va a articular una posible solución.
Curiosamente de forma sorprendente fue excluida la citada Coordinadora de Empleados Temporales de la misma.
En la carta Iceta vuelve a insistir en que la solución del problema se encuentra en la reforma del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP) y sorprendentemente en apostar por procesos de estabilización más rápidos “donde se respeten los principios de igualdad y mérito y capacidad en el acceso a la función pública”.
Proceso que ya ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su ultima sentencia de marzo del 2020, por cierto, que no son válidos para dicha estabilización. Desde la citada Coordinadora nos informan que nuestro país está sujeto al derecho comunitario y a una Directiva 1999/70 aún sin trasponer
Este es uno de los temas que encrespan a los empleados interinos porque son conscientes que, en este tipo de procesos selectivos u oposiciones, pese a tener más experiencia que otros candidatos, tienen todas las de perder en estas convocatorias y acabarían en la calle sin ningún tipo de indemnización.
MAREA DE INTERINOS EN MADRID
A la protesta que tuvo lugar el pasado 11 de abril en las principales ciudades españolas donde se movilizaron miles de vehículos con el lema “Fijeza YA”, la Coordinadora de Profesionales Interinos organiza una movilización hacia Madrid para tomar el Ministerio de Función Pública y el Senado los próximos 21 y 22 de abril para dar cuenta de sus reivindicaciones.
En estos dos días hay un calendario de actividades ya consensuado entre las organizaciones que configuran dicha Coordinadora. “En muchos casos estamos haciendo pedagogía y explicar a nuestros diputados cuál es la situación actual y que soluciones hay para cumplir con la normativa comunitaria”.
Grúas ve que esta labor se está realizando también a partidos políticos, portavoces de los grupos parlamentarios de Función Pública para que tengan la información adecuada sobre este problema
“Confunden el acceso con la sanción. Los procesos selectivos, algunos de ellos recurridos en la vía contenciosa, se quieren poner en marcha sin poner una sanción como ha dicho el TJUE. Es una trampa que ya Europa ya dicho que no sanciona el abuso de la temporalidad”.
A lo largo del día 21, una delegación de esta Coordinadora de Empleados Públicos mantendrá una reunión en el Senado y de representantes del sindicalismo alternativo con los portavoces de la Función Pública. Al parecer ya están confirmados la mayor parte de estos senadores.
“Sabiendo además que el ministro Iceta intervendrá en el Senado el día siguiente, es bueno que conozcan la situación en estos momentos de nuestro colectivo para que le puedan interpelar en búsqueda de alguna solución a esta cuestión que afecta a tantos profesionales”.
Imagen de la última manifestación de interinos en Madrid.
PROPUESTA VETADA POR EL GOBIERNO
Hasta el momento la sensibilidad de estos portavoces a esta problemática ha sido mas bien escasa, destacando la actividad del senador Carlos Mulet de Compromis en pro de resolver el problema existente.
Mulet acaba de presentar de nuevo con más documentación una Proposición de Ley para que debata en el Senado. “Esperamos que Iceta nos diga cómo va abordar este problema de forma clara y que luego lo plasme en el BOE”.
En dos ocasiones anteriores ni se pudo discutir porque fue vetada por el Gobierno.
En esa propuesta se trata de dar cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
Carles Mulet, senador por Compromis.
“En seis años que llevo como senador es la primera vez que visto este tipo de veto. No se admitió a trámite. Tuvo el Gobierno un plazo para presentar una alternativa y no lo hicieron. No es cierto que suponga un coste para las arcas públicas”, explica a este periodista.
La Proposición plantea que el Gobierno constituya un grupo de expertos con el cometido de diagnosticar las causas del incorrecto funcionamiento de los sistemas de selección del personal y propondrá posibles mejoras para evitar la formación de bolsas de temporalidad en el empleo público con organizaciones sindicales representativas en el ámbito del empleo público.
Asimismo, contempla un plazo máximo de un año para proceder a la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas mediante convocatoria extraordinaria de consolidación de empleo público temporal de plazas de carácter estructural desempeñadas durante tres o más años
Se abordaría con un procedimiento de selección que valore méritos, servicios prestados en la Administración y experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria y la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el personal que estuviera ocupando los puestos o plazas afectadas.
Finalmente propone la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el personal que estuviera ocupando los puestos o plazas a que se refiere el artículo tercero, se realice mediante la declaración de “Personal a extinguir”, ya existente en nuestro ordenamiento jurídico interno.
«La carta que nos envía es de buena voluntad, pero no concreta nada. Quiere solucionarlo con los sindicatos de siempre, que en muchos aspectos han creado el problema existente”, según Padilla.
CONVENCER A ICETA
En esta reunión del 21 de abril con los representantes de los partidos políticos también estará el abogado Javier Arauz de Robles para explicar la problemática jurídica del asunto.
A la tarde de este miércoles hay una concentración en los aledaños de la sede del Ministerio de Función Pública para mostrar su desacuerdo con la situación actual.
Será el jueves 22 de abril cuando los asistentes, que se estiman por cientos de toda España acudan al Senado a otra concentración ante la comparecencia del ministro Miguel Iceta ante la Comisión de Función Pública.
“La única solución es una solución política. Una reforma legislativa que no costaría dinero”, aclara Grúas.
Desde esta Coordinadora se explica a Confilegal que el número de procesos selectivos llamados PESCO es bastante alto y que ni siquiera los fallos del TJUE los han detenido en su mayor parte.
Grúas confiesa que pidieron por el Portal de Transparencia todas las actas de la Comisión Sectorial de la Función Pública de la legislatura “y hemos visto que no tienen ninguna intención de regularizar esta situación”.
“Solo quieren acelerar los procesos PESCO y que la gente se vaya a la calle sin indemnización pese a estar años trabajando como interinos. Los interinos por su contrato no tienen derecho a indemnización”, sentencia.
LA JUSTICIA, EN PRECARIO
Manuel Padilla, vicecoordinador del sindicato de justicia de Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ), representación a nivel nacional, sobre todo en Madrid y en Cataluña con delegados de Baleares y Andalucía: “Nosotros nos hicimos sindicatos en el 2019 porque estábamos abandonados por los sindicatos tradicionales. Ellos no veían que hubiera un problema”.
Se estima que 13.000 profesionales de justicia están afectados en juzgados y tribunales, en las peores plazas y peores destinos. ASIJ se incorporó a la Coordinadora Estatal como apoyo a este proyecto nacional en el que los interinos buscan la solución a este problema que se arrastra de años.
Una delegación de este sindicato estará en Madrid los próximos 21 y 22 de abril: «los políticos conocen el problema de primera mano. Al actual ministro de justicia, Juan Carlos Campo, cuando antaño era presidente de la Comisión de Justicia del Congreso ya nos reunimos con él. Llevamos tiempo reuniéndonos con ellos y visibilizar el problema”.
Para este profesional “el problema en la justicia es evidente. Un 20% de los funcionarios de los juzgados es temporal, la mayor parte de ellos son mujeres con lo cual temporalidad tiene un sesgo importante. En Cataluña las cifras llegan al 65%. Otra cuestión son los jueces sustitutos que dependen del CGPJ a lo largo de los últimos años”.
También señala que además de depender del EBEP “en lo que nos atañe también nos regimos por la LOPJ. Nuestro problema es compartido desde el Ministerio de Justicia y del de Función Pública. La principal solución seria la estabilización administrativa de la gente que lleva más de tres años ocupando plazas de forma temporal”.
Sobre el comportamiento del ministro de Función Pública, Iceta, “su carta que nos envía es de buena voluntad, pero no concreta nada. Quiere solucionarlo con los sindicatos de siempre, que en muchos aspectos han creado el problema existente”.
El problema de la gente que está en esta situación de precariedad laboral “no se puede resolver despidiéndoles, porque no tendrían derecho a ninguna indemnización, ni con ofertas de empleo público libre, donde parten con desventaja”.
Padilla aclara que, en justicia, toda la gente que fue cesada del último concurso, para que rompieran el vínculo con la Administración y no demandase fue vuelta a contratar en cuestión de días “sobre todo porque no hay plantilla y se necesita de su experiencia en estos momentos”.
“Los profesionales no queremos que se nos indemnice. No hay ningún baremo o precedente y no podría ser 20 días por año trabajado del habitual despido objetivo en empresa. Sería mucho mayor, pero creo que nos hemos ganado una fijeza en nuestro puesto de trabajo”, asegura.
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