Fabra adeuda casi 920.000 euros a la Agencia Tributaria por una condena por cuatro delitos fiscales en el 'caso Naranjax’', fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros. Foto: EP
El juez propone juzgar a Carlos Fabra por supuestamente ocultar su patrimonio, percibir sobornos y blanquear dinero
El instructor dirige también la causa contra cuatro familiares del expresidente de la Diputación de Castellón y cinco empresarios
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21/4/2021 15:13
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Actualizado: 27/4/2021 09:23
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón propone juzgar al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra, al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero.
El magistrado instructor, Jacobo Pin Godos, también dirige la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas.
En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.
El magistrado-juez de Adscripción Territorial que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado, que da por concluida la fase de instrucción.
El auto, que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado relata en la resolución que Fabra y su mujer, María Desamparados F. B., “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales”.
Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales.
En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio “con el auxilio” de sus hijos Borja y Claudia F. B. y del marido de ésta, Fernando C. I.
Según el juez, la “situación de aparente penuria económica” que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
Señala que también se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Fútbol SAD, Fernando R. A., o el administrador de Facsa, Enrique G. E.
Explica que dichas transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra “en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia”.
El juez atribuye indiciariamente a Fabra, su mujer, sus dos hijos, su yerno y los empresarios Alejandro L. H., Miguel P. F, Fernando R. A. y Fernando R. N. un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios.
También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, “si bien puntuales y no continuados”, en la actuación de Fernando R. A., Fernando R. N., Miguel P. F. y Enrique G. E.
Y considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y Alejandro L. H. como cooperadores necesarios.
En noviembre de 2013, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Frabra a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003.
Ingresó en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid) el 1 de diciembre de 2014 después de que el Gobierno denegara la petición de indulto solicitada por el exdirigente ‘popular’.
Quedó en libertad condicional en abril de 2017, con 70 años, tras cumplir tres cuartas partes de la condena.
La causa que investiga si Carlos Fabra ocultó bienes para evitar pagar la multa de 1,4 millones del ‘caso Naranjax’ fue abierta en 2017, tras una denuncia de la Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
La Policía Nacional registró en septiembre de 2019 el domicilio de Fabra en el marco de esta investigación.
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