El Ministerio les ha emplazado a volver a reunirse en un mes para analizar los informes y "trabajar de manera conjunta en los próximos pasos del anteproyecto"; en la imagen el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero (a la derecha), y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues (a la izquierda)
El Ministerio de Justicia se ha reunido hoy con las asociaciones de jueces y fiscales para explicarles el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales analizan en Confilegal este anteproyecto, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros
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22/4/2021 16:37
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Actualizado: 11/4/2023 11:46
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El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, se ha reunido hoy, por videoconferencia, con las asociaciones de jueces y fiscales para explicarles el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, y que ahora entrará en trámite parlamentario.
Es la primera reunión que el Ministerio de Justicia ha organizado para explicar la nueva norma a los diferentes actores del sector.
Por parte del Ministerio de Justicia también han estado en la reunión Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; y Concepción López-Yuste, directora general del Servicio Público de Justicia.
Por parte de las asociaciones han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar; María Rosario García y José María Fernández, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD); Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Francisco Hazas, de Foro Judicial Independiente (FJI); Esther Moreno y Vicente Garrido, de la Asociación de Fiscales (AF); Jesús Dacio, de Unión Progresista de Fiscales (UPF); y Miguel Pallarés, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Según ha informado el Ministerio, durante el encuentro, el secretario de Estado ha hecho hincapié en que la nueva norma “sienta las bases de una infraestructura organizativa judicial más eficiente y más flexible”.
Zapatero ha destacado la instauración de nuevos gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y letrados de la Administración de Justicia (LAJs).
El secretario de Estado también ha señalado que la nueva norma establece exigencias de unificación de criterios entre los miembros del Tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales.
En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios, que aprovecha la implantación territorial de la Administración de Justicia en todo el territorio, Zapatero ha indicado que es una herramienta a la que pueden ir asociados otros servicios del sector que sirvan de palanca para superar la brecha demográfica y tecnológica.
Borja Vargues ha explicado que este anteproyecto, junto con el de eficiencia procesal, aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros, y el de eficiencia digital, que el Ministerio tiene previsto aprobar en verano, son parte esencial del Plan Justicia 2030.
Vargues ha manifestado que este anteproyecto de ley es fruto de la cogobernanza.
“Es una apuesta en común de todos, sobre todo de las Comunidades Autónomas, las asociaciones de jueces y fiscales, el CGPJ, el Consejo Fiscal, sindicatos y LAJs”, ha expuesto.
LA VALORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES
En el encuentro se ha debatido el anteproyecto y se han hecho nuevas propuestas.
Confilegal se ha puesto en contacto con las asociaciones de jueces y fiscales para conocer su valoración.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, señala que en una primera aproximación, «la iniciativa puede ser una buena oportunidad para revisar un modelo organizativo obsoleto».
No obstante, destaca que «es necesario analizar detenidamente la regulación propuesta, dado que supone un cambio trascendental en la forma de trabajar».
«En particular, habrá que prestar especial atención a la problemática que pudieran suscitar aspectos como la unificación de criterios, la colegiación de decisiones, la figura de los gabinetes técnicos, el nuevo modelo de oficina judicial o las oficinas de justicia del municipio», explica.
En todo caso, subraya que «la implantación solo será posible con una importante dotación presupuestaria y un incremento de la planta judicial».
“Los tribunales de instancia son una de las reivindicaciones históricas que compartimos todas las asociaciones judiciales, por eso estamos esperanzadas, pero con reticencias sobre su implantación», señala la magistrada Natalia Velilla, miembro del Comité Nacional de AJFV y su representante en esa reunión.
Informa que desde AJFV han destacado «la necesidad de garantizar una memoria económica, pues tenemos precedentes como el famoso ‘Papel Cero’ o la Ley del Registro Civil, en los que cualquier modificación legislativa no ha servido de nada por la falta de presupuesto».
«El modelo que se promueve es imposible de implantar sin duplicar la plantilla judicial, aunque sea de forma paulatina: Seguimos siendo los mismos jueces para los mismos asuntos y, además, se pretende que asumamos nuevas formas de trabajar que nos saturen más todavía”, reitera.
Desde la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) informan que la reunión entre el Ministerio y las distintas asociaciones de jueces y fiscales se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, y se han dado un plazo de un mes para un nuevo encuentro.
«Estamos encantados de colaborar con la Administración de Justicia en este proyecto de agilización», expresa la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, y explica que harán un estudio de procesal de cada apartado para hacer aportaciones antes de su entrada en vigor.
En JJpD consideran que «hay que perfilar los Tribunales de Instancia». «Creemos que es muy importante modelar la configuración de los Tribunales de Instancia, tanto de la nueva Oficina Judicial, y en algunos aspectos también la imposición de la mediación», indican.
A Foro Judicial Independiente este proyecto le provoca «muchísimas dudas y preocupación, dado que los tribunales de instancia pueden afectar a la independencia judicial y al trabajo diario de los jueces y magistrados», según ha señalado a este diario la presidenta de esta asociación, la magistrada Concepción Rodríguez.
Además, apunta que le parece «indigno» que el Ministerio les suministrara el documento del anteproyecto, que lleva más de un año elaborando, un día antes de tener la reunión.
A la Asociación de Fiscales le parece que «que hay voluntad» de sacar adelante este proyecto, pero se teme que «quedaría atrás el anteproyecto de atribución de la investigación penal a los fiscales».
«En lugar de ir acompasados y todo de una, la percepción es que hay una voluntad decidida de que este inicie ya su andadura, y que serían las primeras medidas que se adoptarían, pero quedaría descolgado el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal», señala la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
Considera que «hay que hacer una reestructuración de la planta judicial», pero hace hincapié en que «hay que ser cautelosos sobre la forma de hacerlo para respetar sobre todo el principio de determinación del juez natural predeterminado por la ley y algunas otras figuras que aparecen novedosas».
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Dacio, manifiesta que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa presenta «una reforma muy interesante, avanzada, y para modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque lo que reforma sobre todo es la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de planta y demarcación», que son los Tribunales de Instancia y la modificación de los Juzgados de paz, que cambian de nombre para ser la base la organización de los tribunales en toda España».
«Se potenciarían los Juzgados de paz con una Oficina administrativa de Justicia, con más cercanía a todos los ciudadanos en aquellos lugares en los que no lleguen los Tribunales de Instancia porque no sean poblaciones grandes o tengan una al lado que lo sea; y los Tribunales de Instancia son la base, que se organizará por secciones -Sección Civil, Penal, de lo Mercantil, de Vigilancia de Género- pero sin la vieja forma de planta y demarcación judicial», explica.
«Como UPF, debemos recibir con mucho interés esta nueva norma, apoyarla y aprobarla, sin perjuicio de formular las matizaciones y mejoras que se pueden hacer, y con ello mejorarla para que sea aún más eficiente la Justicia en un futuro», concluye.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales coincide con FJI en que «ha sido muy prematura una reunión teniendo el texto un día antes».
En cambio, ve «muy positivo» este anteproyecto, y dice que «da pasos muy firmes en una modernización real de la administración de Justicia, llevándola al siglo XXI», según expone Miguel Pallarés, miembro de la Ejecutiva de la APIF y su anterior presidente.
Destaca que «hay que superar el Partido Judicial». «Hay que hacer una nueva planta judicial. No podemos tener los juzgados diseminados por toda España, como están actualmente; eso es un atraso», expone.
En segundo lugar, la APIF ve «positiva» la implantación del Tribunal de Instancia «porque supone que los jueces realizarían las funciones que les corresponden: Celebrar juicios y dictar resoluciones».
Señala que con el sistema actual, si necesitas más jueces, creas un órgano judicial, con todo lo que conlleva de plantilla, y afirma que «eso es costosísimo», y que «lo que hace falta es un Tribunal de Instancia, en el que se establezcan determinadas secciones y se compartan funcionarios, que es lo que se plantea en este anteproyecto, y supone optimizar los recursos existentes».
El secretario de Estado ha emplazado a las asociaciones de jueces y fiscales a reunirse en un mes, aproximadamente, con el objetivo de analizar los informes y trabajar de manera conjunta en los próximos pasos del anteproyecto.
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