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CSIF denuncia que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa modifica condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia ‘sin negociación’

Critica que el Gobierno haya aprobado este anteproyecto "a espaldas de los funcionarios y sin contar con la opinión de los sindicatos, repitiendo lo sucedido con el Registro Civil y otras normas anteriores"El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, Afirma que existe una "vulneración de derechos fundamentales" por parte del Ministerio de Justicia y no descarta ningún tipo de acción legal contra "este atropello antidemocrático".
| | Actualizado: 27/04/2021 12:36

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado el pasado martes por el Gobierno, modifica condiciones de trabajo sustanciales del personal de Justicia y lo hace «a sus espaldas y sin contar con la opinión ni participación real y efectiva de los sindicatos a través de la negociación colectiva».

CSIF expone que este anteproyecto de Ley «modifica las funciones atribuidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al personal de Justicia, saca de la Administración de Justicia a las oficinas herederas de los Juzgados de paz, quiebra el principio de reserva de función establecido en favor de los Cuerpos Generales y deslocaliza la asignación de destinos en la Administración de Justicia», según ha comprobado en una primera lectura de los 78 folios del anteproyecto.

Esta iniciativa que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, contempla la creación de los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios, que, según el Gobierno, «contribuirán a una gestión más eficiente».

CSIF destaca que «afecta tanto a los destinos, como a las funciones y al propio estatuto jurídico del personal» y recalca que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto «sin haber intentado la más mínima negociación de su contenido, repitiendo lo sucedido con el Registro Civil y otras normas anteriores».

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«Luego dirá el ministro de Justicia que todo en su Ministerio se hace con el consenso y acuerdo de todos los sectores implicados», señala con ironía este sindicato, y subraya que «no es cierto».

CSIF denuncia «vulneración de derechos fundamentales» por parte del Ministerio de Justicia, «el derecho fundamental de negociación colectiva, que está inserto en el de libertad sindical y corresponde a cada uno de los trabajadores y se ejerce de forma colectiva a través de los sindicatos».

Y no descarta ningún tipo de acción legal contra «este atropello antidemocrático».

«En la primera reunión que tuvimos con el ministro, Juan Carlos Campo, el 2 de marzo de 2020, CSIF le transmitió que compartía la necesidad de reformar y modernizar la administración de Justicia, pero hizo hincapié en que las reformas debían contar con la participación real y efectiva del personal de Justicia, aprovechando así el potencial del personal, y que debía suponer también mejorar sus condiciones laborales. En este año, el Ministerio ha mostrado muy poca voluntad de negociación de todos los proyectos que ha ido aprobando y, por esto, estamos en esta situación de conflicto», explica a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.

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Este sindicato indica que el Real Decreto Ley 16/2020 -el de las vacaciones de agosto- «se impuso sin negociación previa» y que lo hizo «aludiendo a razones de urgencia» que, según CSIF, «no era cierto» porque «la ley que convalidó el texto en el mes de septiembre dejó sin aplicar la mayor parte de lo que se proponía inicialmente».

Además, afirma que los programas de actuación en Justicia para 2020 y 2021 para los juzgados de lo mercantil y social «son un fracaso de gestión absoluto». Critica que «sin datos públicos que respalden su aplicación y prórroga, a pesar de que se han pedido y se han comprometido a compartir esa información y el Ministerio aún debe cantidades de dinero a los funcionarios que están participando en estos planes». CSIF manifiesta que el Ministerio también «impuso» dichos planes «sin contar con los sindicatos», y luego los modificó en el mes de septiembre, igualmente sin plantearlo en la mesa de negociación.

De la Ley de eficiencia procesal, cuyo anteproyecto se aprobó a finales del año pasadomanifiesta que «sólo va a suponer la privatización del servicio público de Justicia y un obstáculo más para el ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva a través de un procedimiento de mediación o conciliación previa obligatoria que ya fracasó en 1984».

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Respecto a este anteproyecto de Ley opina que es «inaceptable que se justifique la imposición de otros medios de solución de conflictos son poner los medios adecuados para aumentar la capacidad de respuesta de la Justicia».

Recuerda que, según un estudio del sindicato, «hacen falta 19.300 puestos de trabajo adicionales en toda la administración de Justicia y que seguimos con unas herramientas informáticas obsoletas, ineficientes y lentas».

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Añade que con la nueva Ley de Eficiencia Organizativa «modificará condiciones de trabajo sustanciales», pues afecta tanto a los destinos, como a las funciones y al propio estatuto jurídico del personal de Justicia, y que lo hace «sin permitir la participación de los funcionarios de Justicia, que tienen mucho que decir sobre la falta de medios y la ausencia total de reconocimiento laboral y retributivo por parte del Ministerio de Justicia».

De la Ley del Registro Civil afirma que «va a suponer la devaluación de las funciones del personal de Justicia, que ha sido quien ha mantenido la llevanza de los registros civiles durante años sin reconocimiento». Además, afirma que «se consolida la externalización de parte de sus funciones» (expedientes matrimoniales)

CSIF señala que desde que el PSOE presentó la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 ha transcurrido más de un año y le reprocha que en este tiempo no haya negociado su contenido con las organizaciones sindicales.

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Este sindicato está de acuerdo con que el Registro Civil sea gestionado por funcionarios de justicia, tal y como reclamaron miles de funcionarios en movilizaciones entre 2013 y 2017, pero afirma que «la falta de negociación ha impedido que el texto mejorara con las aportaciones de los sindicatos»

CSIF denuncia que el derecho fundamental de negociación colectiva está siendo «arrinconado de forma sistemática por el Ministerio».

Este sindicato se concentró el pasado 7 de abril frente al Ministerio para denunciar el «deterioro de la Justicia» y exigir más medios tecnológicos y refuerzos de plantilla.

Reclama al ministro, Juan Carlos Campo, que «atienda las necesidades de la Justicia 2021», y que abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo.

Tras la aprobación del Gobierno del anteproyecto de eficiencia organizativa, «de forma unilatera», CSIF manifiesta que «la actitud despectiva del Ministerio hacia el personal de la Administración de Justicia es todavía más evidente y justifica las movilizaciones convocadas por CSIF, que continuarán «hasta que el Ministerio tome medidas y convoque la mesa de negociación con un calendario concreto».