El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que establece un nuevo modelo organizativo que crea tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
El objetivo, según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en rueda de prensa, es dotar al país de un «servicio público de Justicia de calidad, más accesible, eficiente y sostenible».
Este texto, que se integra dentro de la Estrategia Justicia 2030, es la segunda norma de las tres previstas por el Ministerio para la eficiencia de la Administración de Justicia, junto a la ley de Eficiencia Procesal, aprobada en diciembre, y la ley de Eficiencia Digital, prevista para verano.
La ley contempla la creación de tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
Los Tribunales de Instancia
Los Tribunales de Instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada, que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento.
Los órganos de gobierno de estos Tribunales de Instancia serán elegidos por los jueces de forma participativa. En este sentido, Campo ha señalado que «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial» y que «es una norma que ensancha las oportunidades de participación de los jueces en su autogobierno».
Enmarcada en el Plan #Justicia2030, es la segunda norma de las tres previstas por @justiciagob para impulsar la eficiencia de la Administración de Justicia.
Crea 3 figuras fundamentales:
1⃣Tribunales de Instancia
2⃣Oficina Judicial
3⃣Oficinas de Justicia en el municipio pic.twitter.com/De7LZYJB2X— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 20, 2021
El departamento de Justicia sostiene que la nueva ley incrementará la seguridad jurídica y, por tanto, la «previsibilidad» de las resoluciones judiciales, al establecer exigencias de criterios interpretativos comunes entre los miembros del tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales.
Ello no afectará a la independencia de los jueces y magistrados para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado, según ha explicado el ministro.
Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y que podrán estar integrados por miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia.
El nuevo modelo se ha construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España. Habrá 431 Tribunales de Instancia, tantos como partidos judiciales, con el objetivo de alcanzar una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción.
La Oficina Judicial
Respecto a la Oficina Judicial, el anteproyecto flexibiliza y se adecúa para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios y, así, hacer posible su implantación en todo el territorio.
En ese sentido, según el ministro de Justicia, con la experiencia previa y con la inversión tecnológica derivada de los fondos europeos, «es posible reacondicionar la maquinaria al servicio de la actividad jurisdiccional para aprovecharla en todo su potencial».
Oficinas de Justicia
En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios «son la evolución de los juzgados de paz», según ha explicado Campo. El objetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de Justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en cohesión social y territorial.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la designación de Lourdes Arastey como candidata propuesta por España para el puesto de juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Arastey se incorporó el pasado 12 de febrero a un procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad, según el Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por España en la designación de miembros del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En total, se recibieron 25 candidaturas. Fueron preseleccionadas 13 y, finalmente, fue seleccionada Lourdes Arastey.
Tras su paso por el Consejo de Ministros, la candidatura de Arastey se remitirá al Consejo de la Unión Europea, con el objeto de que se pronuncie sobre su idoneidad para el puesto.
El puesto de juez que corresponde a España en el TJUE ha estado ocupado desde 2003 por la abogada del Estado Rosario Silva, que en 2020 trasladó al Ministerio de Justicia su voluntad de no ser renovada en el cargo.
