Los representantes de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias vinieron al Senado la pasada semana para escuchar el ministro Miquel Iceta.
El Gobierno de Canarias y los sindicatos que apoyan a los interinos ultiman un acuerdo para que sean fijos
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26/4/2021 01:00
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Actualizado: 26/4/2021 16:59
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Los integrantes del Comité de Huelga que sufre la Administración Canaria desde enero y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del gobierno autonómico de Canarias, Julio Pérez Hernández, firmarán esta semana un acuerdo para la permanencia del personal no fijo en abuso de temporalidad.
Pérez Hernández y representantes del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) –convocante de la huelga–, la Intersindical Canaria, y el co.bas-sindicatos de comisiones de base, lograron un entendimiento tras una reunión de más de tres horas el pasado viernes.
Este colectivo ha venido realizando una huelga de dos días mensuales desde mediados de enero pasado que ha pasado a cuatro días y una media jornada, apoyados por estos tres sindicatos. Reivindican que sus puestos se conviertan en fijos sin tener que pasar por una convocatoria pública de empleo, ya que muchos de ellos llevan hasta 15 y 20 años trabajando en la Administración.
Por el momento, hasta que no se cierre el acuerdo definitivo se mantienen estos paros.
Así lo explica a Confilegal, Julia Jiménez, vicepresidenta de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (PEFRALCA), entidad creada hace un año y adherida a la Coordinadora Estatal de Personal Público.
Una delegación de esta plataforma estuvo la semana pasada en Madrid para escuchar al ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta, lo que tenía que decir sobre la solución a su problema durante su intervención en el Senado.
La PEFRALCA forma parte del Comité de Huelga, junto con los tres sindicatos movilizados.
“CSIF; UGT y CCOO se han quedado fuera, con lo cual no han podido negociar este acuerdo”, indica.
Esta Coordinadora Estatal ya prepara una marcha en Madrid el próximo 22 de mayo ante su descontento por el plan de choque que el ministro Miguel Iceta pondrá en marcha para frenar la temporalidad en las administraciones públicas “Un plan que no dice que hará con nosotros«.
Jiménez lleva 20 años como psicóloga interina en el servicio de justicia juvenil que depende de la Consejería de Derechos Sociales. “Hemos hecho caso al ministro Iceta y presionado durante meses a la Consejería de Administraciones Públicas para que no pusiera en marcha procesos selectivos. El último amago de convocatoria de diciembre pasado hizo que cristalizara en una convocatoria de huelga».
Según explica, la primera medida será «identificar y catalogar» a las personas que están sujetas a abuso de temporalidad y establecer los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la extinción de su vínculo contractual con la administración.
Aclara que “de la plantilla de 11.000 trabajadores de la Administración General de la comunidad, en torno 3.000 son interinos o temporales, según Función Pública. Cifra que los sindicatos elevan hasta los 4.000, aproximadamente, cerca del 40% del total”.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del gobierno autonómico de Canarias, Julio Pérez Hernández, se ha comprometido a firmar un acuerdo con tres sindicatos que apoyan la huelga para dar la fijeza a los interinos.
DOS GRUPOS DE TRABAJO
Con este objetivo, se constituirán dos grupos de trabajo de composición paritaria entre Administraciones Públicas y el Comité de Huelga, aunque si fuera preciso se crearían otros adicionales.
El primero de ellos será el encargado de identificar a las personas que se califican como sometidas a abuso de temporalidad en el marco de los diferentes departamentos, agencias y organismos autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Un segundo grupo de trabajo tendrá que estudiar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para garantizar la permanencia. Estos equipos quedarán constituidos la próxima semana y a partir de ese momento se establecerá un cronograma de trabajo.
Una propuesta de solución está en la línea del planteamiento expuesto por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que en un informe realizado desde su actual despacho, en la firma EJASO ETL Global, considera que es constitucional una reforma legal que regule la conversión en personal fijo «a extinguir» a los empleados públicos que se encuentren en abuso de temporalidad, para dar así cumplimiento a la normativa y sentencias de la Unión Europea.
Este acuerdo subraya la permanencia “a través de un acuerdo entre Administracion y sindicatos convocantes que no se sacarán las Ofertas Públicas de Empleo de cara a que estos profesionales se queden hasta su jubilación. Aún queda por ver qué nombre recibirá. Ese acuerdo pasaría al convenio colectivo. La mayoría de los profesionales de la Administracion General somos laborales”, señala nuestra interlocutora.
En este escenario, esta nueva semana que acabamos de arrancar, esta previsto que se firme el primer acuerdo mencionado entre ambas partes.
“El acuerdo definitivo se hará cuando sepamos la normativa administrativa y jurídica que se va a contemplar en el convenio colectivo. Para que pase a convenio colectivo tendremos que hacer una asamblea general de todos los trabajadores”, subraya la sindicalista.
UN PROBLEMA ANTIGUO AL QUE NO SE LE HA DADO SOLUCIÓN
El problema de la temporalidad en Canarias tiene ya su antigüedad. Jiménez cuenta que en 1997 se aprobó un Plan de Empleo “antes incluso de que se aprobase el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Un plan en tres fases que no sirvió para mucho, «para no volver a crear una nueva bolsa extensa de temporalidad».
“La mayoría de los que entramos a partir de 1997 hacíamos concursos oposición, pero íbamos al listado de sustituciones e interinidades, pese a que ocupábamos plazas vacantes. Al final no ocupábamos dichas plazas como fijos sino como temporales. Ahora en la negociación hemos denunciado esta situación”.
En su tercera fase el Plan de Empleo se las tuvo que ver con la crisis económica.
“Se suspendieron en el 2008 muchas oposiciones y hemos llegado a la situación actual. Esto hace que más del 70% de los profesionales interinos tenemos entre 15 y 20 años de antigüedad”, señala.
Jiménez reconoce que la situación es muy parecida en todas las Comunidades Autónomas. “Esto ha generado mucha unión entre todas las asociaciones porque la Directiva 199/79 no se ha cumplido hasta la fecha, como así algunos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] claves en este asunto”.
También aclara que en la Administracion General canaria llevan veinticuatro años sin un concurso oposición.
“Se sacaron muy escasas plazas a nivel de educación y sanidad. Están en una situación como nosotros, aunque les cuesta ir a la huelga. En sanidad de los 20.000, 10.000 son temporales. Solo hubo dos ofertas de empleo de unas 1000 plazas cada una. Algunos han acabado en la calle por no superarlo”.
En su opinión, “el problema, está claro, es la mala gestión política de las diferentes administraciones. La solución no es que nos presentemos a procesos selectivos abiertos. Tenemos tanto el problema de la memoria como de nuestras cargas familiares. El 70% de los temporales en la Administración Canaria somos mujeres”.
Desde esta Plataforma se insiste en que “nos hemos podido adelantar a la puesta en marcha de procesos selectivos y ponernos en huelga; primero la intención era ponerlo en marcha en agosto del pasado año y más tarde en diciembre para los que llevamos más años. Pero de momento no se han puesto en marcha”.
En este momento recuerda que “se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento Canario para que se pronunciara sobre el tema. En dicha propuesta se instaba al gobierno canario a que tuviera en cuanta la Directiva 1999/70, la sentencia de 19 de marzo del 2020 del TJUE”.
Dicha iniciativa generó una reunión de colectivos de interinos y el propio consejero de Administraciones Públicas Julio Pérez “en esa reunión señalo que no se iba a sacar ninguna oposición. El tema debe resolverlo el Gobierno de España y ver si en la Ley de Presupuestos Generales se dice algo”.
Los empleados públicos interinos del gobierno canario comenzaron una huelga de dos días a mediados de enero que ahora han aumentado a 4 días y medio. En la foto, manifestándose a favor de su fijeza.
LA HUELGA PRODUCE LA NEGOCIACIÓN
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado señalaba que “en una disposición transitoria se decía que las empresas públicas o fundaciones con contratación privada o el jefe es público. En esa disposición se llegó a decir que algunos organismos públicos que pasaran a su Administración, su personal contratado, laboral o indefinido, iban a quedar como personal fijo a extinguir”.
Para Jiménez “esa opción era un agravio comparativo para nuestro colectivo en abuso de temporalidad y resolvían la cuestión de estos profesionales, de contratación privada quedarse en la administración. Esa opción podría resolver nuestro problema porque en la Ley de Presupuestos no se puede impugnar”.
Ante esta situación “no nos quedó más remedio que poner en marcha la convocatoria de huelga porque iban a sacar ofertas de empleo con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF que son minoritarios en Canarias”.
La huelga se ha desarrollado en los tres primeros meses con dos días al mes de paro total.
“Ahora a partir de abril en adelante se aumentó más la presión ante el inmovilismo del consejero Pérez. Ahora son cuatro días de paro completo al mes y un día de jornada parcial”.
Esta empleada interina recuerda que con este recrudecimiento de la huelga se ha logrado que el consejero Perez se avenga a negociar .“El expresidente Jerónimo Saavedra habló con claridad en un evento en el parlamento canario que el mismo, y otros interinos de la Universidad fueron nombrados ‘funcionarios por Decreto y ya existía la Constitución del 78′».
Sobre el acuerdo que está a punto de cerrarse, Jiménez explica que “hemos seguido al ministro Iceta, que daba libertad a las Comunidades Autónomas para sacar o no plazas para estabilizar a nuestro colectivo. En este mes de abril ya llevamos dos reuniones con la Consejería de Administraciones Públicas. Creo que se asustaron con la cobertura de la huelga, huelga que mantendremos hasta que se regularice nuestra situación”, concluye.
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