Los vocales electivos del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales (AF) han votado hoy en contra del informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que ha sido aprobado hoy por este órgano por seis votos frente a cinco.
El voto favorable de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para superar el empate existente, según ha informado a Confilegal la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal.
Los cinco vocales de la AF -Concepción Talón Navarro, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa Escusol, María Rosa Rubio Ramos- han difundido un comunicado en el que informan de los motivos de su rechazo, y que, según han anunciado en el Consejo Fiscal, formularán un escrito con su voto particular.
En primer lugar, destacan que «la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica», pero que «los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal».
Señalan que «corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad».
Además, recuerdan que las normas que rigen en el derecho penal «impiden la investigación judicial».
Por otra parte, exponen que la redacción del Anteproyecto es «confusa, calculadamente ambigua y contradictoria» y afirman que la rechazan porque «da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal».
Por ello, afirman que «en este contexto tan difuso», la creación de una Fiscalía de Sala resulta «absolutamente innecesaria».
Por último, los vocales de la AF hacen hincapié en que «las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento».
Y concluyen que «la Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación».
Los vocales de la AF han informado que los fundamentos jurídicos de la oposición al Anteproyecto, los abordarán y desarrollarán en un voto particular que presentarán de inmediato.
Para la Asociación de Fiscales, «más allá de reconocer a las víctimas el derecho a conocer lo sucedido durante la guerra y la dictadura, el texto del Anteproyecto tiene unas carencias relevantes desde el punto de vista jurídico y doctrinal», según ha informado a este diario la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
«En él no se aborda intencionadamente el concepto jurídico de justicia transicional ni los principios del derecho nacional e internacional de seguridad jurídica y legalidad», manifiesta.
Además, explica que «entre otras muchas cuestiones que quedan sin abordar, se encuentra, por ejemplo, la Ley de Amnistía, cuestiones todas ellas jurídicas que no se abordan o se estarían ocultando sesgadamente y que de no hacerlo, necesariamente avocarán a interpretaciones del texto normativo indeseadas».
«Y también coloca, calculadamente, al fiscal en una postura indefinida que no se contextualiza adecuadamente y que puede suponer la instrumentalización del Ministerio Público», advierte.
La Fiscalía General del Estado ha señalado en un comunicado que el nuevo Anteproyecto, cuyos precedentes se encuentran en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida como ‘Ley de Memoria Histórica‘- y en la prolija legislación autonómica, pretende, según su exposición de motivos, “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”.
Añade que también, proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de “las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”.
El Anteproyecto crea la figura de un fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.
La creación de este fiscal de Sala supone, según destaca la FGE, «una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario».
Añade que permite la delegación del fiscal general, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, se ordenan estatutariamente las relaciones con el Defensor del Pueblo.
La AF y sus vocales en el Consejo Fiscal insisten en que «la búsqueda de la verdad histórica debería realizarse a través de los órganos administrativos del Estado, al margen del proceso penal».
