La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros (Lugo) por un delito de cohecho en 2007 y le ha impuesto una multa de 75.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y quince días.
El tribunal considera acreditado que cobró 100.000 euros a un constructor y promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.
Los magistrados han tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, pues los hechos ocurrieron y fueron denunciados hace más de diez años, y «no hay justificación ninguna, achacable a los acusados, de que se produjera tal dilación en la culminación de la investigación».
La Audiencia también ha impuesto al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho.
En este caso, optó por la tipificación más beneficiosa para él porque desconoce si el pago fue por solicitud de la secretaria u ofrecido por el acusado.
Además, el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que en aquella época ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros por realizar una anotación favoreciendo un expediente para la construcción de 51 viviendas.
Los magistrados indican en la sentencia que se desconoce quién le indicó “la conveniencia” de añadir la anotación, algo de lo que acusaban a la secretaria, por lo que la han absuelto del delito de falsedad en documento público que le imputaban.
La auxiliar administrativa ha sido condenada a un año y medio de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.
Los jueces señalan que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación que justificase ese pago.
Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.
El juicio se celebró los pasados 29, 30 y 31 de marzo.
La sentencia es la número 59/2021, de 27 de abril, firmada por los magistrados de la Sección Segunda Edgar Amando Cloos Fernández (presidente y ponente), José Manuel Varela Prada y Ana Rosa Pérez Quintana.
La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
