La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años de prisión para el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, a quien acusa de estafar 73.700 euros a cuatro personas, a quienes propuso participar en un negocio con una “alta” rentabilidad cuando su propósito, según afirma el Ministerio Público, no era otro que el de quedarse con el dinero.
El juicio comienza el próximo jueves, 6 de mayo, en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Séptima).
Los querellantes, que están representados por el abogado José María Garzón, socio director del despacho Garzón Abogados, le imputan al abogado, de 70 años, 9 delitos, que suman 42 años de cárcel.
El representante del Ministerio Público sostiene que el 28 de junio de 2.014, Rodríguez Menéndez contactó con I. S. M. con el propósito de proponerle un negocio consistente en la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF en Buenos Aires (Argentina) “dada la alta rentabilidad del negocio”.
Afirma que el acusado no dudó en fingir que tenía contactos en Argentina y le comunicó que su labor se limitaría a las propias de un intermediario, aunque en su ánimo “inicial” estuvo siempre la idea de quedarse con el dinero.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, por ello, el abogado citó en su despacho de Madrid a las tres personas a las que pretendía estafar para que le dieran dinero con la finalidad de cubrir los gastos para la constitución de tres sociedades (Energy Global Investiment S.A., Latin American Petrolium CO e Hidrocarburos American CO), con el fin de que a través de ellas se procediera a la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF.
Indica que el dinero, según les comunicó, también serviría para gastos relacionados con el capital social, pago de impuestos, viajes y otros conceptos, “siendo el acusado quien representaría en forma legal a dichas sociedades y además tramitaría y gestionaría el proyecto de negocio de suministro energético”.
Así, el 2 de julio de 2014, I. S. M. le entregó 4.700 euros en efectivo, una operación que repitió posteriormente ese mismo año en otras tres ocasiones más hasta alcanzar los 23.100 euros.
Señala que lo mismo hicieron las otras personas estafadas A. L. E. O. y la pareja compuesta por C. R. C. y J. V. I., quienes entregaron 27.500 euros y 23.100 euros, respectivamente.
La Fiscalía concluye que Rodríguez Menéndez, “guiado por el propósito de obtener un enriquecimiento injusto, una vez recibidas las cantidades no las depositó en ninguna entidad financiera, y se las quedó para sí».
Indica que las sociedades no fueron dadas de alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República de Argentina (AIFP) ni fueron registradas en el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT), que «se utiliza en el sistema tributario de la República Argentina para poder identificar inequívocamente a las personas físicas o jurídicas autónomas, susceptibles de tributar».
La Fiscalía le imputa un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal.
Además de la pena de cárcel, reclama que se le imponga una multa de 3.600 euros, y que indemnice a I. S. M. con 23.100 euros, A. L. E. O. con 27.500, y a C. R. C. y J, V. I. con 23.100.
