A última hora de ayer, el Gobierno regional desconvocó la rueda de prensa prevista para hoy con el fin de anunciar oficialmente el acuerdo entre el Ejecutivo de Canarias y el Comité de Huelga de los trabajadores afectados por el abuso de la contratación temporal en la administración general de la comunidad autónoma.
Fuentes de ese Comité de Huelga confirman a Confilegal que el Gobierno regional habría recibido una petición expresa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que lidera el socialista Miquel Iceta para estudiar en profundidad ese principio de acuerdo antes de su aprobación.
Los trabajadores temporales exigen que se respeten los términos negociados y han anunciado concentraciones este viernes. Estos profesionales llevan desde el mes de enero para intentar revertir la situación de más de 4.000 profesionales temporales.
Desde la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) califican de de hipocresía el trato del ministro Iceta hacia el personal público temporal en abuso.
El pasado 22 de abril, el ministro afirmó en el Senado que, en relación a la solución al abuso de temporalidad, “hay límites constitucionales”.
Pues bien, desde esta Coordinadora, a día de hoy siguen sin encontrar ningún límite constitucional que impida sancionar a la Administración que abusa de la temporalidad, así como tampoco se encuentra ningún principio constitucional que permita a la administración vulnerar el derecho a un trabajo digno y, por tanto, no precario.
“Más bien, todo lo contrario, encontramos en la Constitución el principio de legalidad en la actuación de la Administración, legalidad incumplida por más de veinte años en los que el Estado español incumple la Directiva 1999/70/CE”, advierten.
Para este colectivo, en un Estado Social y Democrático de Derecho, no puede calificarse sino de vergonzoso el pretender sancionar a la víctima del abuso de la temporalidad y, aún más, el hecho de privilegiar a las administraciones que incumplen la legalidad vigente, negándose a sancionarlas.
El reciente Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea, afirma elocuentemente que la transposición del Derecho de la Unión en plazo constituye uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo.
Y es que, en caso contrario, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada, así como la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de las directivas.
Sin embargo, no hay urgencia en relación con la falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE, que afecta a más de 800.000 empleados públicos en todo el Estado, a pesar de que el Estado español tiene abiertos diversos procesos de infracción al respecto.
También señalan que el personal público temporal en abuso, el que más tiempo lleva en nuestros servicios públicos, sigue amenazado por el cese en su puesto de trabajo a consecuencia de los mal llamados procesos de consolidación y de estabilización (PESCO).
Iceta defrauda en el Senado
Precisamente, en la citada comparecencia en el Senado, ante la total falta de concreción del ministro sobre las medidas para proteger al personal público temporal en abuso y con fecha inmediata de cese, se le requirió para que se pronunciara sobre la posibilidad de excluir plazas de las Ofertas Públicas de Empleo ocupadas por personal en abuso.
«Nosotros no podemos» , respondía el ministro, «los que sí pueden no utilizar los puestos concretos son las Administraciones de las que dependen», «vamos a hacer una recomendación del Ministerio para que no utilicen esas plazas». «Eso no lo puede decidir pero sí lo puedo recomendar y así lo haré”, continuaba el ministro.
Pues bien, o el ministro ha faltado a su compromiso, o bien, lo que entiende por recomendar es impedir que las Comunidades Autónomas lleguen a ningún acuerdo que proteja al personal abusado.
Así ha ocurrido en Canarias, donde la indefensión y desprotección del personal público temporal abocado al cese ha provocado que se hallen en huelga desde enero, con lo que ello conlleva sobre un colectivo de trabajadores perjudicado por la precarización. Aunque, finalmente, su tenacidad había llevado a un principio de acuerdo con el Gobierno canario.
Sin embargo, ese acuerdo, indican desde la Coordinadora, ha sido paralizado por el ministro de Política Territorial y Función Pública. El perro del hortelano, ni ofrece soluciones, ni permite soluciones.
