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Los vocales de la AF en el Consejo Fiscal explican, en un duro informe, su oposición al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

Puerta de la Fiscalía General del EstadoEl Anteproyecto recibió el apoyo de la Fiscalía General del Estado pero se saldó con una profunda división entre los miembros del Consejo Fiscal, quienes lo aprobaron por 6 votos a 5. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
| | Actualizado: 02/05/2021 11:28

Los cinco vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal han hecho público un duro informe contra el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que fue apoyado por la mínima por este órgano consultivo en su reunión del pasado 29 de abril.

La AF considera que, si bien la sociedad y las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica, sin embargo, «los denominados juicios de la verdad no forman parte del proceso penal».

«Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones –especialmente historiadores–, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial«.

También consideran «absolutamente innecesaria» la creación de una Fiscalía de Sala del Supremo para coordinar el trabajo de justicia y reparación de las víctimas.

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«El Anteproyecto presenta una clara ambigüedad respecto de las funciones que debe asumir el Ministerio Fiscal, pues en su Disposición Final Segunda parece decantarse por un modelo de investigación en el marco de un procedimiento penal, imponiendo al Ministerio Fiscal a través de la reforma de su Estatuto Orgánico el ejercicio de la acción pública cuando existan indicios de delito, pero no resulta así del texto articulado en el propio Anteproyecto», explican en el informe los cinco vocales electos que lo suscriben, Concepción Talón Navarro, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa EscusolMaría Rosa Rubio Ramos.

Y añaden: «Ello genera una importante confusión, que debe rechazarse en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal».

«No puede sostenerse que la investigación en la que en su caso deba intervenir el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y de los derechos humanos se orienta al mecanismo de justicia restaurativa, ya que este ni siquiera forma parte de nuestro ordenamiento jurídico».

En una tercera conclusión, la AF reconoce el derecho de las personas físicas y asociaciones de familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y la postguerra a conocer la verdad, las circunstancias de su fallecimiento y el lugar de enterramiento.

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«La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos de reparación», concluyen.

APROBADO CON EL VOTO DECISIVO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El voto de la fiscal general, Dolores Delgado, fue decisivo para que la Fiscalía General del Estado avalara el texto, que contempla sanciones para los actos de exaltación del franquismo y suprime cualquier tipo de subvención a las asociaciones que hagan apología del régimen, anula los juicios sumarios de la dictadura, crea una fiscalía especializada y obliga al Estado a identificar a las víctimas enteradas en fosas.

Fue aprobado por 6 votos a 5. Los cuatro de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales –Aurelio Blanco Peñalver, Carlos García-Berro Montilla, Inés Herreros Fernández y Eduardo Navarro Domínguez–, el del fiscal inspector, Fausto José Cartagena Pastor, y el de la fiscal general del Estado, contra los cinco de los vocales de la Asociación de Fiscales.

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El teniente fiscal, número dos de la Fiscalía, Juan Ignacio Campos Campos, no asistió a la reunión.

El informe del Consejo Fiscal no es vinculante pero es obligatorio para que se realice la tramitación parlamentaria.

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Tras la votación, la Fiscalía General del Estado distribuyó un comunicado en el que valoraba positivamente la iniciativa parlamentaria: “El anteproyecto sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre este Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Es un texto que consta de 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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El objeto de esta ley, dice el citado Anteproyecto, es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.

Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura.

Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas.

Y declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.