El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, ha acordado la conclusión del sumario respecto de la exconsejera catalana Meritxell Serret i Aleu, procesada en marzo de 2018 por los supuestos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Serret, que fue consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se encontraba huida en Bélgica desde octubre de 2017 y el pasado 11 de marzo se entregó voluntariamente ante el Supremo, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz, para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Regresó desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlamento de Cataluña tras los últimos comicios.
En un auto dictado hoy, Llarena dispone que se remita testimonio de la causa junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes a la Sala competente para revisar la conclusión, previo emplazamiento de las partes por término de quince días ante la misma.
El magistrado expone que en este sumario, el 21 de marzo de 2018 se dictó auto de procesamiento por los presuntos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos contra Serret, habiéndose sobreseído la tramitación de la causa por su situación de rebeldía.
Tras el recurso de reforma interpuesto por la procesada, el auto fue confirmado por Llarena el 19 de marzo de 2019 y por la Sala de Apelación en auto dictado el 21 de junio de 2019.
Con posterioridad al sobreseimiento de las actuaciones, Serret se entregó en marzo y compareció ante Llarena, quedando en situación de libertad provisional y a disposición de la presente causa.
El 30 de abril prestó declaración indagatoria, y Llarena le comunicó formalmente su procesamiento.
El magistrado explica que se ha recabado su hoja histórico penal y que se han practicado cuantas diligencias se estimaron oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin que se hayan reclamado nuevas indagaciones.
Llarena dejó en una pieza separada a los procesados huidos de la Justicia que han sido declarados en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel.
SERRET RECONOCE QUE DESOBEDECIÓ AL TC, DICE QUE LO HIZO POR ‘MANDATO POPULAR’, PERO NIEGA PAGOS PARA EL 1-O
Sobre la presunta malversación, dijo que desde su departamento «nunca se incurrió en ningún gasto que pueda considerarse delictivo».
Serret declaró durante algo más de una hora ante Llarena, un representante de la Fiscalía y la abogada de VOX Marta Castro, que ejercita la acusación popular en esta causa.
La exconsejera estuvo arropada a las puertas del Supremo por una delegación de líderes separatistas encabezada por el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts Pilar Calvo y el de la CUP Albert Botrán, que reclamaron una Ley de Amnistía como «solución democrática» en Cataluña.
PSOE, PP, VOX y Ciudadanos se opusieron ayer al recurso presentado por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP contra la tramitación de dicha ley impulsada por los independentistas.
De las cuatro formaciones con asiento en la Mesa de la Cámara, sólo Unidas Podemos, apoyó que se calificara la iniciativa para que, al menos, pudiera debatirse. También respaldaron el recurso PNV, Bildu y el Grupo Plural.
El pasado 23 de marzo, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, apoyándose en el informe de los letrados, y con los votos de PSOE, PP y VOX, inadmitió la iniciativa por inconstitucional.
Con toda probabilidad, será definitivamente rechazado la próxima semana por la Mesa de la Cámara.
