«El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha desautorizado a la letrada del rapero Pablo Hasél, Alejandra Matamoros, recordando que el ‘derecho a odiar a la Policía’ no está amparado por la defensa de su cliente», según ha informado hoy la Confederación Española de Policía (CEP).
Este sindicato denunció el pasado mes de febrero a la letrada ante el Colegio por unas declaraciones que la letratrada hizo en las que «reivindicaba el derecho a odiar a los policías nacionales, se negaba a condenar la violencia en las calles de Madrid y Barcelona del pasado 17 de febrero» y acusaba al Cuerpo de «torturar y maltratar indiscriminadamente a ciudadanos».
La CEP considera que la letrada habría vulnerado el Código Deontológico de la Abogacía Española, en su artículo 3, con unas declaraciones “impropias de un profesional del Derecho».
Tras recibir la denuncia, el ICAM abrió expediente a la abogada, y el sindicato ha informado en un comunicado que finalmente ha sido archivado.
El CEP exponía en su denuncia que la abogada había intervenido en dos programas de televisión, el 17 y 18 de febrero, en los que había declarado, en relación con los detenidos por los graves disturbios en la Puerta del Sol de Madrid vinculados a la detención del rapero “no condenamos a una persona que se haya defendido de la Policía”, que “por supuesto que hay gente que odia a la Policía mucho”, y añadió que “no solamente lo sé, sino que reivindico el derecho a hacerlo”.
Según explica el sindicato, el ICAM concluye en un acuerdo adoptado el 26 de abril que las polémicas manifestaciones vertidas por Matamoros “son ajenas al ejercicio de la Abogacía, de tal suerte que la cualidad de letrada que en ella concurre es meramente circunstancial y, por tanto, no están amparadas por el derecho de defensa de su cliente, rechazándose así (…) el alegato exculpatorio de la interesada”.
El sindicato explica que la letrada, en su defensa en este expediente profesional, «ha insistido en que su ataque a la Policía Nacional era un opinión personal, justificando nuevamente lo que ella considera “su derecho a odiar a la Policía”, cuestión que califica de “opinión jurídica” amparada por una reforzada libertad de expresión de los profesionales de la abogacía».
Señala que el ICAM, en el acuerdo, evita pronunciarse sobre el contenido de las declaraciones de su colegiada», algo que la Confederación Española de Policía entiende que es «en un ejercicio de equidistancia que en poco contribuye al respeto institucional frente a declaraciones que incitan y fomentan el odio a un colectivo como el de los policías nacionales».
No obstante, dice que «sí establece que el argumento exculpatorio aportado la abogada Alejandra Matamoros no tiene cobertura profesional».
La CEP señala que «pese a esa desautorización expresa, de manera sorprendente, el responsable de Deontología Profesional del Colegio concluye que ‘los hechos denunciados se refieren a actuaciones ajenas al ejercicio profesional de la abogacía, a la que se no se extiende la potestad disciplinaria colegial, toda vez que la Sra. Matamoros profirió sus declaraciones en un acto que nada tiene que ver con su actividad como abogada, sino con la exposición de sus ideas'».
Añade que la decisión del Colegio, por tanto, ha supuesto el archivo del expediente disciplinario «por tratarse de una actividad por completa ajena al ejercicio de la abogacía, quedando por ello extramuros de las competencias de esta Corporación»
Para el CEP, este acuerdo deontológico, que la CEP considera «un ejercicio de corporativismo lamentable que puede fomentar la impunidad de quien se arropa en su profesión para insultar y despreciar a un colectivo funcionarial de más de 67.000 personas en medios de comunicación».
Pese a ello, el sindicato «sigue valorando positivamente la carta que les remitió en febrero su decano», José María Alonso, que trasladó a este sindicato su «total y absoluto apoyo a la gran labor que realiza el Cuerpo de Policía velando por los intereses y la defensa de los ciudadanos».
