El Gobierno ha abierto hoy la posibilidad de «realizar cambios legales adicionales» para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si se desprende la necesidad de las resoluciones del Tribunal Supremo (TS), el encargado de unificar criterios para todo el país.
Así lo ha señalado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario El País, en la que manifiesta que es «razonable» que si hay disparidad de criterios sea el Supremo el que «marque la pauta común».
«¿Quién si no iba a hacerlo?», ha dicho.
Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes.
El ministro ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. «Una posibilidad específicamente prevista» en la «legislación» que el Gobierno «ya se ha comprometido a apoyar», ha señalado.
Pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con «mecanismos suficientes» en el ordenamiento jurídico para afrontar «la fase de la pandemia» actual.
«Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública», concluye.
EL PP OFRECE AL GOBIERNO SU PLAN B JURÍDICO PARA ‘ACABAR CON EL CAOS’
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado hoy la disposición de su partido a hablar con el Gobierno para cambiar la ley y dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, y ha ofrecido la propuesta del grupo popular registrada hace un mes en el Congreso.
El dirigente del PP ha recordado que su partido registró un Plan B jurídico en el Congreso para que, a partir del 9 de mayo, «entrase en vigor la ley de pandemias que permitiese a las comunidades autónomas gestionar estas cuestiones de una forma autónoma».
García Egea ha indicado que esa iniciativa se puede debatir ya y «en 15 días se acaba con este caos», con esta «inseguridad jurídica».
Según ha explicado, el PP lo que ha querido estos meses es «tener instrumentos jurídicos que permitiesen controlar la pandemia».
«Ahora mismo las CCAA no tienen libertad para proteger la pandemia porque no existen herramientas e instrumentos jurídicos para luchar contra ella», ha agregado.
García Egea ha rechazado que pueda volverse a decretar un estado de alarma para afrontar el coronavirus. «Esa fase del chantaje legislativo ya ha pasado», ha añadido, y ha criticado que el último estado de alarma fuese de seis meses y sin control parlamentario.
ENRIQUE LÓPEZ: EL GOBIERNO HA SIDO PEREZOSO
Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha criticado hoy al Gobierno, al que ha tildado de «perezoso».
Ha dicho que este Ejecutivo «encuentra tiempo» para regular cuestiones como el «suicidio asistido» y no para dar «certidumbre jurídica al país».
López ha recordado que el PP ha presentado dos proposiciones de ley en este sentido, y ha lamentado que el Gobierno no haya accedido a modificar la ley orgánica del año 86 a pesar de que el presidente del PP, Pablo Casado, se lo pidiese en abril de 2020, «precisamente, para articular instrumentos que permitan regular derechos fundamentales en supuestos como en los que estamos».
López también ha cargado contra el Gobierno por «obligar» al Tribunal Supremo a que «dote de calidad a una ley que no tiene calidad», dejándole como el competente para unificar los criterios y las restricciones en toda España.
«Para eso está el legislador», ha subrayado López.
«El Gobierno no ha asumido su responsabilidad y se la ha atribuido al Supremo. Eso es dejadez política», sentencia.
