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Campo presenta en el Congreso su proyecto Justicia 2030

El nuevo modelo de Justicia se basa "en la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad”, ha explicado el ministroJuan Carlos Campo compareció ayer, a petición propia, en la Comisión de Justicia para informar sobre el plan. Foto: MJ
| | Actualizado: 20/05/2021 12:58

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compareció ayer por la tarde, a petición propia, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar su proyecto Justicia 2030.

Según ha explicado, la hoja de ruta de Justicia 2030 implica la transformación del modelo de Justicia de España, con el objetivo de impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia, como palancas de la transformación del país.

EL DOSSIER DEL PROYECTO PARA DESCARGAR

Campo ha indicado que el nuevo modelo de Justicia tiene tres objetivos: accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.

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¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL PLAN?

Está organizado en 9 programas, con 27 proyectos y 47 subproyectos, “todos ellos con un impacto real, seguimiento y memoria económica”, según ha explicado el ministro.

Campo ha informado que el Plan Justicia 2030 se está implementando de forma progresiva. Ha explicado que los primeros proyectos se están desarrollando desde el comienzo de la pandemia y que esta progresividad se va a mantener a lo largo de los 10 años de estrategia.

El ministro ha destacado que su objetivo es que todos los grupos de la Cámara se sumen al proyecto, ya que “nos merecemos un gran acuerdo de Estado sobre las políticas públicas de Justicia para los próximos 10 años”.

«Justicia 2030 tiene un rumbo que hemos sido capaces de orientar conjuntamente. Es precisamente este esfuerzo colectivo el que nos permite pensar más allá de una legislatura. Pensar a 10 años, que es lo que nuestra sociedad y la Administración de Justicia necesitan», ha señalado en su intervención.

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«Estamos haciendo la política que interesa a la ciudadanía, la que forja acuerdos amplios para resolver problemas reales y mejorar la Justicia», ha añadido, y parafraseando a Albert Camus, ha señalado que «todo compromiso con el futuro consiste en darlo todo en el presente».

ACCESIBILIDAD 

El primer objetivo, ha indicado el ministro, es hacer accesible la Justicia, «es decir, conectar con la sociedad y la ciudadanía”. Para ello, Campo ha hecho hincapié en el sistema de Justicia gratuita, como “baluarte de la universalización de la tutela judicial efectiva”.

El ministro también ha destacado la Ley del Derecho de Defensa, un texto legal en el que se está trabajando y que recoge todos los aspectos que este derecho contempla y que afectan al desempeño profesional de los operadores jurídicos, a la tramitación de los procedimientos y al acceso de los ciudadanos a la Justicia.

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 Además, ha destacado que este año se dispone de 44 millones de euros, más lo que destine cada Comunidad Autónoma, para garantizar que todo el mundo puede acceder a una defensa de calidad.

Por otro lado, Campo ha señalado que para hacer accesible la Justicia, «también tenemos que contar con sus profesionales”.

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Para ello, ha destacado la Oferta de Empleo Público de 2020, en la que se ha aprobado la creación de 1.452 plazas de nuevo personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia para los sistemas general de acceso libre y de promoción interna. De este modo, ha indicado que “se cubre al 100% la tasa de reposición de las bajas producidas en 2019”.

Juan Carlos Campo, durante su intervención en la Comisión de Justicia, que comenzó a las cinco de la tarde. Foto: Congreso

El ministro se ha referido a la convocatoria de las 540 nuevas plazas para jueces y fiscales convocadas en apenas un año. De ellas, 300 pertenecen a los presupuestos prorrogados de 2018, y las otras 240, a los nuevos PGE 2021.

En cuanto a los juzgados, se han creado en 2020 un total de 33 y en 2021 se van a crear 60 nuevas unidades judiciales, en el contexto de los planes de choque, según ha expuesto.

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El ministro también ha hecho referencia a la iniciativa denominada ‘Diálogos institucionales’, “un foro que nos permite hablar de Justicia con todos sus protagonistas en los territorios», en la casa de los abogados, «porque son el nexo más importante entre la Justicia y la ciudadanía”.

Asimismo, Campo ha señalado que el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el nuevo Estatuto de la Abogacía recogen «importantes medidas en el ámbito de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y de la conciliación laboral y familiar». Y ha destacado que el anteproyecto contempla la aprobación de días inhábiles del 24 al 31 de diciembre.

El ministro también ha destacado la importancia de la accesibilidad a la Justicia de los colectivos más vulnerables. Ha explicado que para ello, se han reforzado las unidades de valoración forense integral, con un nuevo protocolo para VIOGEN aprobado y con cinco nuevas unidades, pasando de las 24 Unidades de Valoración Forense a 29.

También se ha dotado de más recursos a las oficinas de atención a las víctimas del delito, con 35 nuevas plazas para profesionales, ha añadido.

En cuanto a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), ha señalado que en 2020 se han dedicado más de 600.000 euros a programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad.

EFICIENCIA

El segundo objetivo del Plan Justicia 2030 es el de eficiencia. Campo ha explicado que «se centra en tres grandes leyes: la Ley de eficiencia organizativa, la de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

Campo ha recordado que la futura ley de eficiencia organizativa, cuyo anteproyecto se aprobó en el Congreso el pasado mes de abril, establece un nuevo modelo organizativo que crea tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

En cuanto a los Tribunales de Instancia, Campo ha especificado que se pasa de tener más de 3.500 tribunales, a tener 431, uno por partido judicial, y ha destacado que con ello se mejora “la accesibilidad de la ciudadanía que ya tiene una puerta única a la que acudir”.

Campo también ha puesto en valor que con la ley de eficiencia organizativa se incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la “previsibilidad”, al facilitar el establecimiento de criterios comunes entre los miembros de un tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales, y requerir motivación en el caso de apartarse del criterio común. 

Respecto a la Oficina Judicial, ha indicado que se flexibiliza y se adecúa el modelo, acabando con una estructura rígida y muy dependiente de la adecuación de espacios. Según ha señalado, el desarrollo y la implantación tecnológica reducen esa dependencia y permite, por ejemplo, el trabajo deslocalizado.

El tercer pilar en el que se basa la ley de eficiencia organizativa son las Oficinas de Justicia en los municipios. El ministro ha expuesto que “son la evolución de los juzgados de paz y tienen como objetivo llevar más y mejores servicios a todos los rincones del país, sobre todo, a ese tercio de la población que vive en áreas rurales”.

Las 7.700 Oficinas de Justicia serán atendidas por personal de la Administración de Justicia. Ha detallado que 3.050 personas de forma presencial van a resolver los problemas de la ciudadanía, en especial de las personas mayores del mundo rural. En algunos lugares de forma permanente, y en otros con periodicidad semanal.

“En cada pueblo habrá una persona detrás de un ordenador para ayudar a tramitar, declarar o gestionar. La justicia a mano”, ha apuntado el ministro.

En relación a la futura Ley de Eficiencia Digital, cuyo anteproyecto fue aprobado también el pasado mes de abril por el Congreso y que está en consulta pública previa, ha dicho que se trata de generar un marco normativo para la digitalización de la Justicia y permitir el desarrollo de las herramientas que conecten con la eficiencia organizativa y procesal, “la Justicia que usa los algoritmos y las matemáticas”.

Campo ha afirmado que hoy los usuarios tienen a su disposición «más y mejores herramientas de comunicación que permiten la celebración de reuniones virtuales, evitando desplazamientos innecesarios”.

Desde el inicio de la pandemia se han creado 6.560 salas de videoconferencia móvil, para facilitar más de 310.000 horas de videoconferencia, ha explicado.

Además, según Campo, se ha dotado a esta nueva realidad de soporte normativo, seguridad y tecnología, “de tal modo que hasta el momento se han realizado más de 300.000 comparecencias virtuales: Un ahorro de tiempo y de recursos extraordinario”.

SOSTENIBILIDAD 

Campo ha hecho hincapié en que los objetivos de Justicia 2030 son contribuir al proyecto país, a la transición económica, social y ambiental. “Sí, la Justicia puede y debe contribuir a la recuperación económica”, ha indicado.

En este sentido, Campo se ha referido a la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1023, que incorpora novedades en materia de insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad, que “va a suponer una profunda reforma de nuestro sistema de Derecho concursal”.

El ministro ha dicho que la emergencia climática “nos obliga” a cambiar la mirada sobre la economía y sobre la sociedad. Y ha añadido que “la sostenibilidad también es económica y social», y que «sostenible es el teletrabajo”.

Juan Carlos Campo, en la Comisión de Justicia del Congreso
La Comisión de Justicia escuchando la comparecencia del ministro Juan Carlos Campo.

El ministro también ha destacado la cogobernanza como eje transversal del proyecto Justicia 2030, y ha recordado que su Ministerio cuenta con 410 millones hasta 2023 provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de transformar la Administración de Justicia. 

De los 48,44 millones de euros designados para este año, 20,7 se han distribuido a las CCAA con competencias transferidas. 

También ha expicado que nos han concedido 20 millones de euros más, que están destinando a la modernización de las infraestructuras, compra de portátiles para las autonomías territorio Ministerio, para el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial de España, así como para otros proyectos de la Dirección General de Transformación Digital del Servicio Público de Justicia. 

Campo ha anunciado que “en las próximas semanas vamos a firmar los acuerdos para los primeros 60 millones de euros, y estamos trabajando para duplicar esa cantidad”, con el objeto de ajustar las líneas de financiación de la rehabilitación sostenible que se van a aplicar en las sedes judiciales.

«Tenemos los recursos, la hoja de ruta y la capacidad de llegar a acuerdos. Hagámoslo”, ha emplazado al resto de fuerzas políticas.