De acuerdo con un informe elaborado por el grupo sanitario UTE Ribera Salud, que gestionaba el hospital hasta 2018, en los dos últimos años se ha incrementado el gasto anual en 72 millones de euros, se han creado 800 nuevas plazas de personal público y el absentismo ha pasado de un 2,66 en 2018 a un 4,36 en 2020.
El Supremo afronta una trascendente decisión sobre si la Administración debe velar por la buena gestión del dinero público
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25/5/2021 01:00
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Actualizado: 26/5/2021 10:54
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Porque eso es lo que, en suma, debe decidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en respuesta al recurso de casación interpuesto por la entidad UTE Ribera Salud, admitido a trámite.
Este grupo sanitario construyó el Hospital Univesitari de La Ribera, en Alzira, Valencia, en 2003 y gestionó la atención sanitaria integral hasta 2108, en lo que se conoce como gestión indirecta.
El llamado “modelo Alzira”, de gestión privada de este hospital público, se aplicó por impulso del entonces presidente de la Generalitat, el popular Eduardo Zaplana. Este defendió que los hospitales podían construirse como otras obras públicas, por medio de concesionarias, que recibirían un canon fijo anual suficiente para amortizar la inversión y obtener beneficios.
Un modelo de financiación que, precisamente, está estudiando el gobierno autonómico de Madrid, también del PP, para levantar la futura ciudad de la justicia de Madrid.
El actual gobierno autonómico valenciano está formado por una coalición de signo distinto ideológico contrario formada por el PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís. Su presidente es el socialista Chimo Puig.
En 2017 la Consejería de Sanidad de esta Generalitat comunicó a la UTE Ribera Salud que, siguiendo el acuerdo suscrito en 2003, que estableció 15 años de explotación del mismo, desde 2018 asumiría la gestión directa del hospital, sin dar posibilidad a la prórroga de cinco años contemplada en el contrato.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) -ante la que recurrió UTE Ribera Salud-, le dio la razón a la Generalitat valenciana inadmitiendo el recurso interpuesto por el grupo sanitario, participado en un 90 % por Centene Corporation (90%), una empresa puntera en el sector sanitario de Estados Unidos, y Banco Sabadell (10%), contra la reversión de la gestión.
UTE Ribera Salud argumentó que la decisión adolecía del necesario estudio económico previsto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria.
El TSJCV rechazó, de forma expresa, la necesidad de dicho estudio económico.
EXISTE INTERÉS CASACIONAL
Ese desenlace dio pie al recurso de esta casación ante el Supremo, que ha sido admitido, precisamente, por la ausencia de dicho informe o memoria económica previsto por esa ley, que valora las “repercusiones presupuestarias” de la decisión adoptada.
Lo que ha supuesto, en suma, pasar de un sistema de gestión indirecta a otro de gestión directa, siendo el primero menos costoso para el erario público que el segundo.
Dicho artículo dice que “los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
El Supremo ha entendido que existe “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” con el fin de aclarar si el acto administrativo por el que se ha acordado no prorrogar el contrato cuando la Administración asume la gestión directa “está supeditado a la valoración de sus repercusiones y efectos económicos” en virtud de citado artículo.
El grupo sanitario tenía contratados a 1.581 profesionales y contaba con personal estatutario del Departamento de Salud de la Generalitat que, juntos, sumaban 2.072 personas.
LA GESTIÓN DIRECTA, MÁS COSTOSA E INEFICAZ QUE LA GESTIÓN INDIRECTA
De acuerdo con un estudio realizado por la UTE Ribera Salud, comparando su gestión indirecta con la gestión directa actual, desde marzo de 2018, cuando la sanidad pública valenciana asumió el control, la plantilla ha aumentado hasta los 2.878 profesionales.
“Un total de 806 profesionales más que los que tenía el departamento de la Ribera en marzo de 2018. El incremento de plantilla, por tanto, es del 38,90 % en 22 meses”, dice el informe.
Además, la cifra de gasto de personal, en dos años, se ha incrementado más de un 52 %, pasando de los 113.265.693,89 euros a 172.465.576,67 euros.
Los datos asistenciales son peores. Cuando el hospital estaba gestionado por el grupo sanitario, la lista de espera era de 57 días. En enero de 2020, con la gestión directa de la Generalitat, se había elevado a los 78 días. Un incremento de casi un mes en dos años; y los pacientes que esperan más de 90 días se han triplicado.
El grupo sanitario subraya que todos los indicadores –demoras en las consultas, pruebas, etc.– han empeorado, “pero no nos es posible cuantificarlo con datos contrastables”.
Y añade: “El único dato relevante que hemos podido contrastar es la derivación a la clínica privada Tecma de más de 6.000 ecografías hasta la fecha y la ubicación permanente de un camión propiedad de Eresa para derivar más de 3.000 resonancias hasta la fecha. Esta circunstancia no se ha había producido nunca hasta la reversión y demuestra la gran demora existente en consultas y pruebas ambulatorias”.
La UTE Ribera Salud llama también la atención sobre el aumento del absentismo del personal.
“El último dato del personal laboral del Departamento de Salud de La Ribera [con la gestión indirecta] en marzo de 2018 fue del 2,66 %, con 1.304 días perdidos por esta causa. En enero de 2020 [ya con la gestión directa] el dato ascendía a 4,36 %; lo que supone un incremento del 63,91 %, con 3.893 días perdidos”, precisa.
La conclusión final que se desprende de la comparativa de ambas gestiones es que con la reversión del hospital a la Generalitat valenciana se ha incrementado el gasto anual y recurrente en 76.225.621,50 millones de euros, se han creado más de 800 plazas de personal público, lo que no ha impedido, como hubiera sido de esperar, que se redujeran las listas de espera. Todo lo contrario.
A tenor de los datos aportados por la UTE Ribera Salud, no es el caso de que la administración del dinero público sea la más eficaz.
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