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El Congreso avala la ‘Ley rider’ que obliga a contratar a los repartidores

Convalida el RDL de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores "para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales"Se tramitará como Proyecto de Ley, por el procedimiento de urgencia, lo que permite a la Cámara introducir modificaciones. Foto: Congreso
| | Actualizado: 11/06/2021 10:00

El Pleno del Congreso convalidó ayer el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como ‘Ley rider’, que obliga a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses.

Se tramitará como Proyecto de Ley.

Por este Real-Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo, se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, «para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales».

Ha quedado convalidado con 195 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones.

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A favor han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias.

PP, VOX, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Además, se ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, con 320 votos a favor, 26 en contra y una abstención, lo que podrá introducir modificaciones a través de enmiendas.

El objeto de esta norma es «proteger a los trabajadores de entornos digitalizados, así como regular la relaciones laborales por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto».

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Para ello, propone una nueva redacción al artículo artículo 64.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la que «se reconoce el derecho del comité de empresa a conocer el funcionamiento de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afecten a las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».

De igual forma, presenta una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto cuando la empresa ejerza la organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio.

La finalidad de este Real decreto-ley, que ha sido defendido en Pleno por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es dar protección a las personas que trabajan en el entorno laboral digitalizado, así como regular la relación trabajo por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

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El texto da rango legal al acuerdo alcanzado el pasado 10 de marzo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, tras el trabajo desarrollado en una mesa de Diálogo Social.

Afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores. Es decir, no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

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La norma modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en dos aspectos. Añade un nuevo párrafo al artículo 64.4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a «ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
En segundo lugar, introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Durante su defensa del Real Decreto-ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado «late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa».

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La vicepresidenta se refiere a la doctrina contenida en la STS 805/2020, de 25 de septiembre de 2020, que impone, de ‘lege ferenda’, la adopción de una solución legislativa que procure un panorama necesario de normalización y seguridad jurídica para personas trabajadoras y empresas.

La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20 de enero de 2015 (recurso 587/2014), y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual.

«A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio», ha aseverado, destacando que esto «supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias».

La ministra ha recalcado que una prestación de servicios «será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste», algo establecido por el Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina.

¿POR QUÉ HAN VOTADO EN CONTRA PP, VOX Y CS?

El PP denuncia que esta ley «no era urgente, ni ambiciosa, ni incluyente, ni fruto del diálogo», en palabras del portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz.

En el debate en el Congreso, el diputado del PP Diego Movellán ha explicado que considera que la nueva regulación requiere «mayor debate y consenso», cree que el decreto ley contiene «más ideología que contenido» y que su propósito responde al interés del Gobierno de «hacer la vida imposible a los autónomos».

«Hoy estuvimos de nuevo con las asociaciones de riders que quieren participar en la regulación de las plataformas digitales que definirá su futura relación laboral. Frente al rodillo del Gobierno apostamos por una tramitación en que todos los sectores implicados tengan voz», publicado después en Twitter.

Cientos de repartidores pro-autónomos -más de 300 procedentes de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Gijón o Albacete, según los organizadores- se concentraron ayer a las puertas del Congreso contra esta Ley han denunciado que las consecuencias negativas de la nueva normativa ya están comenzando a percibirse en el sector.

En la protesta han reclamado la dimisión de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y han exigido poder continuar como autónomos y no trabajadores asalariados. Foto: Eduardo Parra/EP

En declaraciones a los medios, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, ha criticado la regulación al considerar que les «discrimina» y les «priva la libertad de flexibilidad» que, ha dicho, han contado hasta ahora como autónomos.

«Queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual, sino mejorado como en Francia e Italia, con mayor protección, pero en ningún caso con un contrato precario», ha aseverado, asegurando que los contratos que ofrecerán ahora las plataformas, a través de «empresas externas», les remunerarán «en el mejor de los casos con 400 o 500 euros y, aun así, poniendo vehículo y móvil propios».

Según ha informado, en la concentración han recibido el apoyo de representantes de los grupos parlamentarios PP, VOX, Ciudadanos y PDCat.

El partido de Santiago Abascal, que también ha votado en contra, sostiene que a ‘Ley Rider’ «no soluciona los problemas de los trabajadores». Afirma que «en lugar de protegerlos, los condena a la precariedad».

VOX ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad por no ver justificada la urgente necesidad necesaria para este tipo de iniciativas.

Su portavoz laboral, Juan José Aizcorbe, ha señalado que la regulación es «un canto de sirena», y que fija «trabas» y «barreras» a los trabajadores. Asimismo, ha puesto en cuestión la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.

VOX manifiesta que la Ley Rider del Gobierno está «negociada a espaldas de la mayoría de asociaciones y trabajadores» y que los ‘riders’ «necesitan una ley que les regule, les proteja y que no les deje a merced de la precariedad».

También ha cuestionado la regulación por decreto la diputada de Cs María Muñoz, pues lo ve «incompatible» con que se dé tres meses para empezar a aplicarlo. «A riesgo de que nos llamen explotadores, no podemos apoyar este despropósito», ha señalado.

«Regular el trabajo de los riders requiere sensatez y rigor», destaca esta diputada, quien también considera este «otro Real Decreto-ley del Gobierno que no cuenta con la opinión de los afectados (riders y empresas) ni con el impacto económico de la norma».

«No es cuestión de quién se cuelga la medalla. Es responsabilidad», destaca.

PSOE: ‘VOTAR EN CONTRA ES SER CÓMPLICE DEL ESCLAVISMO’

Por su parte, la diputada del PSOE Mercé Perea ha subrayado que aprobar la ‘Ley Rider’ es generar certidumbre.

Manifiesta que votar contra este Real Decreto-ley «es ser cómplice de la precariedad, de la pobreza y del esclavismo», y que en esta postura está una «derecha neoliberal que pretende la desregulación salvaje».

«Para que luego digan que luchar y organizarse no sirve para nada», ha dicho el portavoz laboral de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, recordando el trabajo de ‘riders’ durante los últimos años por regularizar su situación, llevando a los tribunales a las plataformas y que ahora se traduce en una nueva ley.

Marta Rosique, de ERC, ha celebrado la regulación, pero también le ha afeado a la vicepresidenta de Trabajo su retraso para abordar reformas en la subcontratación. Preguntándose si irá «sector por sector», le ha reprochado que la nueva regulación únicamente abarca al sector de reparto, dentro del ámbito de las plataformas digitales.

Oskar Matute (Bildu) se ha preguntado «en qué cabeza cabe que una empresa de reparto tenga cero empleados». Asimismo, ha señalado que, hasta ahora, al no abonar cotizaciones las empresas han defraudado, y eso implica menos dinero para el sistema de Seguridad Social y sus pensiones.

«No son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a colectivos desfavorecidos para lucrarse», ha afirmado Josep Pagès, portavoz laboral de Junts.

PP, VOX y Ciudadanos han exigido su tramitación como Proyecto de Ley para poder introducir cambios.

Se ha abierto el plazo para presentar enmiendas al articulado, así como enmiendas a la totalidad de texto alternativo.

Si se presenta alguna enmienda a la totalidad, se someterá a debate de totalidad ante el Pleno, y si solo se registran enmiendas al articulado el texto se enviará a la comisión correspondiente para continuar su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

Este Real Decreto-ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, de tal forma que las empresas afectadas cuentan con ese periodo para adoptar las medidas necesarias con el fin de aplicar la nueva normativa.

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