Soy consciente de que esta columna de opinión podría levantar ampollas, pero creo que era más acertado correr el riesgo a la crítica, que continuar en silencio en una pseudo complicidad.
La “justicia patriarcal” que “criminaliza” a Juana Rivas, haciendo una clara alusión a las niñas Anna y Olivia recientemente asesinadas, decía la ministra.
Como abogado penalista que se patea a diario los juzgados por desgracia, yo le diría a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que en parte no le falta razón.
La justicia falla, pero no falla porque sea “patriarcal”, “machista” o “feminista”. La justicia falla por muchos motivos que no deberían de abordarse únicamente con tintes ideológicos, si realmente lo que se busca es su mejoría.
La justicia falla, porque nuestras leyes penales son, muchas de ellas, ineficaces. Falla porque está obsoleta.
Falla por la clamorosa inseguridad jurídica y por la falta de medios, pero también a veces falla, por la desidia de algunos jueces.
¿Es justo que una menor que espera un juicio oral contra su padre por abuso sexual no tenga un auto que suspenda las visitas de familia?
¿O acaso es justo que una menor verbalice ante el juez, el abogado defensor, la fiscalía y una psicóloga en la fase de instrucción los abusos sufridos, pero que el día del juicio, cinco años después, se bloquee, no dice nada y el abusador quede absuelto porque el Tribunal entiende que no hubo prueba de cargo?
En mi opinión, creo que la culpa es de un sistema penal en muchos aspectos imperfecto. Un sistema penal que se limita a cumplir lo necesario sin cumplir con los suficiente.
¿Tenemos cámaras Gessel en los juzgados? Sí. En el papel si, pero estas no se usan adecuadamente.
Los menores tienen que acudir al juzgado, esperar en los pasillos y posteriormente ven a una psicóloga que nunca han visto esperando relatarle en minutos o segundos los abusos sexuales que han sufrido durante meses atrás y por los que pueden estar bloqueados.
¿Acaso esto es serio?
Pero hitos así por desgracia se repiten con otros elementos procesales desde algunos médicos forenses, que sin explorar a la víctima y basándose únicamente en los documentos que hay en el proceso penal, emiten informes en uno u otro sentido que determinará el futuro de una niña, o un niño, a equipos psicosociales que no se entrevistan con las partes en profundidad por saturación de la agenda.
O si lo hacen, se limitan a cumplir un formulario para llenar un trámite con resultados y conclusiones, deontológicamente incompletos.
Sin embargo, no hemos de engañarnos con tintes ideológicos, la Ley Integral de Violencia de Género, que se incorporó en el año 2004, es una ley que no protege lo suficiente a las víctimas como podemos comprobar pero que tras 17 años desde su incorporación es la mejor herramienta para que el presunto abusador o maltratador la use para desvirtuar la veracidad de una denuncia penal.
Si se inicia una denuncia penal por un presunto abuso sexual, de oficio por la policía o por el hospital que ha atendido a la víctima, los juzgados y la fiscalía, (que no nos olvidemos del papel de los fiscales), se preocupan más en analizar si existe algún proceso de divorcio o separación, guardia y custodia, inminente.
Lo cual es idóneo si sirve para conocer el motivo real de la denuncia, pero sin olvidar que el fin último tiene que ser la búsqueda irrefutable de la verdad, y a veces, por desgracia, si nos encontramos un divorcio previo y que nada tiene que ver con la causa penal, que las ramas terminan impidiendo ver el bosque.
Muchos abusos sexuales, pueden teñirse por las debilidades de un proceso penal lento y llenos de trámites en un papel anclado en 1882, en una aparente “discusión de familia” si no se puede demostrar: que la denuncia es veraz, que nada está en juego en ámbito de familia (ni la custodia ni un fin económico) y que la menor o el menor, ha sufrido realmente los hechos denunciados.
Por ello, puedo coincidir con la ministra Montero en que la justicia en muchos casos falla, pero no comparto que sea por un principio patriarcal de nuestros jueces.
España tiene excelentes jueces. La mayoría de ellos, valientes y muy justos en la búsqueda de la verdad, pero por desgracia, el sistema (con leyes ineficientes y lentas, falta de recursos, unos profesionales saturados y técnicas insuficientes para la búsqueda de la verdad), que unido a ciertas resoluciones judiciales incomprensibles, quedan fuera de control real.
Primero porque no son recurridas o porque si lo son, se recurren y son resueltas meses después careciendo de su fin, que nuestra Justicia a veces, en estas situaciones, más allá de la ideología, falla.
