Es la séptima denuncia que presenta la Fiscalía Provincial de Madrid contra residencias de ancianos por su gestión en la pandemia de coronavirus.
La Fiscalía denuncia a tres médicos de una residencia por no realizar seguimiento a un paciente que falleció deshidratado
Les imputa sendos delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro
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16/6/2021 11:05
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Actualizado: 16/6/2021 11:05
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La Fiscalía ha denunciado a tres médicos de una residencia de la tercera edad privada de Madrid, Orpea Madrid Buenavista, por un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro.
Se trata de K. S. R. J., D. J. A. C. y A. M. D. S., a quienes acusa de no haber realizado un seguimiento a un paciente a quien ya se le había diagnosticado episodios anteriores de deshidratación y que presentaba falta de masa corporal.
El Ministerio Público sostiene que el usuario falleció “fruto de la omisión de un adecuado sistema de hidratación”.
Según expone en la denuncia, en la residencia fallecieron entre el 8 de marzo y el 23 de mayo de 2020 un total 69 de sus usuarios, 11 de los cuales habían sido derivados previamente a un centro hospitalario.
De los fallecidos en las instalaciones, 25 presentaban sintomatología compatible con el Covid-19, mientras que solo un usuario tenía el diagnóstico confirmado.
Durante esos meses, la residencia desarrolló medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la pandemia, incluyendo el desarrollo de un sistema de comunicación permanente con una doctora del Hospital Universitario 12 de Octubre como geriatra de referencia, relata la Fiscalía.
Mientras, los responsables del seguimiento y control de los residentes seguían siendo los doctores que prestaban sus servicios en el centro.
La Fiscalía explica que a lo largo del periodo pandémico la residencia trabajó con médicos diferentes de los que constituían su equipo habitual, toda vez que los tres que trabajaban en la residencia tuvieron que cogerse la baja laboral.
Señala que en el caso del usuario A. A. M. ninguno de los tres denunciados, que se hicieron cargo de su seguimiento a partir del 19 de marzo, detectó la gravedad del cuadro clínico de deshidratación severa e infección respiratoria por COVID-19 que padecía, “por lo que no pautaron un adecuado tratamiento y no activaron el protocolo vigente”.
El usuario comenzó a mostrar sintomatología el 10 de marzo, una situación que se agudizó “de manera ostensible” siete días más tarde.
Los médicos que le atendieron en primera instancia presentaron un diagnóstico de posible malnutrición, un problema que ya había sido detectado meses antes por lo que el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla pautó un control y seguimiento del paciente y que acudiera a urgencias en caso de empeoramiento de la sintomatología clínica.
A pesar de ello, no consta que los tres médicos denunciados hicieran un seguimiento al paciente hasta que el 24 de marzo las auxiliares informaron de que el usuario parecía presentar fiebre, subraya la Fiscalía.
Indica que ese mismo día, “tras una semana sin haber sido objeto de atención sanitaria y con la escasa hidratación indicada”, K, S. R. J. realizó una visita ante el decaimiento que presentaba el usuario.
“En su informe no hizo constar nada relativo a la deshidratación, que es razonable pensar que padecía (…) y, se limitó a prescribir una prueba de glucemia de hidratación del usuario”, destaca.
Además, explica que en estas visitas de la doctora, que los otros dos doctores responsables ni siquiera llegaron a hacer, no se detectaron síntomas de infección respiratoria y se consideró que había una mejoría clínica del residente. Por su parte, los familiares se mostraron disconformes con la valoración al ver que su padre se encontraba en una “pésima” situación clínica y que requería de un traslado hospitalario urgente, apunta.
El usuario falleció finalmente el 8 de abril, según la Fiscalía, “fruto de la omisión de un adecuado sistema de hidratación, y la ausencia de un tratamiento específico por posible infección respiratoria”.
Considera que el usuario se vio privado de la posibilidad de tener un tratamiento médico “acorde a sus necesidades en un centro hospitalario”.
Esta circunstancia le lleva a concluir que si se hubiera cumplido la normativa de que en el periodo pandémico el fallecido hubiera sido pautado y seguido por el equipo geriátrico del Hospital Universitario 12 de Octubre, lo “razonable” es pensar que la enfermedad se hubieran detectado a tiempo “y, eventualmente, evitado las complicaciones cardiacas y, finalmente, su fallecimiento”.
Esta es la séptima denuncia que presenta contra responsables de residencias de mayores de Madrid por su gestión en la pandemia de coronavirus.
La anterior denuncia, que se conoció ayer, es contra la directora de una residencia de Pozuelo de Alarcón donde fallecieron cuatro ancianos que vivían en condiciones de higiene «deplorables».
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