Los interinos en Cataluña están yendo más allá: presentando querellas, como esta, contra dirigentes de la Generalitat en defensa de sus intereses. En la foto, frente al Palau de la Generalitat, sede del gobierno autonómico catalán.
Dos exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña, querellados por interinos, comparecen hoy ante una juez de Barcelona
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21/6/2021 06:50
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Actualizado: 21/6/2021 06:50
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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, ha citado hoy a declarar a dos altos cargos de la Generalitat de Cataluña, contra los que la Plataforma de Interinos de Cataluña ha presentado una querella por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
La querella, admitida a trámite el pasado mes de marzo, ha sido interpuesta por el abogado penalista Andrés Maluenda en nombre de la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) contra la que fuera secretaria de Administración y Función Pública, Annabel Marcos, y a la exdirectora general de Función Pública de la Generalitat, Pilar Sorribas.
“Los hechos objeto de denuncia se refieren a la conducta de las querelladas, quienes, actuando contrariamente al Ordenamiento Jurídico -tanto interno como comunitario-, prosiguieron con la tramitación de ciertas convocatorias de concursos selectivos enmarcados en los los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleados públicos (PESCO), omitiendo revocarlos en vía administrativa cuando venían obligadas a ello, sabiendo que dichas convocatorias eran ilícitas”, explica Maluenda.
“Con ello sabían que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos quienes les advirtieron de la gravedad de su conducta en distintos foros. El no haberlos contestado supone igual que hubieran dictado una resolución injusta”, subraya.
En estos procesos PESCO puntúa en un 40 % los méritos acreditados por el aspirante (experiencia previa como funcionario y formación digital) y el 60 % restante se decide en la oposición.
Semana clave la que ahora se inicia, con las negociaciones que vuelven este lunes entre Ministerio de Función Pública y Administración Territorial y los sindicatos mayoritarios y donde ha trascendido que se van a presentar nuevos procesos selectivos; se baraja la posibilidad de indemnizar a los profesionales en fraude de ley con una indemnización parecida a la del despido improcedente,
Además, mañana martes, 22 de junio la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, celebrará un Pleno, convocado por la presidenta, María Luisa Segoviano, donde los magistrados convocados analizarán si es el momento de dar un giro a la jurisprudencia del Supremo que por el momento no condena el abuso de estos profesionales desde el 2019 en el que hubo un cambio de tendencia.
Andrés Maluenda representa a la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) en esta querella.
NEGOCIACIONES MÁS CLARAS
Según explica el abogado Pau Martí, que lleva defendidos más de quinientos casos en Cataluña de reclamaciones en las jurisdicciones contenciosa y laboral, vinculado a la Plataforma de Interinos de Cataluña, así como de impugnación de convocatorias de oposiciones, solo en una Comunidad Autónoma como Cataluña esa cantidad podría ascender en la horquilla que va entre los 2.000 millones y 5.237 millones de euros.
Los cálculos hechos por este colectivo tienen en cuenta la indemnización por despido improcedente de 33 años por año trabajado y 24 mensualidades a la que se ha añadido 20.000 euros más “la indemnización mínima va desde los 20.000 euros. Por un interino que lleve diez años grupo A 1, técnico superior, nos saldría una indemnización de 60.000 euros donde ya viene fijada una compensación por daños y perjuicios”.
En cuanto a los datos de temporalidad en las administraciones catalanas, podrían estar por encima de los 93.000 profesionales, aunque no hay datos exactos de los que están en fraude de ley.
“Nosotros los separamos por cuerpos y les asignamos un sueldo bruto con una antigüedad de diez años La media de salario era de 2.200 euros mensuales y a partir de aquí aplicamos las indemnizaciones. Lo máximo que nos sale son 5.237 millones de euros. Si fuéramos a lo mínimo la cantidad estaría sobre los 2.000 millones”.
Para este experto, quizás la mejor solución sería “un concurso de méritos restringido para aquellos profesionales en abuso de temporalidad. Así todo el personal interino accedería a la función pública. Creo que respetaría el sistema interno español”.
“En el caso de que no sea restringido no sea posible, se podría establecer un concurso de méritos extraordinario en entorno libre, eso daría a que entraría el 90% entrarían. Aquellos que no lo aprobasen se les podría dar automáticamente la indemnización”, indica.
Pau Martí lleva defendidos más de quinientos casos en Cataluña de reclamaciones en las jurisdicciones contenciosa y laboral.
INDEMNIZACIONES DISUASORIAS
Pau Martí está convencido que la indemnización debe ser disuasoria para que las administraciones públicas realicen un proceso selectivo de la forma legalmente establecida, para que esas personas aprueben, de esa forma se ahorrarían muchas indemnizaciones”.
Desde su punto de vista “estamos ante un sistema perverso para ahorrar indemnizaciones para que se queden los que ya están trabajando. Todo el mundo debe entender el procedimiento.
“El Estado español no puede asumir las indemnizaciones que ya se barajan”.
Este jurista señala que la indemnización que Iceta ha filtrado a algún medio “es para aquellos que pierdan el empleo, siempre y cuando se les reconoce la situación de abuso. Habrá que ver que norma sacan y establece unos parámetros para que se pueda reconocer de oficio este abuso”.
Martí cree que esa indemnización “aunque es a futuro también se aplicará las personas que ya están en situación de abuso”.
Podría pasar que se acabase en la vía judicial porque no se establece en la normativa española los parámetros para fijar desde qué momento el interino está situación de abuso. Entonces nos encontraremos con el problema de ahora. Que los jueces no reconocen la situación de abuso”.
DEFINIR CUANDO EL INTERINO ESTÁ EN SITUACIÓN DE ABUSO
Desde su punto de vista “es mucho más importante que se establezca claramente a partir de que momento el interino está en esa situación de abuso”.
“Nos podemos encontrar con un interino que lleve doce o quince años trabajando y la jurisdicción social o contenciosa administrativa dicen que no hay abuso. Es fundamental que se reconoce el abuso”.
Sobre la querella interpuesta, Andres Maluenda acudirá hoy al jugado con el ánimo de interrogar a estas dos funcionarias de la Generalitat que ya no ocupan estos puestos de función pública.
“Estamos en la fase instructora y han sido citadas como investigadas a declarar. Podemos encontrarnos con tres escenarios: que se acojan a su derecho a no declarar y se reduzca la defensa a aspectos técnicos; que declaren solo a preguntas de su abogado para dar una explicación concreta y, la tercera hipótesis, que contesten a ambas partes”, aclara.
También explica que “estas personas ya no ostentan los mismos cargos que cuando se admitió la querella con el cambio de Gobierno en Cataluña. Pero eso no cambia nada. Se les reclama responsabilidades por hechos que se produjeron durante su mandato. Han cambiado de cargo. Sin embargo, la Generalitat no ha tomado ninguna medida cautelar sobre ellas. Junts per Catalunya y ERC han cambiado muchas consejerías y en este caso ha sido así”.
De cara a la comparecencia de hoy, Maluenda quiere que estos altos cargos de la Generalitat expliquen porqué tomaron aquellas decisiones tan desfavorables para los interinos yendo en contra de toda la jurisprudencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“Estamos pendientes de ver que hacen las respectivas consejerías con los nuevos fallos del TJUE de 3 de junio y el auto de 10 de noviembre que subrayan que no es correcto convocar procesos selectivos para estabilizar a estos profesionales”.
En la actualidad, la Generalitat de Cataluña es una de las Comunidades Autónomas que sigue convocando procesos selectivos y agilizando todo lo posible.
«Es posible que sean conscientes de la irregularidad de los procesos y que la UE en breve puede empezar a imponer sanciones y están intentando convocar y cerrar dichos procesos selectivos urgentes de cara a intentar resolver el problema de la temporalidad», relata.
Al mismo tiempo en Cataluña se ha reactivado la proposición de ley que la CUP presentó en la anterior legislatura.
Según ha podido saber Confilegal, está admitida a trámite por procedimiento de urgencia. Se prevé que habrá un texto para votar a mediados del 2022.
Pau Martí señala que “con esta proposición se define en que momento el interino está en situación de abuso. Se habla de tres años. Se dice en la propuesta que ese trabajador quedará como indefinido a extinguir en el puesto de trabajo. Ese es el punto de partida, de la Comisión Parlamentaria que se va a constituir el próximo mes de septiembre para impulsar esta iniciativa”.
Desde el despacho de Maluenda, a través de este procedimiento judicial se está reclamando documentación a la otra parte para conocer con mejor detalle actuaciones concretas que hubieran llevado a cabo las querelladas en este procedimiento.
Este abogado penalista, ahora vinculado a la Coordinadora Estatal de Personal Interino, ha mantenido contacto con una decena de comunidades autónomas interesadas en ver como se vertebra una querella criminal desde la prevaricación de la administración. Interpondremos querellas si realmente lo vemos claro y hay visos de que prosperen realmente”.
Los profesionales de este despacho están analizando la actividad de dichas Comunidades autónomas y uno de los elementos que estudian es cómo se han convocado los procesos selectivos, (PESCOS) que no han cesado de impulsarse en todo el territorio español y en el que muchos interinos están perdiendo su sitio en su correspondiente administración.
“Es difícil replicar la situación de Cataluña que estamos llevando en estos momentos a otros procedimientos. Se trata de estudiar caso por caso para ver la viabilidad de otras querellas criminales en otras localizaciones”, concluye.
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