El diputado letón Boriss Cilevics ha asegurado hoy ante el Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que los políticos enjuiciados por el Tribunal Supremo de España por su implicación en la organización ilegal del referéndum de independencia de Cataluña no fueron ni acusados ni condenados por el delito de corrupción.
Cilevics, evidentemente, «olvidó» que el exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, fueron condenados por dos delitos: sedición y malversación de fondos públicos.
La cantidad de dinero malversado fue, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, 4.146.274,97 euros.
«Me gustaría destacar que estos políticos no fueron condenados por corrupción. No fueron acusados por corrupción. Y no se mencionó la corrupción en absoluto. Así que esta enmienda [planteada para que se incluyera este aspecto] es simplemente irrelevante. Y con respecto a la malversación de fondos públicos, lo pueden leer en el informe, pero la cifra exacta de pérdidas no se menciona en el veredicto. Sí, la malversación de fondos públicos es un delito castigable en todo los países», admitió Cilevics durante una de sus intervenciones.
Cilevics se agarró al hecho de que no se cuantificó la malversación en la sentencia.
NO HIZO LOS DEBERES EN SU VIAJE A ESPAÑA
El diputado letón, evidentemente, no hizo todos los deberes cuando vino a España para hacer su informe.
De otra forma, tenía que haber sabido que el Tribunal Supremo ordenó en su sentencia al Tribunal de Cuentas que cuantificara la cantidad malversada y la exigiera.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas concluyó que habían sido los 4,1 millones mencionados y que los 4 condenados habían devuelto la cantidad en dos veces. La primera, el 20 de febrero de 2020. Fueron 2.135.948,60 euros.
Los 2.010.327,37 euros se abonaron al día siguiente en nombre de los cuatro.
«Considero que es irrelevante y, desde el punto de vista fáctico, un error. Por eso estoy contra esta enmienda», concluyó su intervención, postulándose en contra de la inclusión de este aspecto en el texto final.
En España no existe como tal el delito de corrupción sino que comprende diez delitos específicos, entre el que se encuentra precisamente este, el de malversación de fondos públicos, contemplado en los artículos 432 al 435 del Código Penal.
Cuando Alemania detuvo en su territorio al prófugo, expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se mostró dispuesta a entregarlo a España para que fuera enjuiciado por malversación de fondos públicos, equiparable al delito de corrupción en ese país. Pero no por el delito de rebelión. El magistrado instructor, Pablo Llarena, renunció a su entrega por ello.
