La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la directora y una médico de una residencia de mayores de San Lorenzo de El Escorial por los delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Sostiene que de la cronología de los hechos descrita en la denuncia cabe concluir que la no derivación de
un paciente que cumplía los requisitos de derivación, unido a que tenía antecedentes respiratorios y a la ausencia de seguimiento efectivo por el departamento sanitario del centro, “agravó su situación clínica, haciendo que se convirtiera en irreversible e impidiendo con ello su efectivo tratamiento, sin haber, por otra parte, informado a la familia de la situación”.
Se trata de una residencia de naturaleza privada sin plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, donde fallecieron 45 usuarios entre el 8 de marzo y el 28 de julio de 2020, de los cuales 30 habían sido derivados previamente a un centro hospitalario, según señala en el escrito remitido al juez.
Indica que de los 15 fallecidos en las instalaciones de la residencia, 14 presentaban sintomatología compatible con el Covid-19, mientras que un usuario tenía el diagnóstico confirmado.
El Ministerio Público expone que durante esos meses el equipo de la residencia estuvo integrado por la directora M. T. M. R., por la médico V. E. M. P., así como por tres enfermeros en el mes de marzo y cinco en el mes de abril.
El equipo sanitario estuvo en coordinación con el equipo de geriatría del Hospital Universitario el Escorial, que fue quien tomó las decisiones sobre los tratamientos que debían administrarse en la residencia.
Conforme a este sistema, eran los doctores de los centros los que debían activar el protocolo, “realizando una consulta sobre los casos sospechosos de COVID-19 que, a su juicio, pudieran requerir de la intervención del equipo hospitalario”, explica.
Según la Fiscalía, este mecanismo no se activó “correcta” y “prontamente” en el caso de M. M.
Informa que esta usuaria presentaba síntomas desde el día 6 de abril que en el contexto de pandemia y con sus antecedentes de infecciones respiratorias debieron determinar, cuando menos, se hacía necesaria la interconsulta con la geriatra de referencia.
“La ausencia de un seguimiento y control del residente desde esa fecha y hasta el día 13 de abril contribuyó a que se agravara su cuadro clínico, de forma que cuando, en base a la consulta realizada por la enfermera del centro, la geriatra del Hospital Universitario El Escorial autorizó su derivación, el usuario se encontraba ya en un estado de suma gravedad que no pudo revertirse a pesar de los cuidados a los que fue sometido en el centro hospitalario, derivando finalmente en su fallecimiento el día 16 del mismo mes”, concluye.
