El Pleno del Consejo Fiscal, presidido por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se reúne entre hoy y el miércoles en el pazo de Mariñán (La Coruña) para ultimar el informe al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que otorga al fiscal la dirección de la investigación con la supervisión de un juez de garantías.
Serán tres intensas jornadas de trabajo en que el Consejo Fiscal analizará el borrador de informe elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el objeto de aprobar el informe definitivo que se remitirá al Ministerio de Justicia.
El borrador ya ha venido siendo objeto de estudio durante todo el mes de junio por los vocales, con la asistencia de la Secretaría Técnica, celebrándose reuniones semanales para abordar los distintos bloques en que se ha repartido el trabajo, según ha informado la Fiscalía General del Estado.
Cuenta con más de 650 páginas divididas en un informe principal y nueve adendas e incluye las aportaciones de las Juntas de Fiscales, de las asociaciones y de fiscales individuales.
El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre. La Fiscalía hace una valoración general desfavorable del mismo, según ha informado Europa Press. Critica que se olviden medidas para la agilización de las causas y aumentar la plantilla de fiscales.
Considera que la nueva ley adolece de importantes fallos por las «exorbitantes funciones» que seguirán concentrando los denominados jueces de garantías; por ver innecesario aumentar la plantilla de fiscales y por olvidar medidas para la agilización de las causas, según se desprende del borrador inicial, de 99 páginas, que fue a principio de junio a todos lo vocales del Consejo Fiscal.
A juicio de la FGE, el anteproyecto no parece implementar un proceso penal que refuerce los principios de imparcialidad y defensa, al igual que tampoco tiende a armonizar nuestro sistema procesal con el resto de países de nuestro entorno cultural y geográfico, «pues estos objetivos no se alcanzan por el mero hecho de atribuir la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal».
Añade que si bien regula algunas de las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, «en algunas ocasiones se advierte que lo hace con ciertos obstáculos para combatir de manera eficaz las más complejas y sofisticadas formas de delincuencia propias de nuestro tiempo». Todas estas consideraciones llevan a concluir que el Anteproyecto «merece una valoración general desfavorable».
Respecto a otros aspectos procesales no abordados en el Anteproyecto, el borrador presentado inicialmente al Consejo Fiscal advierte que existen en el Anteproyecto otras omisiones relevantes como la nula previsión ofrecida a la problemática procesal asociada a los delitos contra turistas en tránsito; la inexistencia de referencia alguna sobre un estatuto del alertador o ‘whistleblower’; la falta de previsión ante eventos extraordinarios -como una pandemia- que regule el modo en que deba procederse a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de la administración de justicia; o la falta de articulación de mecanismos de colaboración en materia de ejecución de condena
Concluye que el texto prelegislativo «no colma las aspiraciones» de la Fiscalía al objeto de conseguir una justicia penal ágil y eficaz que respete y potencie el papel del Ministerio Fiscal como defensor imparcial de la legalidad en el marco de nuestra arquitectura constitucional.
El Consejo Fiscal está formado por tres miembros natos, que son la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y la fiscal jefe inspector, María Antonia Sanz Gaite.
Los otros 9 miembros del Consejo Fiscal son vocales elegidos por la Carrera Fiscal.
Por la lista de la Asociación de Fiscales (AF) fueron elegidos Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Ríos, Rosario Lacasa y Rosa Rubio; y por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) están Aurelio Blanco Peñalver, Carlos García-Berro Montilla, Inés Herreros Hernández y Eduardo Navarro Domínguez.
A este informe se sumará el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el del Consejo de Estado.
No son vinculantes para el Gobierno, pero tienen relevancia por el prestigio de las instituciones que los realizan.
