Los 34 excargos de la Generalitat tienen hasta este miércoles para abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.
Fue el plazo que les dio la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García.
Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en la Generalitat de Cataluña.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3.633.254 millones de euros; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3.164.694 millones de euros; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2.952.690 millones de euros; el expresidente Artur Mas por 2.803.116 millones de euros; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2.803.116 millones de euros.
A Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, responsable del Diplocat en el gobierno autonómico que presidió el prófugo Carles Puigdemont, se le reclama 2.108.818 millones de euros. Al fugado le corresponde abonar 1.981.454 millones de euros, lo mismo que a su vicepresidente, Oriol Junqueras, igualmente indultado.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder de forma solidaria. Si no abonaran la caución exigida, se embargará sus bienes personales.
La defensa del huido Puigdemont solicitó a la delgada instructora que se anulara la caución por tener «reconocida la inmunidad como europarlamentario», lo que «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas».
Pero añadió que en el caso de que no se aceptara su argumentación, solicitó que se ampliara el plazo para pagar la fianza así como que se aclarara cómo la delegada instructora había llegado a determinar el importe.
El abogado de Mas también interpuso un recurso alegando indefensión y una «irregular» tramitación de diligencias, por lo que pidió anular la liquidación provisional hasta que se resolviese su petición y reclamó suspender el plazo para abonar la fianza.
Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada –en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones –Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes– para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.
Si no se llega raa presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la consejera Margarita Mariscal de Gante –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, al que por turno le correspondió este asunto.
Por otra parte, falta por ver cuál será la respuesta de la delegada instructora al decreto ley de la Generalitat por el que se crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros, gestionado por el Institut Català de Finances (ICF), como aval para cubrir estas reclamaciones.
