El Supremo juzgará el próximo 21 septiembre al diputado Alberto Rodríguez por atentado contra agente de la autoridad y lesiones leves
La Fiscalía pide 6 meses de cárcel y que indemnice al agente con 250 euros. Foto: EP

El Supremo juzgará el próximo 21 septiembre al diputado Alberto Rodríguez por atentado contra agente de la autoridad y lesiones leves

Por presuntamente dar una patada a un policía durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife)
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20/7/2021 15:48
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Actualizado: 20/7/2021 15:48
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El Tribunal Supremo (TS) ha señalado para el próximo 21 de septiembre el juicio al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por supuesto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones, por presuntamente dar una patada a un policía durante una protesta en 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Comenzará a las 10.00.

El tribunal ha admitido las pruebas propuestas por la Fiscalía y la defensa para su práctica en el juicio, que incluyen el interrogatorio del acusado, la testifical de varios policías y la pericial de una médico forense, y como documental un parte de asistencia a un agente y la reproducción de todos los vídeos de los hechos que constan incorporados a la causa.

Ha inadmitido las pruebas propuestas por la defensa como documental anticipada, bien por constar ya copia en las actuaciones, o por no apreciarse indicios de su relevancia para el enjuiciamiento.

El tribunal también ha aceptado la petición del acusado de poder situarse en el juicio de modo que sea posible su inmediata comunicación con su defensa. En relación a la solicitud de la defensa de que Rodríguez declare una vez abierto el turno de la defensa, en el momento que ésta decida y exclusivamente a su propia instancia, señala que se resolverá en el juicio.

La Fiscalía imputa a Alberto Rodríguez un delito de atentado contra la autoridad y un delito leve de lesiones y pide que sea condenado a seis meses de prisión y una multa 180 euros. Además, reclama que en concepto de responsabilidad civil indemnice a un policía nacional con 250 euros.

Según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, el 25 de enero de 2014 se organizó por las autoridades competentes un dispositivo policial en el centro de La Laguna con ocasión de la inauguración de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, a la que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, pues se tenía conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema “Rechazo a la LOMCE”.

Señala que sobre las 11:00 horas de aquel día un grupo de unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral, protegido por efectivos policiales, y comenzaron a gritar: “perros, hijos de puta”, “quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos…”.

El representante del Ministerio Fiscal explica que en un momento dado una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla, llegando a dejarla pasar por su edad, pero al negarse los agentes a que accediera al interior del templo, volvió al otro lado del vallado, momento en el que el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, comenzó a arremeter contra el vallado, lanzando las vallas a los policías y diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.

También de acuerdo a la Fiscalía, en el curso de dicho enfrentamiento entre manifestantes y agentes que se hallaban de servicio y que se limitaban a proteger a las autoridades de una eventual agresión, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía, que a consecuencia de la misma sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una asistencia facultativa y cinco días para su recuperación, durante los cuales no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales.

Esta causa especial -número 3/21019/2019- se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna, que en su día llegó a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, pero quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y, por tanto, pasar a ser aforado ante el Supremo.

El juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario.

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