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Máxima expectación ante la intención del Gobierno de convalidar en el Congreso el Real Decreto-ley de los interinos

Fuera del hemiciclo, colectivo de interinos procedentes de toda España estarán pendientes del resultado. Foto: Congreso.
| | Actualizado: 21/07/2021 9:19

La Cámara Baja se despide este miércoles con una sesión extraordinaria con la que dará por concluida la actividad parlamentaria antes de las vacaciones de agosto.

En la agenda del día figura la votación de tres reales decretos, que son: la rebaja del IVA de la factura eléctrica, el uso de mascarillas en el exterior, la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido popularmente como ‘Icetazo’ y la adopción de medidas en el ámbito cultural y deportivo.

El ‘Icetazo’ según ha podido saber Confilegal va a generar un debate bastante intenso e igualado. Es previsible que María Jesús Montero, titular de Hacienda y Función Pública, defienda el Real Decreto-Ley. Luego los grupos fijarán posturas y se votará al final si se convalida o no. Bastará mayoría simple.

Fuera del hemiciclo, colectivo de interinos procedentes de toda España estarán pendientes del resultado de la sesión, clave para el futuro de muchos de estos profesionales de la función pública.

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En estos días han vuelto a hablar con todos los partidos políticos para evitar este texto. Ya estuvieron en abril en el Senado.

El PSOE, con sus 120 diputados, ha intensificado las reuniones en los últimos días para asegurarse la convalidación del Real Decreto-Ley.

Se da por descontado que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, apoye la iniciativa pese a la división interna del partido sobre este tema. Esto supondría 155 diputados en total, en la práctica.

Queda por saber cuál será la decisión de otras formaciones políticas. ERC, con 13 diputados; el PNV, con 6 o EH Bildu con 5 diputados aún estudian su voto al igual que el Grupo Parlamentario Plural donde Compromís y Más País tienen dudas de la idoneidad del Real Decreto-Ley.

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En contra de este Real Decreto- Ley se ha hecho pública la postura de Vox por lo que sus 52 diputados votarán para su derogación, al igual que los 9 de Ciudadanos

También el PDeCat, con 4 escaños, dejaba esta semana clara la negativa de su partido a convalidar el decreto sobre los interinos al igual que los dos diputados de la CUP que votarán en contra.

La incógnita está en el PP que podría pasar de la abstención a votar de forma negativa. En este caso, sus 89 diputados podrían ser clave del futuro del ‘Icetazo’.

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Los diez diputados del Grupo Mixto también tendrán mucho que decir en una votación tan igualada. Representan a distintas fuerzas políticas y hay que recordar que la convalidación solo requiere mayoría simple, más síes que noes al final.

Una norma no exenta de polémica

Este Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha generado una gran polémica y muchas voces se han alzado para pedir su retirada por no cumplir con la normativa europea y la Directiva 1999/70.

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El texto del Ejecutivo modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con el objetivo de incidir en el carácter temporal de la figura del personal interino.

Para ello, la reforma establece que la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

Además, la norma pretende completar los procesos de estabilización de empleo temporal contemplados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.

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De igual manera, establece el procedimiento para la estabilización del personal interino, mediante la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de estas plazas antes del 31 de diciembre de 2022.

La norma dispone que el sistema de selección será «el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente».

Este Real Decreto-ley introduce, además, dos medidas para atender la situación del personal sujeto al proceso de estabilización. En primer lugar, se podrá incluir a los candidatos que no superen las pruebas de selección pero que hayan obtenido una calificación suficiente en una bolsa de interinos.

En segundo lugar, si un candidato no superara el proceso de selección, se le compensaría con una retribución económica de veinte días por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades.

Los juristas, pendientes del debate

Por su parte, Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo, considera que “no debería convalidarse el Real Decreto-Ley en ningún caso. Los grupos políticos son conscientes que la transposición de la Directiva no queda adecuada ni traspuesta en dicho Real Decreto”.

Para esta jurista, “no se recoge en ningún caso lo establecido por la directiva comunitaria en cuanto a la limitación y las sanciones a los abusos ni tampoco la jurisprudencia de la UE. Esto supone que no podemos partir de una transposición que llega veinte años tarde y que no se corresponde a los parámetros marcados tanto por la normativa como por la normativa comunitaria”.

Beatriz Gonzalez, abogada experta en derecho administrativo.

Desde su punto de vista, “teniendo la oportunidad que tienen de modificar el EBEP conforme a la normativa y jurisprudencia comunitaria sería una oportunidad de oro que no aprovecharían. Además, el coste político, es posible que les pase factura, hablamos de muchas personas afectadas”.

González cree que “hay que hacer una transposición adecuada y al mismo tiempo dar justicia al colectivo de temporales que viene reclamado en los últimos años. No se puede acabar las cosas tan al margen de la ley y de cualquier normativa. No sería razonable”.

A favor del Real Decreto-Ley

Emilio Carrillo, responsable de los servicios jurídicos de UGT en Andalucía, uno de los sindicatos que firmó este Real Decreto-Ley, considera que “debe convalidarse, es un paso adelante teniendo en cuenta lo que había antes de su aprobación. Eso ha hecho que UGT negociase en Madrid con los agentes sociales su aprobación».

Para este jurista, “en este tema confluyen muchos intereses. Hay que darse cuenta que con el posicionamiento de los tribunales el día de hoy, con esa aplicación de la doctrina del TJUE que están haciendo los tribunales nacionales, es un paso adelante”.

“Carrillo subraya que los tribunales ni aplicaban la fijeza ni la indemnización mayor a 20 días por año. Solo tenemos en la jurisdicción social desde hace unas semanas la conversión a indefinidos y los 20 días por año cuando hubiera cobertura de interinidad. Y eso se ha mantenido en el Real Decreto-Ley».

Para este experto, “no se puede reconocer la fijeza directa con el marco constitucional. El avance está respecto al personal funcionario estatutario”.

“En este caso, en cuanto al personal docente y estatutario habrá que estar a la espera de la adaptación de su legislación específica, ya que existe para ello un plazo de un año”, apunta este jurista.

Emilio Carrillo, abogado de UGT en Andalucía.

«La Sala Tercera del Supremo conforme a su doctrina de 2018 lo que venía a decir es que se mantenía el personal en fraude en su puesto, tanto en cuanto se produjera la cobertura reglamentaria. Nunca ha hablado de indefinido no fijo ni de cualquiera indemnización”.

A su juicio, “se mejora lo que había antes. De lo que se trata es que exista un marco normativo que garantice la estabilidad en el empleo y se reduzca temporalidad. Es importante que se avance porque estamos atascados y se reduce la temporalidad. Creemos que con el Real Decreto-Ley se reducirá la temporalidad”.

Hay que votar con argumentos jurídicos

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna en Tenerife y abogado, considera que no se debe convalidar desde un punto de vista jurídico. “Votarán por consideraciones políticas y ahí la política sus razonamientos son incomprensibles”, advierte.

Desde su punto de vista, “este Real Decreto-Ley no ataja el problema de la temporalidad, en algunos aspectos empeora la situación y se ha redactado y aprobado de espaldas a la realidad del problema de este asunto y a la jurisprudencia de la UE”.

En su opinión, “todavía hay que recordar a muchos jueces que deben aplicar el Derecho de la UE, con primacía respecto de la ley interna, cuando existe una interpretación auténtica efectuada por el TJUE. Especialmente en el ámbito de lo contencioso administrativo se resisten a ello”.

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna en Tenerife y abogado.

Este jurista considera que “el Gobierno en cualquier momento de su exposición en el debate puede hablar de su tramitación como proyecto de ley, con lo cual se introducirían enmiendas y podría modificarse el articulado de la norma. Hay que ilusionarse con que sería para mejor. De todas formas todo lo que suponga una convalidación seria negativo”.

Para este jurista, “hay que darse cuenta que cuando las Comunidades Autónomas recibieron las competencias en Sanidad muchos profesionales en aquel momento quedaron consolidados con el respaldo del Tribunal Constitucional porque era una situación excepcional».

“Creo que volvemos a vivir una situación excepcional. En veinte años no se ha traspuesto la Directiva en Canarias. Se han convocado en ese periodo de tiempo dos procesos selectivos. Es insuficiente, como se ve ahora”, aclara.