La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, sobre las 10.00 horas, para que la empresa acredite, en un plazo de cinco días, que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores.
La magistrada Esperanza Collazos Chamorro investiga el rescate que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que VOX y PP, personados en la causa, consideran irregular.
La instructora ha tomado esta decisión, en un auto dictado ayer, en el marco de unas medidas cautelares solicitadas por la acción popular.
La operación de ayuda temporal a Plus Ultra asciende a 53 millones de euros, con préstamo ordinario de 19 millones con vencimiento a cinco años, que ya se ha entregado, y un préstamo participativo de 34 millones a devolver en siete años.
La juez señala que «el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento» judicial.
Entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a «una entrega no justificada» supondría «un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior».
«La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional», explica la instructora.
Ha ordenado que se notifique esta resolución al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, para que no haga el pago, avisando de que, en caso contrario, podrían derivarse responsabilidades criminales.
«Nuevo varapalo judicial a Sánchez. Hoy, gracias al recurso del PP, el juzgado ha paralizado el rescate de Plus Ultra», ha publicado en Twitter el presidente del PP, Pablo Casado, al conocer la resolución, y ha añadido que «el cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos».
Nuevo varapalo judicial a Sánchez.
Hoy, gracias al recurso del PP, el juzgado ha paralizado el rescate de Plus Ultra.
El cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos.https://t.co/Zj8qeK6llU
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 22, 2021
«Gracias a las actuaciones judiciales de VOX, se paraliza el pago de 34 millones de euros a la aerolínea chavista Plus Ultra», ha manifestado el partido de Santiago Abascal, en un mensaje en la misma red social acompañado por un vídeo de la vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, y ha asegurado que «VOX seguirá luchando para que el Gobierno no haga un uso fraudulento del dinero de los españoles».
‼ #ÚLTIMAHORA Gracias a las actuaciones judiciales de VOX, se paraliza el pago de 34 millones de euros a la aerolínea chavista Plus Ultra.
VOX seguirá luchando para que el Gobierno no haga un uso fraudulento del dinero de los españoles.
Así lo explica @_Marta_Castro pic.twitter.com/SB3j7ClxuN
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 22, 2021
Por su parte, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha declarado que «el rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido» y por eso su formación lo denunció en Europa y ante el Tribunal de Cuentas. «Ahora, la Justicia ordena suspenderlo. El Gobierno Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo», ha concluido.
El rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido y por eso lo denunciamos en Europa y en el Tribunal de Cuentas. Ahora, la Justicia ordena suspenderlo. El Gobierno Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo👇https://t.co/2Hkcyc7bw4
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 22, 2021
El FASEE comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros, ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.
La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando «la plena legalidad del apoyo financiero otorgado» a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene «particular interés» en que se haga el desembolso, comparte el «principio de prudencia».
La Fiscalía de Madrid, por su parte, solicitó «requerir a Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros «para pago a acreedores, proveedores, etc».
La juez ya ha abierto diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a Plus Ultra.
