La nueva titular del Ministerio de Justicia, Pilar Llop, mantendrá el rumbo y el impulso de las reformas iniciadas por su antecesor, Juan Carlos Campo, contenidas en el Proyecto que fue bautizado como Justicia 2030, según ha podido confirmar Confilegal.
Con un pequeño añadido: un mayor impulso a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Es «la marca» personal de Llop, magistrada –como Campo– y una de las mayores especialistas en violencia de género.
Esto quiere decir también que la oficialidad en este barco que avanza a toda velocidad con el viento de popa continuará en sus puestos.
La ministra es consciente de que su cartera, en asociación con las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, se halla inmersa en una serie de transformaciones históricas y está convencida de que hay que continuar con ellas.
El concepto de cogobernanza, acuñado por su antecesor, y que resume una forma de operar en coordinación y en consenso con todos los representantes de esas Comunidades, es vital para llegar al éxito final.
El Proyecto Justicia 2030 en marcha se levanta sobre la base de tres futuras leyes: la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital.
La primera fue llevada al Consejo de Ministros del 20 de abril pasado y supone la reorganización de la pirámide judicial sobre tres pilares básicos: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en cada municipio.
Por la segunda, la de eficiencia procesal, también en tramitación, se integrarán las diferentes plataformas de gestión procesal diferentes –existen hasta 9–, haciendo realidad una necesidad: que puedan comunicarse entre sí, cosa que no ocurre en estos momentos. Además, se potenciarán los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el objetivo de reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social.
La tercera, la de eficiencia digital, prevista para finales de este año, conlleva la transformación de la Oficina Judicial, con el expediente digital en la nube, la videograbación y la transcripción de su contenido a texto, los juicios telemáticos…
Tampoco hay que olvidar el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, la transposición a la legislación española de la Directiva de Alertadores de Corrupción, o «Whistleblowers», que tiene que estar para diciembre próximo, la futura ley de acceso a la Abogacía y la de Asistencia Gratuita, por citar algunas de esas iniciativas.
También está en marcha el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales y el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
