La ONU da a España seis meses para «garantizar una reparación efectiva» a Garzón

La ONU da a España seis meses para «garantizar una reparación efectiva» a Garzón

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26/8/2021 11:45
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Actualizado: 26/8/2021 11:45
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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha dado la razón al exjuez Baltasar Garzón, al concluir que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena tras haber sido procesado por los casos Franquismo y Gürtel.

Según expone el dictamen adelantado por eldiario.es, que da repuesta a la denuncia interpuesta por el propio Garzón hace más de seis años, el Alto Tribunal se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al ordenar la intervención de los teléfonos a abogados de los principales acusados en el ‘caso Gürtel’.

El Comité ha asegurado que no puede llegar a la conclusión de que Garzón, en su interpretación de la legislación nacional, constituyó una conducta o una incompetencia grave que pudiera justificar una condena penal que le llevó a perder definitivamente su cargo como titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Considera además que la condena del autor «fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida».

A la vista de toda sta información, el organismo de la ONU dictamina que el Estado infringió los artículos 14, párrafos 1 y 5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político.

De esta forma, exige a España una «reparación integral» a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione «una compensación adecuada por el daño sufrido». Para ello, le da un plazo de seis meses para «garantizar una reparación efectiva» al exjuez. «Tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro», indica el dictamen.

El Comité considera que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel». Ha asegurado que la condena del Supremo fue «arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por la ley.

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