Consideran que en septiembre habrá que cambiar el modelo de ERTE existente.
La incertidumbre que rodea al futuro de los ERTE preocupa a empresas y juristas
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30/8/2021 06:47
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Actualizado: 30/8/2021 06:47
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El impacto de la pandemia en nuestra economía ha sido notable. La situación actual repleta de incertidumbre, con la vacunación en cifras muy altas ha permitido recuperar al mercado laboral español recuperar los niveles de afiliación previos a la pandemia
Sin embargo, la cifra de desempleados supone 598.653 demandantes de empleo más que en junio de 2019 y a los que suma la bolsa de trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) beneficiarios de prestación, y en situación de suspenso de actividad, un total de 447.820, según las cifras de final de junio.
En suma, respecto al verano de hace dos años, se registran 1.046.473 personas más, o bien en situación de paro, o en suspensión temporal de empleo.
En este horizonte, Confilegal ha recabado las opiniones de una abogada laboralista en primera línea, un responsable de relaciones laborales de una gran compañía y un magistrado de lo Social sobre el horizonte que nos espera.
Todos ellos coinciden en que el COVID-19 ha modificado de forma sustancial las relaciones laborales y los ERTE tendrán que seguir siendo parte importante de las políticas de relaciones laborales para evitar la destrucción de empleo.
LA PANDEMIA HA TRAÍDO UNA BATERÍA DE PROBLEMAS JURÍDICOS NUEVOS
Ana Gómez, socia del área laboral del despacho Ceca Magan es también presidenta de ASNALA donde ya cumple su segundo mandato.
La Asociación prepara para el próximo mes de octubre su Congreso Nacional en Granada, presencial, en principio, donde se abordarán las cuestiones de actualidad que preocupan a empresas juristas.
Para esta jurista “la pandemia nos ha traído una batería de nuevos problemas jurídicos que hay que hacer frente cada día. Por ejemplo, si la vacuna es o no obligatoria o si se puede despedir si no se vacuna ese trabajador; la prevención de riesgos laborales, el uso de la mascarilla, las bajas o el absentismo si es contingencia profesional o no».
De acuerdo con Gómez, aún hay muchas empresas en modo teletrabajo por el COVID-19.
“Por el contrario sectores industriales, que cada vez hay menos no lo pueden implantar. Pero a nivel de servicios si lo hacen, pero están en teletrabajo Covid. Y surgen muchas dudas sobre los gastos. Al mismo tiempo las empresas intentan que los trabajadores vuelvan a la oficina lo que genera tensiones», subraya.
En cuanto a los fraudes de los ERTE –el Ministerio señala que la Inspección de Trabajo ha multado a 5.500 empresas por fraude en los ERTE con 26 millones de euros–, Gómez señala que «los empresarios quieren cumplir la ley. Pero la ley no es perfecta y tiene muchas lagunas”.
Desde su punto de vista, “el problema aquí es que esa normativa ha venido tarde y mal regulada. Y las empresas se llevan sorpresas desagradables con sanciones elevadas por errores, no tanto de mala fe, como del contexto en el que se produjeron”.
Por lo que se refiere a la conflictividad en este periodo de tiempo, Gómez opina que “los pleitos han generado más problemas y han ido en ascenso. Muchos de los temas son tradicionales, despidos, condiciones de contratación quizás la pandemia ha agudizado la situación lo que ha hecho que las empresas han bajado salarios a lo bruto, sin medir lo que dice la norma. Eso hace que los trabajadores se hayan tenido que defender”.
Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), opina que la normativa de los ERTE ha venido tarde y está mal regulada. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
EL TELETRABAJO PUEDE CREAR MÁS CONFLICTOS
En este contexto de litigiosidad, Gómez considera que “el teletrabajo para los próximos doce meses puede ser uno de los aspectos que va producir más conflicto”.
“Junto a ello, se observa que empresas y trabajadores reclaman forman alternativas de trabajo, casi a la carta. Estas formas alternativas que vamos a convivir con ellas, ahora los trabajadores se sienten en disposición de exigir”, subraya.
Para esta experta, “en este tipo de situaciones el problema radica en que cuando no tenemos herramientas jurídicas para poder establecer un marco seguro para las empresas con estas fórmulas alternativas de trabajo”.
Gomez se muestra convencida del mes de septiembre habrá que cambiar el modelo de ERTE existente. “Deberíamos esperar de nuestro Gobierno una explicación de como van a quedar estos ERTE. A día de hoy es una incógnita. Ni siquiera los que los van a prorrogar saben qué va a pasar”.
Frente a ello señala que “hay empresas que tendrán que acogerse a ERTES porque no tienen el nivel de la pandemia, están los antiguos hay los antiguos que son difíciles, eso hace que muchas empresas prefieran ir a liquidación”
En su opinión, “se debe aclarar en qué situación tendrá las empresas españolas y sus ERTES a partir del 1 de octubre que deben ser más sencillo de tramitar”.
LA IMPORTANCIA DE FRENAR LOS ERE
Por su parte, Antonio de la Fuente, responsable de relaciones laborales de Globalia, presidente de la Asociacion Española de Directores de Relaciones Laborales (ADIRELAB), opina que “la crisis sanitaria generada por la pandemia ha impactado de lleno, dentro de los departamentos de Recuersos Humanos, principalmente en los equipos de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos y Administracion de Recursos Humanos”.
De la Fuente recuerda que “en cuestión de 15 días, desde la declaración del primer Estado de Alarma, los equipos de profesionales de Relaciones Laborales tuvieron que asumir un papel crucial para lograr mantener en tiempo récord a muchas empresas a flote”.
Sobre la conflictividad laboral, de momento no ha estallado, como se podría pensar “sobre todo por las circunstancias tan graves que han puesto a muchos sectores de actividad al borde de la quiebra. Eso ha hecho que la conflictividad entre empresas y trabajadores, se ha visto reducida a un 15-20 % de lo que hubiera sido lo normal en otros momentos”, aclara este experto.
A este respecto, considera clave el papel de los ERTE en esta crisis económica deriva de la pandemia.
“A nivel de magnitudes supuso alcanzar una cifra récord de personas en ERTE cercano a 3.4 millones de personas, cifra que a cierre de julio de 2021 ya ha descendido hasta los 331.000 (teniendo en cuenta siempre el efecto de temporada de verano)», apunta.
Sin embargo, De la Fuente es prudente.
“No obstante, hablar de recuperación parece un poco arriesgado cuando una y otra vez seguimos sufriendo los rigores de las sucesivas olas de contagios y las nuevas mutaciones del virus que, aun con un menor impacto en la magnífica tragedia que llevamos a nuestras espaldas, sigue golpeando nuestra economía una y otra vez”, explica.
Antonio de la Fuente, presidente de la Asociacion Española de Directores de Relaciones Laborales (ADIRELAB), espera que próximamente se celebre una reunión de patronal, sindicatos y Ministerio para prorrogar los ERTE.
A su juicio, “el papel de los ERTE (ya de fuerza mayor ya ETOP, basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción) ha sido esencial en general para todas las empresas y en especial para aquellos sectores más castigados por esta crisis, como puede ser el Turismo, ya que han supuesto una indudable barrera de contención de la destrucción del empleo y del mantenimiento a flote (aunque en la UVI) de muchas empresas que de otra forma hubieran desaparecido directamente”.
También cree que, por esta razón, esperamos que el mes que, en septiembre patronal, sindicatos y el Ministerio de Trabajo se reúnan para decidir una nueva prórroga de los ERTE hasta final de año porque la actividad empresarial, aunque se va recuperando, sigue lejos de alcanzar niveles de 2019”.
También hay que ser “conscientes de que en 2022 hay sectores que van a seguir necesitando esta herramienta para seguir manteniendo el empleo. Creemos que se debería ir pensando en legislar un ERTE ‘puente’ desde el de fuerza mayor al ETOP que suponga una transición flexible, casi automática y sencilla de gestionar como se ha llevado a cabo con los ERTE de fuerza mayor que tan buenos resultados han dado en la práctica”.
Según De la Fuente, “no habría que dejar de lado las figuras como el ‘rebrote’, el ‘impedimento’ o la ‘limitación’ para abordar situaciones sobrevenidas que de referencia que pueda servir de orientación”.
Se trata, en definitiva, de “evitar que los ERTE se convierten en ERE, lo que podrá generar la quiebra de muchas empresas y alejarnos de una viabilidad realista similar a los datos de actividad del 2019”-
JUECES Y PANDEMIA
Por su parte, Carlos Javier Galán, magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras, señala que la pandemia “ha generado una situación tan excepcional e inédita, que ha supuesto un desafío para el gobierno de la nación y para los ejecutivos autonómicos. Ha obligado también a empresas y trabajadores a buscar soluciones de urgencia, con mejor o peor fortuna”.
Desde su punto de vista, “se han introducido cambios en la normativa laboral que, aunque están pensados para una situación coyuntural, seguro que permiten extraer consecuencias para el futuro y algunas medidas pueden tener vocación de permanencia”.
“Por ejemplo, algo tan negativo como la pandemia ha tenido, paradójicamente, la repercusión positiva de impulsar el trabajo a distancia en nuestro país, aunque no haya sido en las condiciones más deseables», advierte
Por lo que se refiere a la conflictividad, Galán señala que “la pandemia y las sucesivas normas laborales han generado inevitables conflictos, en relación con suspensiones de contrato, resoluciones administrativas sobre fuerza mayor, adaptaciones de las condiciones laborales, teletrabajo, despido, vacaciones, incapacidades temporales y su contingencia, etc., lo que aumenta la litigiosidad”.
“Además del incremento que ya se registra desde 2020, habrá algunos efectos retardados, porque muchos aspectos de las relaciones laborales no se cuestionan por los trabajadores mientras están vivas, para conservar sus puestos de trabajo, y es en el momento del despido cuando se manifiestan otras controversias que ya estaban latentes”, señala.
Respecto a los despidos, este magistrado señala que ha habido un incremento. “Aunque mi impresión, no con las cifras disparadas que inicialmente se aventuraban. Creo, sin embargo, que el momento de valoración será cuando desaparezca por completo la configuración de los actuales ERTE y las empresas que quedan aún acogidas a los mismos, tengan que decidir, ya sin red, su continuidad y la de toda o parte de su plantilla”.
Se nota que hay una recuperación progresiva de la actividad.
«Los números son evidentes. Posiblemente no llegue a niveles previos a la pandemia y queden inevitables secuelas de la misma, pero no tengo ninguna duda de que, sin las medidas adoptadas, el nivel de desempleo y de destrucción del tejido productivo se hubiera disparado, como sucedió en otras crisis”, señala el magistrado.
Otra cuestión que señala es que “si no se hubieran habilitado los cauces de los ERTE, con exoneraciones de cotización para las empresas y mejorando la cobertura de desempleo para los trabajadores, la consecuencia hubiera sido una destrucción de empleo considerablemente más elevada”.
El titular del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras, Cádiz, Carlos Javier Galán, cree que “la pandemia y las sucesivas normas laborales han generado inevitables conflictos, en relación con suspensiones de contrato, resoluciones administrativas sobre fuerza mayor, adaptaciones de las condiciones laborales, teletrabajo, despido, vacaciones, incapacidades temporales y su contingencia, etc., lo que aumenta la litigiosidad”.
LOS PLEITOS SE AVECINAN
Pero, como jurista y como ciudadano, Galán señala que “mi pronóstico es que habrá en los próximos meses una revisión de algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, que no creo que afecte a las indemnizaciones por despido improcedente, pero sí a otras materias: prioridad aplicativa de los convenios de empresa, subcontratación, etc.”, comenta
También nos indica sobre “si la anunciada reforma de la temporalidad tiene contenido real o si es una especie de reiteración de lo ya regulado, como pasó en cierto modo con la laboralidad de las plataformas”.
“Además, creo que desde el Ministerio de Trabajo se hará un intento de dar cierta continuidad a la fórmula con la que se ha afrontado esta crisis: prioridad del ajuste interno (reducciones de jornada y modificaciones en la relación laboral) frente al ajuste externo (despidos)”, comenta.
Otra cuestión que apunta es que “en el orden jurisdiccional social seguiremos resolviendo aún conflictos relativos a la normativa temporal dictada durante la pandemia, me temo que, sin medios suficientes, como hasta ahora”
Galán recuerda que, entre los nuevos pleitos que resultan previsibles, además de los derivados de la pandemia y su regulación laboral de emergencia, es posible también que el nuevo registro salarial ponga de manifiesto situaciones que antes pudieran pasar desapercibidas. «Y también el registro horario cambiará la forma en que se afronten y enjuicien las reclamaciones de horas extraordinarias”.
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