Las 5 razones por las que el PP acierta al negarse a renovar el CGPJ si no se reforma previamente la LOPJ

Desde que llegó la democracia a España, la forma de elección de los 12 vocales jueces, de los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha modificado tres veces: la primera en 1985, la segunda en 2001 y la tercera en 2013.

Ninguna de ellas fue para fortalecer la independencia judicial o para mejorar la Administración de Justicia. Al contrario.

Todas estas reformas, tan ansiadas por el legislador en un claro afán de acaparar poder, fueron dirigidas únicamente a que el poder político tratara de controlar, cada vez más, el último poder del Estado que se les escapa de sus dominios: el Poder Judicial.

¿Y por qué? Porque controlando la forma de elección del CGPJ, y a los 21 miembros que lo componen –el presidente y 20 vocales– se intenta, y digo que se intenta porque no se consigue, controlar a los 5.500 hombres y mujeres que administran justicia diariamente en esta piel de toro llamada España.

Creen que controlando a la cabeza se controla todo el cuerpo, y de una forma especial los nombramientos discrecionales.

Léase, los presidentes de las 5 Salas del Tribunal Supremo, los magistrados del Alto Tribunal, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de sus tres Salas, la Penal, la Contencioso-Administrativo, y la Social, los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados de esos órganos judiciales además de los 52 presidentes de las Audiencias Provinciales.

En términos militares: el Alto Estado Mayor de la Justicia.

«La zanahoria», de la que habló el actual presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, en una de sus primeras entrevistas concedidas poco después de asumir esa responsabilidad, hace 7 años y 9 meses. Pero también, «el palo»: el promotor de la Acción Disciplinaria y el Servicio de Inspección.

No hay nada que teman más los jueces que a este «palo».

SOBRE TODO EL CONTROL DEL SUPREMO

Es el CGPJ el que decide qué magistrado debe ir al Tribunal Supremo. ¿Por méritos o por trato de favor?

No lo sabemos. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) afirma que hay mucho nepotismo y mucho amiguismo y que el mérito y la capacidad poco tiene que ver con los elegidos hasta el punto de que en el corazón de la propia justicia se acuñó un acrónimo: los GAL (Grupo de Amigos de Lesmes). A los informes de la PCIJ me remito, fácilmente accesibles en la red o accesibles en forma de noticias aquí, en Confilegal.

Y es que precisamente este mercadeo de favores, estas decisiones no pocas veces arbitrarias, han producido ya un hartazgo evidente entre la ciudadanía y la propia judicatura.

Un CGPJ, que acostumbra cuando saca una plaza, por ejemplo al Tribunal Supremo, a utilizar unos criterios dispares, según los posibles candidatos para hacer una elección casi a medida del magistrado al que se desea premiar.

O acaso no le ocurrió esto al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cuando decidió optar a una plaza al Supremo, la cual le fue denegada primero alegándose que no era apto pues venía ejerciendo en un órgano unipersonal y no colegiado como se requería para promocionar; para encontrarnos que meses después ya siendo magistrado de un Tribunal colegiado, volvió a concursar al Supremo y ahora se le denegó alegándose que no era apto pues no era una plaza para un magistrado especialista como él, y promocionando en su caso a la magistrada Carmen Lamela, esa que envió a Sandro Rosell casi 2 años a prisión provisional, terminando siendo este inocente. ¿Premio, mérito o trato de favor?

Como se puede comprobar, la actual elección de los vocales del CGPJ arroja una duda más que razonable sobre los posibles méritos y capacidad en los ascensos de toda nuestra judicatura, algo triste en una democracia y peor, injusto para nuestros propios jueces, pagando justos por pecadores cuando existen promociones algo cuestionables en la carrera judicial.

PABLO CASADO TIENE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Se da a entender que los amigos del poder progresan y suben en el escalafón judicial cuando son amigos del presidente o de su sanedrín de hombres de confianza o si se afilian a alguna de las cuatro asociaciones judiciales –en este mandato concluso en mucha menor medida que en los anteriores–, mientras que aquellos con brillantes capacidades no progresan si no caen en las trampas del poder.

Ni es justo para la judicatura ni para el justiciable.

¿Qué calidad democrática ofrecemos a la opinión pública?

Hoy Pablo Casado, líder de la oposición tiene la oportunidad histórica, con su bloqueo a la renovación, de dejar de dañar la imagen de nuestra justicia y nuestra democracia, con algo tan poco estético y más propio de republicas bananeras que de la 14 potencia económica del mundo.

Basta de lesionar la imagen de la judicatura y su independencia, pareciendo que nuestros jueces no son un cuerpo ajeno al poder político, en donde su único fin es el imperio de la ley.

Y es que, a mayor control político de las instituciones, menos separación de poderes y más cercanía a la arbitrariedad y al totalitarismo.

En octubre de 2020, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), que forma parte del Consejo de Europa, advertía a España de que la reforma legal propuesta por el PSOE y por Unidas Podemos para desbloquear el CGPJ –cambiando el sistema de elección por una mayoría de 3/5 a una mayoría simple– podría suponer una violación a las normas de anticorrupción.

Y ello, debido a que desde hace años el Consejo de Europa ha venido censurando el sistema de elección de los vocales del CGPJ y avisando del incumplimiento de sus recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en las Cámaras.

No nos engañemos, el Partido Popular de Casado, con su negativa a renovar el CGPJ, no secuestra la Constitución, sino que la defiende del rapto al que lleva sometida desde los últimos 30 años.

Y en honor a la verdad, con una decisión valiente que la aleja de las que su partido compartió hace años, siendo entonces cómplices en su secuestro a una mayor independencia judicial.

Aun así, y mirando a una España moderna y con mayor calidad democrática, el PP no puede renovar este CGPJ si la ley no se reforma a su espíritu constitucional e inicial.

Lo cuál es sencillo: de los 20 vocales del CGPJ, 12 serán elegidos por jueces entre jueces por una elección directa y secreta entre los más votados; y los 8 restantes por las cámaras, tal y como reza el artículo 122.3 de la Constitución, y que es apoyado por movimientos como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Y ello resumido en cinco puntos:

PRIMERO

La actual elección precisamente no respeta el espíritu de la Constitución: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

SEGUNDO

No fortalece la democracia sino que la debilita porque relega el Poder Judicial a una especie de marioneta, lesionando la institución.

TERCERO

Vulnera la percepción de la ciudadanía a sus instituciones y por ende a su Justicia, algo que precisamente persiguen aquellos que desean acabar con el «sistema» para imponer «su sistema».

CUARTO

Es injusta con nuestros propios jueces porque los relega a un segundo o tercer plano, pudiendo meter los tentáculos del «palo y la zanahoria».

QUINTO

Finalmente, porque en política hay que hacer lo que está bien. Por ello, ¿está bien que sean los políticos los que elijan la cúpula del Gobierno de los jueces que son quienes regulan los destinos, los ascensos, los premios y los castigos?

¿Garantiza eso la separación de poderes y por ende la independencia judicial?

La no renovación del CGPJ, no es un bloqueo, es una oportunidad.

Una oportunidad para reformar una ley que ha servido de triste intercambio de cromos durante más de 30 años y que por una vez, un dirigente político, que esperemos con altura de miras y visión de Estado, ha dicho basta.

Basta de elegir en un despacho a nuestros «jueces» amigos, quienes así nos deberán el trato de favor, y sí a fortalecer las instituciones y con ello la democracia pensando no en el hoy sino en el futuro que deseamos todos construir.

Tal como señalaba en 1853 el primer presidente del Tribunal Supremo portugués, José Da Silva Carvalho, “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos”.

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